Nación

Ya se radicó la primera reforma electoral y política en el Congreso

Una de las deudas legislativas que dejó el Congreso de la República pasado fue la aprobación de la reforma política y electoral, la cual se hundió cuando estaba a punto de terminar de ser aprobada.
El tema, que es de especial interés para la mayoría de los partidos y para el gobierno de Iván Duque ya llegó al Congreso. Se trata de la presentación de un proyecto que radicó el Partido Mira.

Uno de los autores es el senador Jorge Guevara, quien sostuvo que la iniciativa se llevó como una reforma electoral, la cual busca garantizar el acceso a la información correspondiente a las votaciones y a los escrutinios, actualizar los procedimientos de escrutinios para que se respete el debido proceso, tecnificar progresivamente la votación y los escrutinios y crear la carrera electoral.

“Esta reforma modificará aspectos del paso a paso electoral para mejorar su transparencia y el respeto por la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Esperamos que esta iniciativa tenga trámite en los 100 primeros días del Congreso, ya que es un tema urgente”, dijo el senador Guevara.

Mira es la segunda vez que presenta esta reforma, la cual se llevó como una forma de controlar el fraude del cual -dice- fue víctima en 2014, cuando perdieron tres curules, las mismas que les fueron devueltas por un fallo judicial, pero solo hasta febrero pasado.

Otro proyecto, que llevó esta bancada, es el que busca crear las Casas de Refugio para víctimas, permitir la consulta en línea de los antecedentes de los condenados, ordenar a los agresores asumir los gastos adicionales por tratamientos o cirugías ocasionadas por la violencia ejercida y aumentar las sanciones económicas y penales en contra de los agresores.

Para la representante a la Cámara, Irma Herrera, lo que se busca es fortalecer las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar.

Un proyecto más es el que busca la prevención de los delitos cibernéticos, establece lineamientos para la formulación de una política pública y agrava y amplía conductas penales contra la libertad individual, la formación sexual, el patrimonio económico, la vida y la integridad personal que se realizan a través de medios electrónicos o informáticos.

Bogotá Colprensa.