Ciudad

Elección del administrador dividió a los propietarios de apartamentos

EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL Parques de Bolívar ubicado en la vía que conduce hacia el Corregimiento de Minca los propietarios de apartamentos en un bloque están divididos por la elección de un administrador.

 

Actualmente avanza una ‘batalla’ legal y jurídica para que no sean violados los derechos que les asiste a los propietarios ni se viole la normatividad vigente que rige a la propiedad horizontal.

 

Los propietarios de apartamentos en un bloque del conjunto residencial Parques de Bolívar ubicado en la vía que conduce hacia el Corregimiento de Minca están divididos por la elección de un administrador ya que aducen presuntas irregularidades.

Según Álvaro Beltrán Amortegui, consultor en propiedad horizontal quien lleva 34 años asesorando al sector oficial y privado, algunos propietarios del condominio antes mencionado le entregaron unos documentos donde encuentra ciertas actuaciones no comunes según lo contemplado en la Ley 675 de 2001 o régimen de propiedad horizontal.

El consultor comentó que en julio del año 2016 hubo una asamblea ordinaria en donde se nombró a un consejo aunque el artículo 52 señale que la asamblea es la que debe designar a un administrador. El consejo que se conformó decidió buscar a la empresa Atentos cuyo representante legal no fue el designado como administrador sino a una persona natural y allí empezaron los inconvenientes.

La situación mantiene divididos a los propietarios del condominio que siguen una ‘batalla’ legal y jurídica para que no sean violados sus derechos ni la normatividad vigente en la que debe regir la propiedad horizontal.

No conformes con la elección del administrador, un grupo de propietarios convocó a una asamblea extraordinaria en el mes de marzo en donde eligieron un consejo que así mismo nombró a otro administrador (persona jurídica).

Beltrán precisó que hubo una asamblea ordinaria convocada por un administrador sin facultades y que fue impugnada a la espera de una decisión judicial. ‘‘Uno sabe que cuando impugnan una asamblea los actos de la misma no se ejecutan porque de pleno derecho es válido mientras haya una decisión judicial para eso fue a esa instancia’’, indicó.

Mientras se resuelve este lío jurídico, el consultor Álvaro Beltrán quien preside la Corporación de Administradores de la Propiedad Horizontal (Conadphro), insiste en que es en la Alcaldía Distrital donde se originan las directrices contrarias a la Ley 675 aclarando que ‘‘el acto de inscripción en un registro público no es una simple anotación, sino la consecuencia que se sigue del acto administrativo producido dentro de una actuación administrativa a la cual han debido ser citadas todas las personas que pudieren resultar afectadas con la decisión’’.

Y reafirma además que ‘‘no puede decirse que estas personas resultan súbitamente sorprendidas con la inscripción, cuando ya no pueden objetar el acto, menos cuando justamente la finalidad del registro es la publicidad con efectos erga omnes, que hace que el acto o hecho registrado sea oponible frente a terceros. No obstante lo anterior debe advertirse que si por cualquier circunstancia las autoridades encargadas de ejercer la función registral omiten citar a quienes puedan resultar afectados con el acto de inscripción, siendo estas personas determinadas, la anotación en el registro público no puede ser considerada como notificación del acto, y los términos de caducidad de los recursos que procedan no pueden empezar a contarse sino a partir del momento en que dichas personas conocieron efectivamente el acto de registro’’.

 

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