Editorial

UNA CONSTITUYENTE ES LA VÍA

 

Hace algo más de una década, desde cuando empezaron a saltar en los titulares los escándalos de corrupción en la Rama Judicial, advertíamos que lo más aconsejable era la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para que se ocupara de esa y otras tantas reformas que necesita el país, porque a la luz de hoy, la Constitución del 91 se quedó corta.

El país ha sido miope y cobarde. No ha querido dar el debate. Algunos por mezquindad política y otros por temor a perder los privilegios de los que hoy gozan, la impunidad por ejemplo.

Pero ante los hechos de los últimos días, no hay otro camino que conduzca irrefutablemente a esa Constituyente para impedir que se desmorone por completo uno de los tres pilares de los poderes públicos en el país.

Para quien no haya estado atento a la realidad colombiana de la última década, podría parecer que las noticias registradas sobre tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia son el primer hecho que cuestiona la idoneidad moral de algunos de los personajes que han accedido a los más altos cargos de la judicatura. Pero para los colombianos que tienen memoria, los hechos cuestionables por parte de magistrados no son nuevos. Uno de los problemas es que no hay quién investigue en serio las denuncias.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, al enterarse de los hechos que involucrarían a los exmagistrados José Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Tarquino Pacheco en movimiento de dineros para decidir fallos en determinado sentido –asunto que debería dilucidarse judicialmente, pues lo que hay hasta ahora son indicios derivados de unas grabaciones y testimonios de terceros–, lejos de defenderlos, pareció corroborar las sospechas al repetir la manida frase de que “la corrupción hizo metástasis”.

En este caso ya se habla de posibles delitos. Antes el país había sido testigo de comportamientos indecorosos, de pésima presentación (los cruceros por el Caribe de una expresidenta de la Corte Suprema mientras los expedientes se acumulaban, los abusos de poder del hijo de otro presidente de esa Corte, magistrados con sus caravanas incumpliendo normas de tránsito), y así hasta llegar al caso de Jorge Pretelt Chaljub, donde también se habló de dineros a cambio de sentencias pero en el cual la presión política y la actitud ambivalente de sus colegas acusadores veló lo que debió haber sido una investigación judicial imparcial.

Por eso nadie, salvo los propios magistrados, duda de que hay que abordar reformas, ya inaplazables, a la justicia, que incluya los requisitos para ser magistrados de alta corte. Y establecer el mecanismo de investigación y juzgamiento, tantas veces saboteado por los miembros de estas corporaciones jurisdiccionales, cerrados en la defensa de sus intereses de gremio. Recuérdese cómo la Corte Constitucional salió con el extravagante argumento de que establecer un sistema de investigación independiente atentaba contra el equilibrio de poderes y sustituía la Constitución. Rompimiento de equilibrio de poderes es tener uno sin controles y sin que sus miembros puedan ser siquiera investigados, al darse por descontada la inoperancia absoluta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

¿Será, entonces, que la única vía es la convocatoria a una asamblea constituyente? 

La reforma a la justicia requiere un cauce, pero este se ve lleno de obstáculos. Una constituyente acotada, de corto período y composición selecta sería una vía plausible. Pero nada garantiza que sea ella posible, cuando además ya hay tanto antecedente inmediato de desconocimiento de las voluntades de la mayoría en favor de pretensiones de grupos minoritarios, pero con capacidad de chantaje en la defensa de sus intereses. Sin embargo hay que arriesgarse. Y esa es la vía con todas las precauciones que le aparezcan.