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HOY DIARIO DEL MAGDALENA
 
VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2017
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JUDICIAL
EN AUDIENCIA
Libertad a soldador por asesinato
 
La investigación se adelanta por los delitos de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego.

Según lo conversado remito información sobre lo acontecido en audiencia preliminar celebrada el pasado 18 de abril del año en curso:

En audiencia celebrada tuvo en la Sala 310 del Edificio Galaxia, se dejó en libertad a Alejandro Lago Oñate, en el proceso por la muerte de  Juan González Usuayu. La víctima murió de dos disparos en investigación que adelanta la Fiscalía Quinta Seccional de la Unidad de Vida de Riohacha, por los delitos de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego.

Los hechos sucedieron el 7 de septiembre de 2009 en el municipio de Dibulla, en el corregimiento de Campana Nuevo, en la trituradora Mariamina, cuando presuntamente en horas de la noche Lagos disparó en dos ocasiones contra la humanidad de González.

Desde entonces, no se había retenido al presunto implicado.

Alejandro Lago Oñate, de oficio soldador, fue capturado en Santa Marta al mediodía del pasado 17 de abril del en virtud a la orden de captura emanada del Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Riohacha.

Al día siguiente fue llevado a audiencia presidida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías a cargo de David Arrázola, con la intervención del Fiscalía 32 Seccional de Santa Marta, a cargo de Sócrates Velásquez, en apoyo de la Fiscalía Quinta Seccional de Riohacha.

En la diligencia se celebraron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargosa y solicitud de medida de aseguramiento con la asistencia del abogado defensor de confianza Hernando Ávila Meriño.

Se impartió la legalidad a la captura del indiciado, al corroborarse el respeto de sus garantías legales y constitucionales.

Se le imputó al indiciado los delitos de homicidio simple y porte de arma de fuego, teniendo en cuenta los informes de policía judicial, informe de necropsia y las entrevistas presentadas por el ente acusador.

La defensa solicitó aclaración sobre la fecha exacta y hora aproximada de la presunta participación de su prohijado en los hechos imputados, indicando, además, que se debía desechar la imputación por no acreditarse una inferencia razonable. En los hechos imputados no se allanó.

La Fiscalía solicitó imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario en consideración a la necesidad de garantizar la comparecencia del imputado al proceso por su riesgo de fuga, atendiendo al hecho de a que el monto de la pena perseguida es muy elevada, además, que los hechos tuvieron ocurrencia en La Guajira y el procesado fue capturado en Santa Marta.

La defensa se opuso de manera vehemente a lo pedido por el Fiscal, solicitando al juez que se abstuviera de imponer medida o en su defecto colocara una menos gravosa a su prohijado, como la domiciliaria,  indicando que la Fiscalía no acreditó la inferencia razonable sobre la participación del procesado en los hechos.

En especial porque desde un análisis de criminalística de la escena de los hechos y de los hallazgos en el cadáver, señaló el defensor que de acuerdo con el rigor mortis la probable hora de la muerte de la víctima no era consistente con la hora en la que fue observado al procesado en el teatro de los acontecimientos.

Además, de que la medida solicitada era innecesaria y desproporcional atendiendo al hecho de que Lago no constituye un riesgo de fuga, dado a que su presencia en Santa Marta se debe a la necesidad de proteger su vida y la de su familia, contra cualquier retaliación o venganza de los parientes del fallecido.

El Juzgado acogió los planteamientos de la defensa al señalar que no se logró acreditar una inferencia razonable sobre la autoría de Alejando Lago en los hechos investigados, dado a que el rigor mortis del cuerpo hallado arrojaba inconsistencias y dudas sobre la hora en que se produjo el homicidio y, del momento en el que se encontraba presente Lago en la escena del crimen, no siendo consistente con lo expresado por la Fiscalía para solicitar la medida.