EDITORIAL
El aumento de los cultivos ilícitos en Colombia
Los cultivos de coca siguen en aumento pese a que el gobierno dice que han disminuido. Sabido es que la erradicación por sí sola no resuelve el problema. Hace algunos días, el señor embajador de Estados Unidos en Colombia Francisco Palmieri sugirió que los cultivos de coca siguen siendo abundantes y que se necesita mantener la erradicación mientras el gobierno Petro pone en marcha proyectos específicos de sustitución y transición a cultivos legales. Sus declaraciones invitan a preguntarse ¿cuál es el panorama de los cultivos de coca en Colombia?, ¿en qué van los esfuerzos del gobierno para reorientar las políticas frente a los cultivos y el narcotráfico? y ¿es necesario que el gobierno erradique más?
Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína alcanzaron otro pico histórico. Hubo un aumento de 12 % en el área cultivada en el país, lo cual es muy preocupante.
Muchos aumentos se dieron en áreas de cultivo relativamente pequeñas y desconcentradas. Los municipios que tradicionalmente han concentrado más cultivos estuvieron estables o se redujeron, particularmente en el Catatumbo, y esta reducción puede reflejar la ya reconocida tendencia a la baja de precios de la hoja de coca que ha llevado a los mismos grupos armados a instar a los campesinos a abstenerse de cultivar.
Según la Política Nacional de Drogas, publicada el año pasado, la estrategia del gobierno es dar oxígeno a los cocaleros para sustituir cultivos y transitar hacia economías lícitas. La meta propuesta es reducir un total de 90.000 hectáreas de coca para el 2026, 69.000 voluntariamente y 23.000 a través de erradicación forzada en áreas de cultivo industrial.
Según el observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, en el 2023 se erradicaron manualmente 20.324 hectáreas de coca, una reducción marcada respecto de 2021 (103.257 hc) y 2022 (68.893 hc), pero alineada con el cambio de política y las metas propuestas por el gobierno.
Por esto, el gran desafío será que el gobierno logre mantener sus objetivos de erradicación voluntaria y focalizada, y sobre todo que logre mejorar condiciones de seguridad y económicas en zonas de cultivo.
Esto puede crear las bases para contener la expansión de cultivos y para una reducción sostenida, hasta donde sea posible en el contexto de una economía tan grande como el narcotráfico. Pero se necesita un gran esfuerzo de recursos y coordinación institucional. Focalizar y priorizar esfuerzos será importante para lograr resultados más tangibles.
Por su parte, la política de drogas del gobierno ya incluye una zonificación que considera no solo el nivel de cultivo de coca, sino también las condiciones socioeconómicas, geográficas y de orden público de los territorios para implementar mejor las estrategias.
Lo que se necesita entonces en el 2024 es que se determinen claramente las responsabilidades e indicadores de implementación. Así como tratar de rescatar lo que a trancas y sin apoyo institucional se logró con los acuerdos de sustitución derivados del acuerdo con las FARC.
El objetivo de la Política de Drogas del gobierno es asfixiar las rentas y capacidades de los nodos más fuertes del narcotráfico. Eso implica combinar esfuerzos en lucha contra la corrupción, finanzas, infraestructura e interdicción. En esta dirección, las incautaciones de clorhidrato de cocaína aumentaron en 2023, y las de pasta base se mantuvieron estables.
Por eso llama la atención que haya pasado desapercibido el campanazo dado por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, quien en un foro de la Cámara de Comercio Colombo Americana advirtió sobre la extensión de narcocultivos en Colombia. ´ Es preocupante la cantidad de hectáreas y tenemos que buscar la manera de arrancar ese esfuerzo, porque es mucho en el país en este momento… Tenemos que buscar la manera de avanzar con programas de sustitución”, dijo el diplomático
Es evidente que la expansión de cultivos ilegales se convierte en un disparador de la violencia, sobre todo en las regiones en donde confluyen grupos guerrilleros, bandas criminales de alto espectro, así como carteles del narcotráfico, ya sean colombianos o mexicanos. También se asocia esta grave circunstancia a un aumento del microtráfico, delitos asociados y, por supuesto, drogadicción.