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Colombia celebrará consulta anticorrupción el 26 de agosto

Colombia celebrará el 26 de agosto una consulta anticorrupción que busca endurecer penas contra los corruptos y reducir los salarios de congresistas y altos funcionarios, informó el gobierno.

El presidente saliente Juan Manuel Santos firmó la noche del martes el decreto que convoca a los colombianos a las urnas el último domingo de agosto para pronunciarse sobre siete mandatos anticorrupción.

 

La iniciativa, de la legisladora de centro Claudia López, había sido aprobada por unanimidad por el Senado a principios de mes, tras haber sido respaldada con más de cuatro millones de firmas, y estaba pendiente de la firma presidencial.

El presidente electo, el derechista Iván Duque, que asumirá el cargo el 7 de agosto, respalda el mecanismo de participación.

La consulta plantea que los condenados por corrupción no puedan recibir el beneficio de casa por cárcel y queden inhabilitados para contratar con el Estado.

 

También el recorte de salarios de los congresistas, que actualmente reciben 31,3 millones de pesos (10.771 dólares) mensuales, y que, de ser aprobado el referendo, su ingreso quedaría en 19,5 millones (6.836 dólares).

Asimismo, propone nuevas normas para hacer más transparente la contratación pública y obliga a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión y votaciones, además de imponer como requisito para los políticos elegidos la presentación del registro de patrimonio e impuestos.

 

Los colombianos podrán también votar para que un congresista solo pueda ser reelegido por dos períodos de cuatro años. Actualmente no hay límite de tiempo para ocupar un escaño en el Congreso.

Para su aprobación definitiva, se requiere un mínimo de participación de 12 millones de personas en la consulta, y que la mitad más uno se pronuncie por el Sí.

De acuerdo con una encuesta de Invamer publicada en mayo de 2018, la corrupción es el tercer tema que más preocupa a los colombianos, detrás de la cobertura y la calidad de la salud y el desempleo. 

La ONG Transparencia Internacional ubica al país en el puesto 96 entre 180 naciones en un ránking de corrupción.

 

 

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