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Financiación del posconflicto

Germán Vargas anunció que rebajaría los impuestos corporativos y cuenta con un excelente asesor tributario que ya nos dio un tráiler de lo que proponen (Santiago Pardo, “Mejor Bajar los Impuestos”, El Tiempo, octubre 23/2017).

La semana pasada en la Sociedad de Amigos del País, Humberto de la Calle presentó a los miembros de su equipo de asesores económicos e hizo un recorrido por aspectos prioritarios de lo que va a ser su programa de gobierno. Entre ellos destacó la necesidad de hacer una reforma tributaria en la que se reducirían los impuestos a las empresas, se intentaría rebajar la tasa del IVA al 16 por ciento.

El impuesto de renta que efectivamente pagan las personas debe crecer en proporción al ingreso a medida que este aumenta. Para controlar el gasto y reformar el estado se debe acabar el clientelismo y detener la corrupción en el estado y el sector privado.

Contrario a lo que se esperaba, el tema tributario ha dejado de ser tabú. La verdad, como lo dijo de la Calle, es que el que salga elegido tendrá que llevar a cabo una reforma tributaria para aumentar el recaudo y eliminar las enormes ventajas tributarias que tienen las personas de altos ingresos. La posibilidad de que efectivamente se rebajen las tarifas de impuesto de renta, pero no el recaudo, depende de que reduzca la evasión y se eliminen las exenciones, deducciones y rentas no gravables.

Esta vez se tendrá que hacer efectiva esa promesa. Requiere controles más efectivos, penalidades y nuevos programas de normalización tributaria.

El posconflicto le añade complejidad y dificultad al problema de los ingresos tributarios. El gobierno y el FMI han estimado que para 2022 se habrá aumentado el ingreso del gobierno central por lo menos en dos puntos del PIB al año y el del sector público en 3 puntos. El posconflicto implicaría sumarle por lo menos un punto adicional a esos objetivos, si se flexibiliza la regla fiscal, y comenzar a hacerlo cuanto antes. No va a ser fácil alcanzar estas metas porque el ingreso tributario del gobierno por todos los conceptos es aproximadamente 15.1 por ciento del PIB, según cálculos del Banco Mundial, muy cercano al promedio del mundo (15.2%) y la OECD (15.6%), mayor el de América Latina (13.5%) donde solamente Chile tienen ingresos tributarios proporcionalmente superiores (17%). Se requiere que crezca la economía más aceleradamente.

Pero el gasto que se financiaría con estos ingresos es recuperable y de todas maneras necesario, aún si no existiera el acuerdo de paz. Con él se aspira remediar el desarrollo desigual de vastas regiones del país, que son precisamente las más afectadas por la violencia y el narcotráfico. La brecha entre las 5 regiones más prósperas y las 5 más atrasadas es escandalosa. Un informe del FMI de 2017 muestra que las primeras más que duplicaron su ingreso entre 2000 y 2015, creciendo a una tasa anual de 5 por ciento y las menos favorecidas perdieron ingreso a razón de 1 por ciento por año. La injusticia de esos resultados y la justificación de ese gasto no necesitan mayor comentario, especialmente porque ese gasto adicional va a ser retribuido con un ingreso adicional superior al 1 por ciento del PIB en forma permanente.

ExMinistro de Estado

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