Avanzan procesos por irregularidades del PAE en tres departamentos

Por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado. En otro proceso formuló pliego de cargos contra el mandatario (e) de Putumayo, Óscar Darío Mallama Quetama; y abrió indagación preliminar contra funcionarios de la Alcaldía de Cartagena. 

En el caso de Villamizar Laguado, también son investigadas la gobernadora encargada, Sonia Arango Medina, y la secretaria de Educación, María Fabiola Cáceres Peña, por presuntas irregularidades en la adjudicación de cuatro convenios para ejecutar el PAE, los cuales suman un monto superior a los 51.000 millones de pesos. 

Según las indagaciones del Ministerio Público, la gobernación adjudicó los convenios a través de contratación directa con lo que presuntamente habría omitido citar a una convocatoria pública, como lo establece la ley. 

Además, para la Procuraduría también hay indicios de un presunto sesgo a la hora de escoger al contratista, la Corporación de Desarrollo Social Tanai Jawa, al parecer, dejando de lado requisitos como la idoneidad y experiencia para desarrollar el contrato. 

 

IRREGULARIDADES EN EL PAE DE PUTUMAYO 

Sobre el caso contra el gobernador encargado de Putumayo, Óscar Darío Mallama Quetama, su secretario de Educación, Jorge Enrique Ferrín Dorado, y el jefe de la oficina de contratación, José Luis Moreno Lozano, se precisó que el proceso se relaciona con presuntas irregularidades en la planeación, celebración y ejecución de un contrato por más de 9900 millones de pesos, para el suministro de alimentación a estudiantes de las instituciones educativas del departamento en el 2017. 

Para el Ministerio Público el contrato se habría adjudicado a la unión temporal ‘El Putumayo Somos Todos 2017’, conformada por Seval Logística y la Fundación SAC de Colombia, sin que presuntamente la gobernación contara previamente con los estudios técnicos y financieros precisos, que permitieran establecer el presupuesto oficial de la licitación pública y soportar el valor estimado. 

Entre las presuntas irregularidades que se investigan están posibles sobrecostos por más de 26 millones de pesos en los precios de las raciones alimenticias, situación que habría reducido el número de menores beneficiados por el programa. 

La Procuraduría también investiga si los pliegos de condiciones contaban con reglas objetivas, justas, claras y completas que aseguraran una selección imparcial del contratista y la solicitud de la utilización de un sistema biométrico para controlar el número de menores atendidos. 

De la misma forma, la entidad encontró evidencia de que la administración departamental habría ofrecido un puntaje específico para el oferente que implementara un análisis microbiológico y físico-químico como control de los alimentos entregados, a pesar de que ese mecanismo estaba contemplado en las obligaciones propias del contrato. 

Para el Ministerio Público esa condición adicional podría haber limitado la participación de empresas o entidades interesadas en licitar, porque hacía más oneroso el valor del contrato a ejecutar. 

 

EL CASO DE CARTAGENA 

En lo que tiene que ver con Cartagena, la Procuraduría determinó abrir indagación preliminar para determinar si hubo funcionarios que incidieron en las irregularidades que retrasaron la selección del operador del PAE en la ciudad. 

La medida fue adoptada por la Procuraduría Provincial de la capital de Bolívar tras la decisión de la Secretaría de Educación de declarar desierta la convocatoria pública que buscaba contratar al operador del servicio para 2018. 

El ente de control solicitó a dicha secretaría los soportes del proceso precontractual adelantado, así como un informe detallado del estado actual del PAE en la ciudad y la forma como se va a ejecutar, para proteger el derecho a la educación de 89 mil alumnos. 

 

Bogotá Colprensa.