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21 casos de desplazamiento forzado que afectaron a 15.644 personas se presentaron en el país entre julio y septiembre de este año, según un informe entregado por la Defensoría del Pueblo.
Estas cifras resultan preocupantes para la Defensoría pues en comparación con el mismo trimestre de 2020, el número de familias afectadas aumentó de 1.682 a 5.266 (213%). Lo mismo ocurrió con el número de personas que fueron víctimas pues pasó de 7.542 a 15.644.
Los desplazamientos ocurrieron en los municipios de Ituango y Peque (Antioquia); Montecristo (Bolívar); Santander de Quilichao y Argelia (Cauca); Nuquí, Lloró y Medio San Juan (Chocó); Magüí Payán y Tumaco (Nariño), Cúcuta y Buenaventura. Entre las víctimas están ocho comunidades afro y cuatro indígenas.
En el mismo lapso, según la Defensoría, las acciones de las organizaciones armadas impidieron la movilidad de 10.065 personas, que integran 2.454 familias de 38 comunidades, las cuales debieron permanecer confinadas ante el temor de afectaciones a su vida e integridad.
Esto ocurrió en 14 hechos en Caloto (Cauca); Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí (Chocó); Tumaco (Nariño); Puerto Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca).
PACÍFICO
De manera particular, la Defensoría informó que durante el mes de julio de este año se observó que el Pacífico seguía siendo el epicentro de la disputa territorial armada para resguardar las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, situaciones que hacen que persistan las dinámicas de riesgo de desplazamiento y/o confinamiento, de desplazamiento masivo forzado y de confinamiento forzado.
Para el mes de agosto, según la Defensoría, la población que ha sido desplazada en los eventos masivos, en la región Pacífica del país, empezó a regresar a sus lugares de origen sin el acompañamiento de las instituciones competentes, sin garantías de seguridad, de no repetición, de dignidad y dificultades de atención en las zonas receptoras. Las comunidades se vieron obligadas a regresar a sus territorios, para velar por sus bienes materiales, cultivos y trabajo.
Al finalizar el mes de septiembre, de acuerdo con la Defensoría, se mantuvieron las causas que afectan a las comunidades, como acciones de diferentes grupos armados ilegales por el control territorial a partir de intimidación, amenazas, asesinatos, control social, retenes ilegales, combates con interposición de población civil, utilización de artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos; generando crisis humanitarias en los territorios.
/Colprensa