La evaluación de los TLC

Colombia se embarcó en la era de los llamados Tratados de Libre Comercio sin estar preparada para ello y como consecuencia natural de todo lo que es improvisado, ya vemos sus resultados.

Se trata, sin duda, de un tema muy complejo, más aún cuando potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea están al borde de una ‘guerra comercial’ debido a las medidas arancelarias proteccionistas adoptadas por Washington con el fin de reducir sus abultados déficits comerciales; esto al poner en práctica la política económica del presidente Donald Trump enfocada en fortalecer el aparato productivo interno, reactivar el empleo local, repatriar millonarios capitales y operaciones financieras de las multinacionales, así como disminuir el maquilamiento empresarial. Incluso en el marco de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, en aplicación del llamado “Brexit”, las discusiones de barreras y salvaguardas arancelarias están centrando el grueso de las tratativas, al punto que no pocos analistas de primer nivel han señalado que estamos ante uno de los tratados de libre comercio más importantes de las últimas décadas; no sólo por el monto del intercambio de productos, bienes y servicios entre el mercado británico y el bloque comunitario, sino por el impacto en terceras potencias y naciones en todo el planeta.

Así las cosas, la evaluación de los mayores o menores grados de apertura comercial no es ya un tema exclusivo de los países en vías de desarrollo ni de las potencias emergentes. Se trata de una discusión que se extiende por todo el mundo, dentro de lo que los expertos han dado en llamar un proteccionismo moderno e inteligente -aceptado  incluso por la Organización Mundial del Comercio (OMC)-, muy lejos de los viejos modelos cepalinos cerrados y anacrónicos que propendían por políticas arancelarias drásticas con el objetivo de forzar modelos productivos de sustitución de importaciones y protección a ultranza de la industria y empleo locales a como diera lugar; incluso más allá de los análisis sobre costos y beneficios para el país y el consumidor final.

Obviamente cada vez que este tema se plantea en Colombia surgen las mismas discusiones. De un lado, los cortes de cuenta gubernamentales se enfocan en que el déficit comercial ha venido retrocediendo de forma sostenida y que ello es gracias, en parte, al desempeño de los catorce tratados de libre comercio que están en aplicación. Por igual se afirma que, el aumento de las exportaciones, la diversificación de las ventas al exterior, el acceso a nuevos mercados, un incremento en los volúmenes de inversión extranjera directa y el interés de muchas naciones por firmar acuerdos de distinto nivel con Colombia, incluyendo el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) o el dinamismo de la Alianza Pacífico, evidenciarían que la estrategia comercial de nuestro país es acertada.

En la otra orilla se ubican los sectores sindicales, gremiales, políticos y económicos que consideran que de los catorce TLC firmados por Colombia, ocho son deficitarios. A ello se agregan los estudios que señalan que no pocos nichos productivos del sector agropecuario, industrial, comercial, manufacturero y de servicios se han visto fuertemente golpeados e incluso desplazados por las importaciones derivadas de esos acuerdos. Las centrales obreras reiteran que tanto la calidad como la cantidad del empleo local ha resentido fuertemente el impacto de los tratados, en tanto que el objetivo de evolucionar de un simple productor de materias primas a una nación capaz de vender con rentabilidad y vocación de largo plazo productos, bienes y servicios con valor agregado se quedó en el tintero.

En medio de la campaña presidencial se han visto distintos diagnósticos de los candidatos sobre la eficiencia de los TLC y los correctivos que cada uno les aplicaría en su respectivo gobierno. Los gremios, sindicatos, partidos, analistas y centros de estudios oficiales y privados también han terciado en el debate con ópticas muy disímiles.

Visto todo lo anterior, parecería que al país le llegó la hora de pensar en la posibilidad de conformar una misión de expertos que analice a fondo lo que ha pasado con los tratados, demás acuerdos y convenios bilaterales o multinacionales suscritos por Colombia en la materia. Una misión que, así como ha pasado con los temas tributarios, pensionales o fiscales, le dé al país un diagnóstico objetivo, realista y, sobre todo, actualizado al respecto. Y que el próximo gobierno, sea quien sea el titular, utilice para redefinir la hoja de ruta de la estrategia comercial de nuestro país.