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Sin JEP todo se desbarata

El enorme desgaste que ha sufrido Colombia al tratar de sacar adelante los procesos de paz con las guerrillas de las Farc y el Eln podría quedarse sin frutos, debido a la actitud negligente de los congresistas que hacen parte de la bancada del Gobierno, quienes al paso que van podrían llevar a que se derrumbe la idea de acabar con la guerra y emprender la construcción de una paz estable y duradera. La cobarde estrategia del ausentismo es el gran obstáculo, además de numerosos impedimentos de última hora. Si no es aprobada la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) el espíritu de las negociaciones se quedaría sin su esencia y se habrán perdido cerca de siete años de esfuerzos por dejar atrás el conflicto armado.

Colombia está cruzando por el episodio más sensible desde que se anunció la firma del acuerdo de paz con las Farc, en septiembre del año pasado, cuando se llegó a creer que ya no se tendría reversa. Hoy el fantasma de esa posibilidad amenaza con devolvernos en la historia, gracias a unos congresistas que votaron a favor de la JEP a comienzos del año, pero que en el momento de respaldar la Ley Estatutaria de esa misma justicia dan la espalda, como una muestra de total irresponsabilidad frente a su papel en la historia de Colombia.

Desde un principio era claro que el propósito de los diálogos apuntaba a que la guerrilla abandonara la lucha armada para optar por las vías de la política sin el uso de la violencia. Aunque hay muchos críticos del proceso y sus resultados, no puede negarse que siempre será mejor tener a los exguerrilleros buscando votos que disparando en contra de soldados y policías, o haciendo daño a civiles inocentes. Tener paz en un país cuesta y es necesario hacer algunos sacrificios para alcanzarla; y sin duda es mejor que haya una justicia transicional que castigue las conductas de los exsubversivos que alimentar los escenarios de la violencia.

También ofende a muchos que alguien como Rodrigo Londoño “Timochenko” sea candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), pero lo que no entienden es que eso no lo exonera de responder por sus crímenes ante la JEP (si se aprueba). Por el solo hecho de haber ahorrado centenares de muertes durante el tiempo de los diálogos y después de firmado el Acuerdo Final vale la pena que los ahora exguerrilleros puedan hacer política. Debido a su pésima imagen en el país es remota la posibilidad de que los miembros de Farc lleguen en algún momento a instancias reales de poder.

Debemos entender que nunca antes en la historia del conflicto armado de nuestro país se estableció que quien no cumpla sus compromisos de verdad, reparación a las víctimas y no repetición tendrá que pagar penas ordinarias. Eso es lo que dice la JEP, con lo que se podría garantizar que finalmente se avance hacia la recuperación del tejido social, hacia la reconciliación y cortar por fin el círculo de violencias que hemos sufrido los colombianos desde el mismo nacimiento de la República.

Falta un mayor compromiso y seriedad de los congresistas para no dejar morir una negociación en la que Colombia ha invertido tanto, y más esfuerzo del Gobierno para impulsar sus bancadas. Entre más rápido se apruebe más pronto podrá aplicarse a los exguerrilleros, quienes pese a que sean elegidos para cargos públicos podrían resultar incompatibles para ocuparlos si la JEP los condena por sus crímenes. Eso garantiza que no haya impunidad y que si tienen cuentas pendientes con la justicia no puedan estar en el Congreso, por ejemplo, si antes tienen que cumplir penas. Sin JEP todo se desbarata, las víctimas se quedan sin reparación, Colombia se queda sin verdad, se perderá una oportunidad que no volverá a repetirse, y la guerra no dará tregua.

Internacionalista

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