Editorial

El delito y la moto

Y desde luego que no fue en la Costa donde nacieron las distintas modalidades delictivas a bordo de una moto. Su origen fue en Medellín con los sicarios motorizados al servicio de Pablo Escobar que extendió esa práctica por todo el país, llegando inclusive a la misma capital de la República donde los grandes magnicidios como los de los doctores Rodrigo Lara Bonilla y Álvaro Gómez Hurtado y hasta del humorista Jaime Garzón, se perpetraron a bordo de una motocicleta.

Si algo cierto hay es que Bogotá se entera de la gravedad de nuestros problemas sociales cuando comienza a afectarlos a ellos. Así ocurrió con la pobreza extrema. Hasta que no vieron sus cerros invadidos de cordones de miseria, no le prestaron atención a la inequidad en la que viven nuestros pueblos.

Y les acaba de ocurrir lo mismo. Solo hasta ahora, cuando tienen como se dice en el argot popular, la soga al cuello, es que se vienen a dar cuenta que la motocicleta es el vehículo apto y preferido por la delincuencia para cometer sus fechorías. Mientras tanto, por años, en la Costa hemos venido sufriendo con la operación de esta clase de vehículos para los cuales hay una legislación laxa, de letra muerta, a la que ningún gobierno ha querido meter en cintura por el costo político que ello representa. Pero ahora que están ´mamados´ y alarmados con los hurtos, asaltos y el sicariato hechos delictivos en el que se ve involucrada una motocicleta y peor, su parrillero; es cuando afloran propuestas viropintas que no conducen a atacar el problema de raíz.

Con la corrupción pasó lo mismo. Nunca quisieron ver la cipote tranca que tenían en el ojo, y auscultaban la paja en el ajeno, cuando allá se cimentó el edificio que hoy carcome Colombia. Cuando estalló el robo de la represa del Guavio, pasando por el megaescándalo del carrusel de la contratación en el mandato político del Polo Democrático con Samuel Moreno a la cabeza, a partir de ahí se ha venido desmoronando los ´nalgas rosadas´ de los cachacos que creyeron estigmatizarnos con las peculiares incursiones de unos depredadores barones electorales que robaban chichiguas frente a los multimillonarios desfalcos y coimas cobradas por los ´señoritos´ de La Candelaria.

Y el que se haya apersonado el propio Presidente de la República de lo que viene ocurriendo con el uso de la motocicleta por parte de la delincuencia común y organizada, es punto de quiebre como para que la Policía Nacional y otros organismos de seguridad le rindan cuentas a la comunidad sobre esa parsimonia para combatir los delitos de alto impacto entre la gente y los cuales ocurren con el empleo de dicho vehículo.

Lo primero que el Gobierno debe tener claro es que no todos quienes tienen moto son delincuentes. Lo que se debe es expedir normas severas, inflexibles para el acceso a dicho vehículo, como por ejemplo que solo le vendan motos a una persona sobre la que se tenga una identificación plena del propietario, que este no tenga antecedentes penales, ni haya sido sujeto de suspensión de su licencia de conducir, hasta las prohibiciones del parrillero-hombre. Esta última debiera convertirse en norma nacional.

Con atacar de manera mediática el problema solo porque lo ocurrido en Bogotá fue supremamente grave, es actuar de manera torpe y no querer aceptar que el cáncer hizo metástasis. Que moto y delito viene recorriendo todo el país y llegó la hora de enfrentarlo. La Policía de por sí sola ha demostrado incapacidad para derrotarlo, porque re quiere de medidas administrativas que muchas veces no se adoptan por cálculo político y politiquero de quienes deben expedirlas.

Pero en Bogotá están desesperados por el accionar de los delincuentes y criminales utilizando la moto para consumar sus delitos es el principio de que el centro del poder comenzó a sentir que el crimen no distingue y se debe enfrentar con toda la disposición del Estado.

Por algo dicen que cuando Bogotá estornuda, es porque ya al resto del país le dio gripa.