Columnistas

Pasajes y peajes

La huelga de los pilotos de “Avianca” originó  hechos que despiertan inquietudes políticas y demuestran realidades del contradictorio deísta país del Sagrado Corazón. El Estado Social de Derecho es neoliberal,  es ciencia ficción y la dignidad una fantasía y no un valor.

El empresario, Germán Efromovich,  extranjero de nacimiento,  infame y  sospechoso, trató a sus colaboradores  de criminales y  los medios ningún reato tuvieron en prestarle sus micrófonos y paginas para  expresar su delictivo pensamiento. Artículos 200, 220 del C. Penal

Suspendido el servicio del acarreo aéreo de personas, a consecuencia del paro, el trastorno causado por el cese del servicio afecto la libertad de locomoción, pues los trasportadores de carretera  aumentaron el precio de los pasajes, aprovechando la necesidad de los usuarios. A su turno,  quienes por carretera viajaron descubrieron que el tráfico es insólito, pues no obstante el costo abusivo de los peajes de los socios de “Odebrecht”, cobrados en muy cortos tramos, los trancones son tan frecuentes que trayectos breves se recorren en tiempo extremado por motivos absurdos: el camión accidentado en la vía  no se remueve como obstáculo sino en lapsos excedidos  o el atasco generado  porque se está haciendo una reparación improvisada  de la ruta con lentitud  abusiva, cuando no es que una patrulla de la policial vial fija un retén y detiene la movilidad acumulando  multas. Pero de todas maneras hay que pagar el peaje y soportar la demora con resignación.

¿Y todo esto por qué? Porque  en Colombia no hay autoridad consciente. Efromovich insulta y amenaza públicamente a los huelguistas  y nadie nada le dice;  los aviadores tuvieron que  apelar al derecho de huelga por la actitud intransigente  del  “extranjero” patrón, – derecho reconocido en la Carta  desde 1936  como consecuencia de la masacre bananera- y,  como siempre,  el Gobierno,  obligado a reconocer y garantizar los derecho fundamentales de los gobernados: artículos 2,  55 y 334 de la C.P.,  se hace el de la vista gorda no obstante el deber que tiene de intervenir equitativamente para proteger  al trabajador y garantizar el servicio público; valores promovidos hace 80 años , reforzados en la enmienda de 1968 y concebidos como principio y garantía  en la carta de 1991.

¿Cuál es la solución a ese conflicto social?  Que los usuarios del servicio, pueblo soberano, defiendan pacíficamente la dignidad del  colombiano por naturaleza, agredida por el “extranjero” explotador de sus necesidades, y escojan otro medio de transporte aéreo que respete y no abuse de su poder económico.  Hay varias empresas  en condiciones de abolir ese monopolio histórico de una firma que ¡ya no es nacional!

En las próximas elecciones hay que elegir a  quienes defiendan a  los usuarios de las carreteras  y reduzcan los peajes a un justo  y útil valor que asegure un tránsito efectivo y cómodo e intervenga para impedir el abuso del transporte aéreo y de la autoridad. Una política democrática que promueva el bienestar general.           

 

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