El narcotráfico, gran enemigo

La arquitectura y la construcción de la paz no iban a ser fáciles. Y no lo serán. Los factores jurídicos, políticos, económicos y sociales que juegan en su implementación son amplios y complejos, pero más allá de esos contrastes que revelan tantos flancos débiles, hay un actor de la ilegalidad que puede prender fuego a los acuerdos, a los presentes y a los futuros: el narcotráfico y la cadena criminal que lo atraviesa.

Los recientes sobresaltos en torno al proceso con las Farc, en particular por la supuesta participación de algunos de su jefes, en operaciones de narcotráfico vinculadas al parecer con carteles mexicanos y con “una conspiración” para enviar cocaína a los Estados Unidos, contaminan el escenario de los acuerdos de paz con ese negocio y sus dinámicas, de histórica penetración en el conflicto armado colombiano y sus actores.

Cultivos ilícitos, armas, rentas ilegales, guerrillas y bandas, y un entramado de carteles mafiosos gravitan en torno a los problemas gravísimos de inseguridad, inoperancia del Estado y de control en territorios carcomidos por la corrupción y la cultura del narcotráfico, que alienta y se nutre a su vez de ese ambiente de opacidad legal y de condiciones de violencia ideales para su pervivencia.

En las condiciones actuales de crecimiento de los cultivos y del narcotráfico en el país —ya se habla de más de 250 mil hectáreas de coca—, con sus circuitos entreverados en las micro y macroestructuras económicas en las regiones (por ejemplo Catatumbo, Tumaco, Puerto Asís, Bajo Cauca Antioqueño y Chocó), ese negocio está demostrando ser el precursor más perjudicial a la hora de disolver la institucionalidad, la convivencia, los parámetros de legalidad y la posibilidad de reinvención de la sociedad colombiana en procesos comunitarios y económicos sanos, saludables.

Y por supuesto el narcotráfico, que había contaminado hace décadas a todos los actores armados ilegales, incluidas las Farc, ahora reaparece en una trama compleja que involucra a un gobierno extranjero con el que hay un tratado de extradición vigente.

No son la Fiscalía ni el Gobierno colombianos los que se están prestando para desvirtuar a los exjefes guerrilleros desmovilizados y poner el proceso de paz en arenas movedizas. Serían los vínculos continuados con las mafias, si se demuestran, mediante el debido proceso y con rigor probatorio, los que están enredando por lo menos al señor Zeuxis Pausias Hernández, más conocido como “Jesús Santrich”. Y sería, después de firmados los acuerdos, la comprobación de la estrecha relación que mantuvieron las Farc con el que es hoy el principal factor de perturbación de la legalidad en el país: el narcotráfico.

No se puede decir, entonces, como lo ha expresado un candidato presidencial, que “la paz de Colombia” puede llegar a estar en manos de un “juez de la Florida” o de los actuantes en algún proceso judicial en Nueva York. La paz pasa, sí, en parte, hoy más que nunca, por la necesaria desvinculación y desmonte de las mafias que corroen y penetran los espacios de la política, la economía e incluso ámbitos sencillos de la cotidianidad social de tantos compatriotas.

El episodio de Santrich debe surtir el curso más ajustado posible a las garantías legales y constitucionales, con las consecuencias que tenga. Entre tanto, los colombianos, que este año elegimos nuevo presidente, debemos evaluar como asumir esta lucha larga y compleja, que se debe reforzar, contra el narcotráfico y su influjo perverso.