Nación

Gobierno le hizo ‘mamola’
a los estratos 1 y 2

CON RELACIÓN AL PROYECTO que limita la reconexión de los servicios públicos, el presidente Santos dice en su carta de objeciones al Congreso que los usuarios que no pagan incumplen con sus obligaciones con las empresas y dificulta que estas presten sus servicios con criterios de eficiencia. “Cuando un usuario no paga por el servicio recibido está obrando como si los demás usuarios tuvieran que correr con su carga individual y financiar transitoria o permanentemente su deuda”, se asegura en las objeciones a la norma aprobada por el Congreso.

 

Argumentó motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia, el Presidente Santos devolvió al Senado el proyecto de ley número 097/2015 Cámara y 120/2016 Senado, “por medio de la cual se establecen normas de protección y garantías contra abusos hacia los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

 

BOGOTÁ

El Gobierno Nacional objetó otros dos proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República en la pasada legislatura.

Se trata de la norma que definía la infertilidad como una enfermedad cuyo tratamiento debe ser financiado por el Estado, y la que limitaba la reconexión de servicios públicos para los estratos más bajos.

En ambos casos, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al devolver al Congreso los textos de ambas iniciativas argumentó razones de inconstitucionalidad e inconveniencia fiscal.

En un comunicado, el Gobierno nacional se abstuvo de sancionar por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia el proyecto de ley que establece normas de protección y garantías a los usuarios de los servicios públicos, en particular en lo referente a los cobros por reconexión.

El proyecto de ley número 097/2015 Cámara y 120/2016 Senado, “por medio de la cual se establecen normas de protección y garantías contra abusos hacia los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, fue devuelto al Senado por medio de un mensaje del Jefe del Estado al Presidente de la corporación, Efraín Cepeda Sarabia.

Dicha iniciativa de ley tiene como objeto “complementar los instrumentos legales existentes para proteger, promover y garantizar el libre ejercicio de los derechos de los suscriptores y/o usuarios de los servicios públicos domiciliarios, así como amparar sus derechos fundamentales y sus intereses económicos a la luz de la jurisprudencia”.

El proyecto aprobado por el Congreso prohíbe a las empresas de servicios públicos cobrar por la reconexión y reinstalación del servicio de agua, gas o electricidad.

En el mensaje, el Ejecutivo argumenta que la norma vulnera el principio de solidaridad y constituye un factor de inequidad contra las personas que pagan oportunamente sus obligaciones.

Así mismo, recuerda que el proyecto legislativo aprobado por el Congreso sobre el mismo tema, fue devuelto a finales del año pasado por el Gobierno, consideraciones similares.

El Mandatario señaló en la misiva que “el Gobierno nacional estima necesario reiterar que lo más prudente es esperar que la Corte Constitucional adopte una decisión frente a las objeciones formuladas en el mes de diciembre de 2016”.

Reiteró que “solo hasta que esa Corporación se pronuncie sobre el particular se tendrá verdadera certeza sobre el alcance de las normas que fijan el cobro de los servicios de reconexión y reinstalación y, de esta forma, se podrá reglar el tema con la seriedad y la seguridad jurídica que el país necesita”.

OTRO MÁS OBJETADO

Colombia cuenta con una completa política pública de prevención de la infertilidad y una de atención integral en salud, que atiende plenamente las obligaciones del Estado en esa materia, por lo cual objetó un proyecto de ley que establecía lineamientos en ese sentido.

De la misma forma, dentro del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de pago por Capitación, se incluyen tecnologías en salud, actividades, procedimientos, medicamentos, dispositivos y servicios, para el diagnóstico de la infertilidad.

Dicho plan también contiene tecnologías en salud como consulta médica especializada a la par de laboratorios clínicos y procedimientos, juntas médicas, interconsultas y valoraciones, tanto de urgencias como de internación.

Igualmente, lo que se ha venido estableciendo es que la infertilidad tiene una prevalencia baja dentro de la población colombiana, mientras que el esfuerzo fiscal que tendría que hacer el Estado es bastante considerable, dado el alto costo de los tratamientos mediante técnicas de reproducción humana asistida o terapias de reproducción.

El Gobierno consideró que la iniciativa vulnera el principio de sostenibilidad fiscal, toda vez que los tratamientos de infertilidad (inseminación artificial intrauterina y fecundación in vitro) para toda la población que lo requeriría, pueden llegar a costa cerca de $13 billones, para lo cual el proyecto no dispuso de fuentes adicionales de recursos y conceptos emitidos por el Ministerio de Hacienda.

El legislador no dispuso una fuente adicional de recursos, con lo que se pone en riesgo la atención de los servicios de salud a los que accede toda la población, unos 4 millones de afiliados, debido a que se verán afectados los recursos disponibles para financiar los beneficios en salud a los que actualmente tienen derecho.

 

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