Política

‘Debemos cambiar el término corrupción por  el de robadera’

Edgardo Maya expuso que “perdonar a una empresa corrupta, como lo es Odebrecht, es un caso de mal ejemplo, debe haber sanción social”.

En entrevista con La W, el ex contralor Edgardo Maya Villazón dijo que el pago de Odebrecht por el daño causado en Colombia será de entre US$40 y US$50 millones.

 

El exfuncionario indicó que demandó la Ley de Infraestructura porque al habilitar la posibilidad de hacer reconocimientos en contratos celebrados o ejecutados de manera ilícita, estaría desconociendo la prohibición del enriquecimiento ilícito y de la posibilidad de extinguir el dominio de los derechos patrimoniales o bienes que adquieran por esa vía.

Dijo que la Contraloría está lista para firmar un acuerdo con Odebrecht: “Estamos listos para firmarlo, no somos el palo en la rueda, eso sí, si eso no interfiere con el daño fiscal”.

Además, informó que de ese tema ya está enterado el nuevo contralor, Carlos Felipe Córdoba, de quien dijo sentirse “tranquilo” por el nombramiento.

En cuanto al fracking, Maya manifestó que no entrega un no rotundo a esta práctica: “Se requieren  estudios serios porque puede traer daños, las fuentes de ingreso de hidrocarburos se transforman en el mundo. Se necesita que si se ejecuta sea de la forma correcta”.

El contralor también se refirió a Fonade y a Hidroituango. Frente al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, sostuvo que “se volvió una empresa de contratación. La solución es reestructurarlo, que vuelva a ser lo que era. Las licitaciones estaban dirigidas a quienes ganan la licitación, eso no puede ser así.  Tiene que volver a tener su propósito, un financiamiento de inversión”.

En cuanto a Hidroituango, un caso en el que la Anla y EPM han salido a desmentir los hallazgos del ente de control en la obra, comentó que lo que se requiere hacer urgente es la “agilización del juicio de responsabilidad fiscal”.

Frente al Sena, el ex contralor insistió en que “no se han archivado procesos contra el Sena. Lo que hay son los juicios de responsabilidad fiscal de una auditoría hecha por la Contraloría, que está en manos de la Delegada de Juicios Fiscales de la entidad”.

INFORME A LA JEP

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, entregó  a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un primer informe relativo a los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño, que da cuenta de irregularidades que han sido detectadas en el ejercicio del control fiscal, que comprometen recursos públicos y que podrían estar relacionadas de manera directa o indirecta, con el conflicto armado interno.

El organismo de control atendió así una solicitud de la JEP relativa a hechos a que han ocurrido en esos 3 municipios desde 2007, para que sea esta Jurisdicción la que determine la relación con el conflicto.

Luego de consultar sus sistemas de información, la Contraloría encontró para este primer informe que en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, para el periodo 2013-2017, la Contraloría adelantó un total de 24 actuaciones de control fiscal, en las modalidades de auditoria, actuaciones especiales de fiscalización y atención de denuncias, detectando un total de 159 hallazgos.

Igualmente, se observó que más del 80% de los procesos adelantados por la Contraloría en los 3 municipios analizados, se concentran en el municipio de Tumaco, en donde se han proferido fallos con responsabilidad fiscal por cuantía de $1.246 millones, encontrándose en trámite 17 procesos, cuya cuantía asciende a $1.577 millones.

Según explicó el Contralor Maya Villazón, para la elaboración del informe se tuvieron en cuenta dos aspectos: por un lado, los resultados de las actuaciones de control fiscal adelantadas por la Contraloría, definidos en los hallazgos con presunta incidencia fiscal trasladados a los operadores fiscales, y por el otro, los procesos de responsabilidad derivados de los mismos.

NUNCA MÁS

Maya Villazón respaldó de manera categórica los avances de la JEP, como también los desarrollos que en materia de esclarecimiento de la verdad y la reparación puedan darse.

“Los resultados deben permitir un proceso de rendición de cuentas al país por lo ocurrido y deben dirigirse a que nunca más se vuelvan a comentar nuevas violaciones, que opere la garantía fundamental de la no repetición y se termine de manera definitiva el ciclo de violencia que ha azotado al país”, concluyó.