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HOY DIARIO DEL MAGDALENA
 
MARTES 17 DE ENERO DEL 2017
EDITORIAL
Que no sea letra muerta
 
Está próximo a entrar en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía aprobado el año pasado por el Congreso de la República, cuyo propósito esencial fue el de adecuar muchas conductas y comportamientos ciudadanos que se escapaban de la vetusta norma que nos rigió durante décadas. Y en ese tiempo fue muy notorio el avance de la sociedad, de la convivencia y la aparición de nuevos delitos y contravenciones que deben ser castigados.

El nuevo Código de Policía, que remplazará al que tiene algo más de 40 años, tiene puntos controversiales, especialmente el de poder allanar una casa sin orden judicial, aunque el uniformado que lo haga tendrá que pasar un reporte escrito de inmediato a sus superiores con copia al propietario del inmueble allanado. Y también habrá casas allanadas por orden judicial, por lo que hacerlo sin esta se considera un procedimiento de emergencia, o de fuerza mayor y no puede ser un capricho.

Existe la ventaja de que el Código se refiere expresamente al derecho de cualquiera de grabar un procedimiento policial usando cualquier medio de las tecnologías de la información, desde celulares hasta cámaras de fotos y de videos. Para algunos policías las cámaras son enemigas, comportamiento que enfrentan con frecuencia los reporteros gráficos de los distintos medios, que deben soportar arbitrariedades de policías muchas de las cuales dan la impresión de tratarse de una política institucional apoyada por el alto mando, porque no se puede entender como la misma Policía impide, obstaculiza, arremete y torpedea la labor que cumplen los periodistas y fotógrafos en el cubrimiento de una noticia, lo que ha llevado inclusive hasta la agresión física para impedir ser grabados. Esta ‘iniciativa’ de algunos uniformados que se creen intocables, ya no quedará impune, tendremos la oportunidad de grabar cuanto procedimiento irregular o que no se ciñe a la ley se cometa
Una de las medidas del Código que no debería tener contradictores entre la mayoría de ciudadanos decentes y razonables es la que permite controlar el ruido de manera efectiva, es decir, desde desconectar la fuente del ruido, hasta decomisarla, y además, aplicar una multa. Nos gustaría ver esta medida aplicada a las innumerables fuentes de ruido en Santa Marta, principalmente en el balneario ´social´ El Rodadero  desde los equipos de sonido en autos y lanchas, hasta los de los bares y terrazas que abusan de sus licencias y de sus vecindarios.

Otro abuso común, y creciente en la ciudad es el del espacio público, también es objeto del Código de Policía, que podrá impedirlo, aunque esta norma no es obstáculo para que entre los sectores públicos y privados se hagan mayores esfuerzos para crear empleo formal, el único que en verdad vale la pena y que da beneficios a la población y a la economía.

El Código también sancionará a quienes invadan la intimidad en las redes sociales o agredan a terceras personas, comportamientos que son objetos de muchas quejas. También podrá la Policía decomisar elementos pirotécnicos si no cumplen “los requisitos establecidos en la normatividad vigente”.

Las armas también son objeto de control del Código, que dice que “No podrán portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones o donde se consuman bebidas embriagantes”. Y por supuesto, quienes usen el espacio público como ´meadero´ serán sancionados con una multa de $735.417.

También registramos la infamia que cometen los que se autoproclaman ´artistas urbanos´ que no son nada distinto a individuos que se dedican a dañar la propiedad ajena, pintando paredes, puertas y ventanales, lo mismo que ha embadurnar los sitios públicos, esculturas y monumentos. Esas pintoreteadas de paredes de artístico no tienen nada. Es una manifestación delincuencial que atenta contra la propiedad la cual protege y consagra la Constitución Nacional. Quienes se dedican a esa conducta merecen todo el peso de la ley.

No basta con leer el Código, porque suscita tantas preguntas como tiene artículos, y será indispensable mucha pedagogía para implementarlo bien y para que la ciudadanía lo conozca en detalle. Por lo pronto parece un paso positivo para disminuir la impunidad en diversas áreas.
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