No hay voluntad política

El contralor general de la República doctor Edgardo Maya Villazón, le ha llamado la atención al país de diferentes formas frente a la necesidades de impulsar una profunda reforma sistema de las regalías, para no seguir matando las esperanzas de poder lograr enderezar el mal rumbo que llevan y la maloliente corrupción que la rodean. Como cosa rara, no ha sido escuchado. El Gobierno se ha hecho el ciego, sordo y mudo, al estilo ´Shakira´, el Congreso igual. Eso nos recuerda al viejo adagio popular: el ratón cuidando el queso.

Ahora con ocasión del cambio de Gobierno, el máximo fiscalizador de los intereses del país no debiera claudicar y hasta el último segundo de la última hora del día de septiembre en que debe retirarse por terminar su mandato constitucional, debiera insistir en que esa reforma se lleve a cabo. Muy seguramente que sus observaciones e insistencias quedarán como constancia para la historia, pero debe hacerlo.

El país está hastiado de las más inverosímiles historias de cómo se roban la plata de las regalías y no pasa nada, o si pasa, los encartados no devuelven nada, no tiene nada que perseguirles patrimonialmente y mientras tanto sigue el festín.

En uno de sus más recientes informes, la Contraloría General asegura que hay un alto riesgo de corrupción en el Sistema General de Regalías y una poca ejecución, además criticó a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) que fueron impulsados por el Gobierno.

Según el organismo de control “el alto riesgo de corrupción del sistema se evidencia en los resultados de las auditorías de la Contraloría, que entre 2012 y 2017 arrojaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por cerca de $840 mil millones, donde el 40% corresponde a obras inconclusas”.

Y agrega que los “recursos de regalías se han fragmentado en proyectos de bajo impacto. Más de 12 mil proyectos aprobados entre 2015 y 2017 – por un valor total de $30,5 billones, y un promedio por proyecto de $2,5 millones – constituyen un indicador crítico de atomización. Mientras temas prioritarios como agua potable y saneamiento básico, vías terciarias, infraestructura educativa y de salud y construcción de vivienda, son relegados, más de 2 mil proyectos se dirigen a la construcción de distintos escenarios deportivos, culturales o institucionales, destinándoles cerca de tres billones de pesos”.

Según el Contralor, el Sistema General de Regalías entregó en la práctica una chequera en blanco a las Entidades Territoriales, permitiendo que los recursos deriven fácilmente hacia la esfera del clientelismo y la corrupción. Así mismo agregó que el Departamento Nacional de Planeación “adelanta una amplia gama de tareas operativas y procedimentales que cubren todas las etapas de la gestión de proyectos, convirtiéndose en juez y parte del Sistema de Regalías”.

El jefe del organismo de control, Edgardo Maya Villazón, cuestionó el mecanismo del OCAD para distribuir los recursos de las regalías, según dijo “no ha cumplido la función primordial que le asignó la Constitución: ser un espacio de discusión sobre las iniciativas a financiar con los recursos de regalías y priorizar las inversiones; en cambio, los excesivos trámites han traído mayores traumatismos a los entes territoriales contribuyendo a la lentitud de la ejecución de los recursos”.

Y agregó que los problemas que tenía el sistema general de regalías en el 2011, cuando se hizo la reforma, continúan “sigue vigente: la dispersión de los recursos, que va de la mano con la financiación de muchos proyectos poco pertinentes; la lentitud en la ejecución; los problemas de corrupción, y las debilidades institucionales de muchos de los entes territoriales, que siguen provocando despilfarro y mal uso de las regalías”.

Por último, el contralor aseguró que hay una “altísima dispersión en la inversión de recursos de ciencia y tecnología “con el elevado riesgo de corrupción que esto conlleva, como sucedió en el departamento de Córdoba, donde se dio lo que la Contraloría llamó en su momento una feria de proyectos de ciencia y tecnología” que generó hallazgos fiscales por $29 mil millones”. ¿Quién le pone la cascabel al gato?