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Juzgada por corrupción la Presidenta del PT
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil empezó a juzgar denuncias de corrupción y lavado de dinero contra la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Gleisi Hoffmann, y su esposo, el exministro Paulo Bernardo, en el marco de la Operación Lava Jato.
Una condena contra la senadora Hoffmann, de 52 años, asestaría un nuevo y duro golpe al PT, cuyo principal referente, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), purga desde abril una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Las denuncias de corrupción son pasibles de condenas de 2 a 12 años de cárcel y las de lavado de 3 a 10 años, pero en caso de ser declarada culpable la legisladora no podría ser detenida de inmediato, por beneficiarse de fueros parlamentarios y por disponer de la posibilidad de presentar recursos.
La sentencia contra Hoffmann, al frente del PT desde junio de 2017, debe ser pronunciada por una corte de cinco magistrados (de los once con que cuenta el STF).
La duración del proceso es indeterminada, pero el magistrado encargado de dirigir las deliberaciones, Ricardo Lewandowski, dijo que el caso podría resolverse en una sola sesión, «dependiendo del consenso».
Los acusados no estaban presentes en la corte.
En una nota, Hoffmann -que fue ministra de la Casa Civil (jefa de gobierno) de la presidenta Dilma Rousseff (destituida en 2016)- dijo que encara con «serenidad» el juicio y afirmó que fue «injustamente denunciada, sin ninguna prueba o indicio de crimen».
La Fiscalía General de la República acusa a Hoffmann y Paulo Bernardo -exministro de Planificación de Lula y de Comunicaciones de Rousseff- de haber recibido un millón de reales en 2010 (USD 568.000 al cambio promedio de ese año) procedentes de recursos desviados de contratos de Petrobras, para financiar la campaña electoral de la dirigente.
Al enviar su pedido de condena en noviembre del año pasado, la fiscal general, Raquel Dodge, también solicitó que la pareja fuera condenada a pagar 4 millones de reales de indemnización (cerca de 1,1 millones de dólares al cambio actual) por el desvío de los fondos de la petrolera estatal.
BRASILIA AFP
