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Cuba: tenues avances, viejos dogmas

Al gobierno de Miguel Díaz-Canel le ha correspondido sacar adelante una Carta Magna en la que se reflejen las transformaciones que ha experimentado la sociedad cubana en las últimas décadas. Si en 1976, en plena Guerra Fría, el Preámbulo de la Constitución avalaba “el objetivo final de edificar la sociedad comunista”, hoy, cuando los cubanos sobreviven “por fe” –jocosamente, “familiares en el exterior”– y por su propia capacidad emprendedora, lo del comunismo ha quedado para la historia y los redactores del proyecto se contentan con la fórmula “la construcción del socialismo”.

El proceso se está desarrollando desde cuando una comisión de 33 diputados se encargó en junio de redactar el nuevo texto, que a finales de julio fue debatido y aprobado por los diputados del Parlamento. Con sus aportes más los que harán los ciudadanos en asambleas barriales y en sus centros de trabajo hasta noviembre, se redactará un proyecto que será sometido a referendo. Con orgullo los medios oficiales declaran “Cada cubano es un constituyente”.

 Pero el diablo está en los detalles. Que en solo un mes los 33 diputados entregaran un proyecto de 224 artículos (87 más que la actual Constitución) y que después la gente de a pie debata ese cúmulo de información en asambleas, permite sospechar que todo ha estado bien cocinado desde el principio y que no sufrirá modificaciones importantes. Tampoco el Granma despeja las dudas cuando afirma que para redactar el nuevo texto se consultaron varias constituciones: “en primer lugar, del entorno latinoamericano, entre ellas, las de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que representan lo más avanzado del constitucionalismo en la región, al igual que otros modelos constitucionales como el de Vietnam y China”.

Pero hay que reconocer algunos avances en cuanto a derechos humanos. Por ejemplo, hasta ahora los ciudadanos han estado adoctrinados en que sus derechos se limitaban a tener servicios de sanidad y educación gratuitos. En la reforma, se plasma el derecho a exigir procedimientos como el habeas corpus, para evitar las detenciones indefinidas y sin cargos, una práctica nada extraña en un país donde la policía suele entender que está por encima del bien y del mal y que la ley no le obliga.

Otro punto favorable es el reconocimiento de la propiedad privada (art. 21), en una sociedad donde los gobernantes entienden el concepto como un rezago del pasado burgués y sospechan de la excesiva prosperidad individual. Si en los 80, se consideraba “integrado” a la sociedad a quien trabajaba en el omnipresente Estado y se miraba con curiosidad a los pocos que ejercían alguna libertad económica, hoy la pequeña empresa goza de mejor prensa. Pero ¡ojo!, la reforma establece que el Estado “regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales y jurídicas” (art. 22). Y complementando dice “La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional”. Es decir, la misma empresa que, controlada por el Estado, no ha garantizado jamás el mantenimiento de los autobuses, ni la recogida a tiempo de los productos del campo, ni una gestión adecuada de los residuos urbanos, seguirá en su cómodo pedestal.

Algunas otras modificaciones a la Constitución tienen que ver con la estructura del poder, pero no dejan de ser una especie de enroque del sistema. Y por si quedan dudas, el último artículo es taxativo: “En ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo y el sistema político y social”.

*Asesor y Consultor en Seguridad