HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Los últimos 100 días de Santos

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Este fin de semana comenzaron a correr los últimos cien días del doble mandato del presidente Juan Manuel Santos. En un país tan polarizado política y electoralmente es claro que los balances sobre la gestión del Ejecutivo difieren según la orilla ideológica de quien haga el respectivo corte de cuentas. Ese lapso del centenar de días suele ser muy importante cuando se aplica al arranque de los gobiernos e incluso hay analistas que consideran que el tono y las decisiones que un entrante mandatario adopte durante el mismo, marcan de forma definitiva la hoja de ruta de su administración en lo político, económico, social e institucional. Sin embargo, también es importante poner la lupa sobre lo que es el remate de la administración, no tanto por lo mucho que se puede hacer en tan escaso tiempo, sino por el estado en que entrega el país y como éste se torna vital para las plataformas programáticas y propuestas de quienes aspiran a ser el nuevo titular de la Casa de Nariño.

En ese orden de ideas es evidente que entre las urgencias y prioridades del saliente Gobierno deben estar encabezando la lista asuntos como las crisis de orden público en Nariño y Catatumbo, que lejos de disminuir su intensidad se tornan cada día más incontrolables y con un mayor nivel de afectación de la población civil.

No menos clave para el remate gubernamental será lo relativo a la evolución de la lucha contra el narcotráfico, ya que en los próximos días el Departamento de Estado norteamericano dará a conocer su esperado informe sobre la extensión de narcocultivos en Colombia, alrededor del cual se han tejido muchas hipótesis, la mayoría de las cuales coincide en que 2017 cerró con más de 220 mil hectáreas de sembradíos ilícitos.

En ese listado de prioridades a solventar antes del 7 de agosto también debe incluirse, obviamente, lo relativo a crisis puntuales en la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Debe maniobrarse alrededor del impacto de la definición de la situación jurídica de “Santrich”, la reorganización del manejo de los fondos-cuenta del posconflicto, los brotes de ‘rebeldía’ en la cúpula de la exguerrilla desmovilizada y hasta el mismo arranque de la Jurisdicción Especial de Paz, hoy en el ojo del huracán por insólitas polémicas de corte burocrático, contractual y de pulsos de poder. Ya está visto, por otro lado, que se agotó el tiempo para poder tramitar y aprobar proyectos de ley y reforma constitucional relacionados con el pacto habanero, la mayoría de los cuales ni siquiera fue radicado. Por último, debe definirse cuál será el futuro de la negociación con el Eln que hoy por hoy no tiene ni sede.

También figura en la agenda de estos últimos cien días de mandato gubernamental la necesidad de solucionar asuntos como el anunciado paro educativo programado por Fecode para mayo. No menos importante es lo relativo a la última etapa del largo y exigente proceso para que Colombia pueda ingresar a la OCDE. También le corresponderá finiquitar a este Ejecutivo lo que tiene que ver con el mecanismo de registro de los centenares de miles de venezolanos que arribaron al país en los últimos años y no han regularizado su situación migratoria. Así mismo varios gremios económicos urgen al gabinete emitir decretos y regulaciones que están hoy en estudio sobre las más distintas temáticas y campos funcionales. Y qué decir de la redacción del anteproyecto presupuestal para 2019 y otras reformas urgentes como la del Sistema General de Participaciones.

Más allá de todas esas tareas puntuales, de las que apenas estamos haciendo un pequeño inventario, lo más relevante es la necesidad de trasmitir a todo momento y en todo lugar que el Gobierno tiene bien apretadas las riendas del país y no se distrae ni relaja por cuenta del poco tiempo que le resta en el poder o, aún más, ante la cercanía de la definición de su respectivo sucesor y el posterior arranque del empalme.

Tras casi ocho años de mandato del presidente Santos es apenas natural que exista un amplio desgaste de la figura y de la gestión gubernamental. También es innegable que la capacidad de convocatoria política del Ejecutivo es cada día menor e incluso inexistente en algunos frentes.  Hasta la opinión pública ha quitado el ojo crítico sobre las ejecutorias de la Casa de Nariño, ya que está enfocada en la recta final de la campaña presidencial. Pero como suele decirse en el fútbol, el partido no termina sino hasta que suene el pitazo final, que sólo se escuchará el 7de agosto a las tres de la tarde, cuando la banda presidencial cambie de dueño. Para ello faltan, todavía, cien días.

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