Economía

42.000 empleos menos por reformas laborales

A PESAR DEL MEDIOCRE CRECIMIENTO de la economía en el primer trimestre del año, de solo 1,1%, el mercado laboral ha mostrado cierta resiliencia y en el trimestre móvil marzo-mayo de 2017 el total de ocupados aumentó en 412 mil, equivalente a una variación de 1,9% frente al mismo periodo del año anterior.

 

 

BOGOTÁ

Según el Informe del Mercado Laboral, elaborado por Fedesarrollo y Acrip, la tasa de desempleo en lo corrido del año solo aumentó 0,1 punto porcentual (pp) frente al mismo periodo de 2016, aunque al desagregar las cifras se observa un deterioro pronunciado en el desempleo en las trece ciudades principales, que en lo acumulado hasta mayo registró un incremento anual 0,6 pps.

Dada la persistente debilidad en la actividad económica del país, resulta prioritario que las iniciativas legislativas que se lleven a cabo sean acordes a esta coyuntura y no reviertan los avances alcanzados en el campo laboral.

CAMBIOS QUE LESIONAN

En este contexto, cambios regulatorios recientes relacionados con la licencia de maternidad y el recargo nocturno pueden ir en contra de dicha finalidad, señala el reporte.

Si bien los propósitos que estas iniciativas persiguen son deseables en términos de bienestar de la población trabajadora, su aprobación puede tener impactos negativos sobre el mismo grupo que se intenta proteger.

A comienzos de año, con la sanción de la Ley 1822 de 2017, se amplió en cuatro semanas la licencia de maternidad, de 14 a 18 se manas remuneradas.

De esta manera, en el régimen laboral actual las mujeres en embarazo cuentan con los siguientes beneficios: licencia de 18 semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar la licencia; la prohibición de ser despedida por motivo de embarazo o lactancia; dos descansos de treinta minutos cada uno dentro de la jornada laboral para amamantar al recién nacido, sin descuento alguno en el salario, durante los primeros seis meses de edad.

Los hombres a su vez, cuentan con los siguientes beneficios: licencia de paternidad de ocho días hábiles y derecho a la estabilidad reforzada durante el tiempo de embarazo.

La última medida se estableció a través de una sentencia de la Corte Constitucional a principios de este año, y solo aplica cuando la madre no trabaja y el recién nacido depende económicamente del padre.

Pese a que la licencia de maternidad es un mecanismo de protección para las mujeres frente a las prácticas discriminatorias relacionadas con el embarazo, su implementación de cara a las dinámicas del mercado laboral puede implicar perjuicios para su vinculación a la vida laboral. Para Colombia, dice la investigación, el sobrecosto anual de proveer licencia pagada de maternidad es 6,7% del salario anual de la trabajadora.

Este costo se deriva de la duplicación en el pago de los beneficios de vacaciones anuales y primas de servicios – el de la trabajadora y su reemplazo – y el beneficio de lactancia que debe ser asumido completamente por el empleador.

Sin embargo, dentro de estos cálculos no se incluyen los costos asociados a la búsqueda y entrenamiento de trabajador temporal, así como la posible pérdida de productividad derivada de este proceso.

Si bien es clara la intención loable de la ampliación del número de semanas de maternidad aprobado por el Congreso colombiano a comienzos del presente año, el impacto benéfico de esa medida para el grupo de población que se quiere beneficiar es menos concluyente e incluso podría presentarse un efecto negativo para su ingreso y permanencia en el mercado laboral, el cual se hace particularmente preocupante en un contexto como el actual, dice el informe de Fedesarrollo.

Para mermar el impacto negativo, sin desconocer el derecho adquirido por las mujeres con la licencia de maternidad, una de las opciones es implementar un mecanismo donde el pago de los aportes a la seguridad social de la trabajadora sea asumido por el Estado o a la EPS, de tal manera que el empleador deba hacerse cargo únicamente del salario y de la seguridad social del trabajador temporal.

Otra opción es impulsar una política pública de “licencia parental” que pueda ser compartida por ambos padres, así como trabajos de tiempo parcial.

 

En este aspecto, la literatura ha encontrado efectos mixtos sobre el impacto de estas propuestas. Por una parte, en un estudio realizado por Blau y Kahn, se encuentra que entre el 28 y 29% de la caída de la participación laboral de las mujeres en Estados Unidos frente a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, se explica por una ausencia de las políticas amigables a la familia – que incluyen la licencia de paternidad y trabajo de tiempo parcial – en el país.

No obstante, otros estudio encuentra que la implementación de licencias parentales en los departamentos de Economía de las universidades de Estados Unidos, tuvieron efectos negativos sobre las profesoras jóvenes. Esta política les permite a los profesores asistentes expandir su periodo de evaluación para ser promovidos como profesores asociados un año por cada hijo que tengan.

RECARGO

NOCTURNO

La jornada nocturna para los trabajadores empezó a partir de las nueve de la noche, lo que implica un aumento de una hora en la aplicación del recargo salarial nocturno.

Pese a que la iniciativa legislativa persigue aumentar los ingresos de la población trabajadora, su aprobación puede ser negativa en términos de la generación de empleos formales y en la destrucción de empleos ya existentes.

De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, el salario promedio de los trabajadores que se verían beneficiados con la medida se incrementaría en 2,9%.

Adicionalmente, usando los datos de la GEIH de 2016, el DNP identifica que: 36,8% de los trabajadores del segmento formal – calificado obtendría un pago por horas extras, y 44,9% de los trabajadores del segmento formal – no calificado resultarían beneficiados con la medida.

En definitiva, partiendo de los datos anteriores, se encuentra que el salario promedio del sector formal – no calificado aumentaría en 1,3%, y el del formal – calificado, en 1,0%.

El estudio indica que utilizando un Modelo de Equilibrio General Computable, el Minhacienda y el DNP encuentran que el incremento de los salarios desincentivaría la contratación de trabajadores por parte de las empresas, lo cual se vería reflejado en una pérdida de cerca de 42 mil empleos formales y un incremento de 0,2 pps en la tasa de desempleo.

 

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