El cerco a las fundaciones y cooperativas

Las formas asociativas que no tienen ánimo de lucro, sean fundaciones, corporaciones, cooperativas, fondos de empleados y similares, etc., tienen un peso enorme en la producción total de la economía colombiana, tanto que puede pasar del 15% del Producto Interno Bruto (PIB). La razón de ser de su creación y funcionamiento es el altruismo, la solidaridad, el prestar un noble servicio a la comunidad.

Muchas son muy meritorias y hacen una labor ejemplar en campos tales como la salud, la educación, la economía solidaria, la vivienda, el estímulo a la ciencia, etc.

Numerosas son fundamentales para que el sector de la salud pública funcione; la labor desplegada por otras en la educación es sobresaliente; ese fuerte motor de la economía solidaria que son las cooperativas es básico en el país, lo mismo que los fondos de empleados; otras cumplen nobles funciones y tareas en zonas apartadas del país a donde no llega el Estado. En todas ellas laboran millares de colombianos con muy diverso grado de educación y preparación. Pero, desafortunadamente, no todo es claridad en las formas asociativas sin ánimo de lucro.

Hay algo más de 200 mil de ellas constituidas en el país, pero aterra que cerca del 40% no lo son realmente, es decir, son creadas no por altruismo, sino que son empresas comerciales con ánimo de lucro que para aprovechar los beneficios tributarios concedidos a las entidades sin ánimo de lucro, en su proceso de constitución se disfrazan de fundaciones, corporaciones, cooperativas, fondos de empleados, etc., es decir, mañosamente usan el ropaje de fundaciones, o de cooperativas, para burlar el pago de impuestos.

Eso aterra. Muchos, mañosamente, habilidosamente pasan altas sumas de dinero por fundaciones, cooperativas y similares, a través de “donaciones” o inversiones, con el propósito de evadir el pago de impuestos.

Las políticas que aplica el Estado para ponerle freno al uso abusivo de estas formas asociativas son necesarias, deben ser rígidas y aplicarse con todo rigor, pues una cosa es una clínica, un hospital, una universidad, que realmente son fundaciones, prestan un servicio invaluable a la comunidad y otra cosa son “los colados”, aquellos “vivos” de siempre, que abundan entre nosotros, a quienes se les debe quitar la máscara y obligarlos a pagar tributos al igual que hacen millones de colombianos.

Pero además, el Estado debe promover una dura legislación en materia tributaria para esta clase de negocios que persiguen a toda costa las gabelas que se le otorgan a las que realmente sí cumplen una función social. Es claro que si el Estado se dedica a escarbar donde esas fundaciones y cooperativas tienen la plata, no es necesaria una reforma tributaria como la que dicen debe hacer el Gobierno que llega. Enfrentar esa evasión le dejaría a la Nación por lo menos 15 billones de pesos, dicen los expertos, y ello equivaldría a tres reformas tributarias. Y si a lo anterior se le suma una mayor agresividad contra los activos ocultos en el exterior, estaríamos ante un enorme superávit que mucho contribuiría a solventar necesidades del orden social. Solo que hace falta voluntad política para hacer las dos cosas.