Fiscalía solicita a la Corte investigar a 3 congresistas

El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira dijo ayer que a lo largo del país se encontraron distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a “electores” reclutados indignamente. “Se trata de una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI” afirmó el Fiscal General.

Como resultado de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía para garantizar la transparencia e integridad de las recientes elecciones al Congreso de la República, se encontraron serias irregularidades en distintas regiones del país.

 

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló detalles del entramado de corrupción electoral que afectó las elecciones legislativas de marzo pasado.

En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía decidió remitir copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue por dos nuevos delitos (tráfico de votos y violación de topes electorales) a la senadora electa Aida Merlano, del Partido Conservador.

La captura de Merlano fue la primera que se dio en el marco de estas investigaciones que condujeron al allanamiento de su sede de campaña en Barranquilla, donde fueron incautados más de 260 millones de pesos en efectivo, armas de fuego y certificados electorales.

En esta investigación se estableció que la organización de la que se habría valido Merlano estaba organizada a tal punto que para los próximos años “aspiraba a trabajar con redes sistematizadas para mejorar su eficiencia”, se precisó.

Por el momento, dicha organización funcionaba con administradores, quienes revisaban las listas de votantes y los resultados, personas que eran reconocidas como punteadores, otros entregaban contraseñas en las casas de los líderes o casas de apoyo (punteadores y coordinadores), y finalmente se contaba con testigos electorales y encargados de capacitar sobre la forma en la que debían votar (didactas).

El Fiscal calificó de aberrante el que dicha organización se valiera de niños que debían acompañar a los adultos mayores que les habían comprado el voto para garantizar que se sufragara por los candidatos indicados.

 “Esta organización estaba integrada por la senadora electa Aida Merlano, la candidata a la Cámara Lilibeth Llinás; además de los diputados Jorge Rangel y Margarita Belén; los concejales Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo, junto con los exconcejales Aissar Castro Reyes y Vicente Tamara, quienes eran apoyados por 2.323 líderes locales y barriales”, señaló el ente investigador

La organización  organizada como “Personal de trabajo para el debate”, tenía roles diferenciados, así:

Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros.

Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras.

Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes.

Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo.

Didactas: encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales

Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban  huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta.

Para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores.

La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular, así:

Candidatos al Congreso: Aida Merlano y Lilibeth Llinás

Dirigentes políticos regionales:

Jorge Rangel, Diputado del departamento del Atlántico

Margarita Balén, Diputada del departamento del Atlántico

Juan Carlos Zamora, Concejal del distrito de Barranquilla

Aissar Castro Bravo, Concejal del distrito de Barranquilla

Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo

Vicente Támara, exConcejal del municipio de Soledad

Líderes:

Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo.

FINANCIACIÓN

La red contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico.

En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la “Casa Blanca”.

En la privada, se identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal. Uno de ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante el mes de febrero de 2018 cobró veintiún (21) cheques que superaron los mil millones de pesos ($1.000’000.000). Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos ($500’000.000).

Dado el volumen de las sumas recaudadas, éstas eran depositadas en lugares estratégicos de Casa Blanca y hasta en la “bañera” de la edificación.

Debe tenerse en cuenta que el monto máximo para gastos de un candidato al Senado se fijó por la autoridad electoral en la suma de novecientos millones de pesos ($900´000.000) (Resolución 2796 de 2017 del Consejo Nacional Electoral).

Durante la Fase I de la operación “Casa Blanca”, fueron capturadas en flagrancia cinco (5) personas a quienes se les imputó inicialmente el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado, respecto de tres de ellos:

Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas.

Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas.

Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña.

María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales.

Everlyn Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.

Posteriormente, también fueron capturados los hermanos Carlos Alberto y Sara Luz Jiménez Otálvarez, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. A Sara Luz Jiménez, adicionalmente, se le imputaron los delitos de obtención de documento público y corrupción al sufragante.

IMPUTADOS FASE II

Con base en el recaudo probatorio de la Fase II, el próximo 30 de julio – fecha asignada por el centro de servicios de Barranquilla – adicionalmente la Fiscalía imputará los siguientes delitos:

A la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

A los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

A los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

Adicionalmente el fiscal de conocimiento ha decidido imputar, en fecha que será determinada por el centro de servicios de Barranquilla, por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos, a los primeros veinte (20) líderes – los más caracterizados e importantes – que aparentemente se dedicaban de manera profesional a formar y vender los “paquetes de votantes”.

En fecha que también será señalada por el centro de servicios de Barranquilla, también serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, seis (6) personas dedicadas a la logística de compra de votos dentro de la “Casa Blanca”.

Igualmente, el fiscal de conocimiento radicó solicitud de audiencia de imputación contra Edwin Martínez por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. La Fiscalía también solicitará audiencia para demandar el cambio de medida de aseguramiento de domiciliaria a intramural.

FINANCIADORES

El fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría, por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral.

EN MAGDALENA

Así mismo, también se remitirán copias para que la Corte investigue al actual representante a la Cámara y senador electo Fabián Castillo (Cambio Radical).

Este caso arrancó durante las pasadas elecciones legislativas cuando fue detenido en Ciénaga, Magdalena, un hombre identificado como Sergio Andrés Lora, a quien le incautaron 7 millones de pesos en efectivo, un listado de votantes y propaganda alusiva a Fabián Castillo.

El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, una vez conoció el caso, se dirigió al Puesto de Mando Unificado (PMU) en Santa Marta y solicitó hablar con el director de la seccional de la Fiscalía para interceder por la libertad de Lora.

«Sergio Lora es una persona seria, no es un delincuente y hacía una actividad política. Ahí no hay una situación irregular. ¿Hay la posibilidad de no judicializarlo?», le dijo el alcalde al director seccional.

Por estos hechos, el acalde de Ciénaga será imputado por el delito de tráfico de influencias.

EL CASO DE MARGARITA RESTREPO

El Fiscal Martínez aseguró que encontraron evidencia de que la campaña de Margarita Restrepo, reelegida como congresista, supuestamente ofreció a sus votantes incentivos irregulares como pasajes por 120 mil pesos a San Andrés, tabletas a 30 mil pesos y televisores de 49 pulgadas por 350 mil pesos.

Por este tipo de acuerdos, según la Fiscalía, dicha campaña alcanzó a recaudar 136 millones de pesos aportados por personas que se demostró votaron por Restrepo.

Las personas comprometidas en la investigación fueron identificadas como Alejandro Cuartas Rodas (gerente de la campaña) y Elizabeth Jaramillo Rico, quienes, al parecer, habrían hecho la oferta a más de 400 personas que asistían a reuniones de la entonces candidata.

El fiscal de conocimiento acopió elementos probatorios que indicarían que Cuartas Rodas además habría comprado votos a 80 mil pesos el día de las elecciones. En las indagaciones además se determinó que muchos de las personas que votaron por Restrepo no recibieron los incentivos, por lo que se dirigieron a las autoridades para instaurar denuncias por fraude, las investigaciones se abrieron pero por delitos electorales.

Por estos hechos fueron capturados en las últimas horas Cuartas Rodas, en Jericó (Antioquia), y Elizabeth Jaramillo Rico, en Medellín. A los dos se les imputarán cargos por corrupción al sufragante en audiencia pública este jueves en Medellín.

DIRECCIONAMIENTO DE VOTOS EN BOGOTÁ

El ente acusador también determinó un caso de presunta corrupción electoral en Bogotá contra profesoras de los jardines infantiles que tiene la Secretaría de Integración Social en la localidad de Kennedy, a las cuales Julián Gutiérrez, contratista de la entidad, les manifestaba que para mantener sus puestos de trabajo debían votar por el candidato a la Cámara Diego Caro y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal.

No conforme con el voto de las profesoras, el contratista les exigió elaborar un listado con los nombres de 10 familiares, con números de cédula y dirección de residencia, los cuales también deberían marcar a sus candidatos en el tarjetón.

La Fiscalía incluso encontró evidencia de que algunas profesoras les habrían dado 200 mil pesos como reconocimiento por su ‘colaboración’.

Debido a estos hechos, el ente investigador imputará cargos por constreñimiento y corrupción al sufragante contra Julián Gutiérrez y Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de Kennedy de la Secretaría de Integración Social del Distrito.

EL CASO FELIPE  MUÑOZ EN CAUCA

La Fiscalía encontró fundamento en la denuncia efectuada por Felipe Muñoz, candidato a la Cámara de Representantes en el Cauca, por un supuesto fraude electoral en el sector de López de Micay.

Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete mesas de seis corregimientos donde los resultados del preconteo no se reportaron en el tiempo estipulado.

En esos lugares se manifestó que hubo problemas de comunicación con la Registraduría, sin embargo, los investigadores encontraron que en poblaciones cercanas utilizaron el mismo sistema sin ningún problema.

Además, también se encontró que hubo 260 votos que fueron marcados después de que se cerraran las urnas  y lo hicieron en favor del candidato Faber Muñoz. El fiscal explicó que esto se pudo evidenciar porque un grafólogo de la institución encontró que todos los votos fueron marcados por la misma persona a pesar de que los tarjetones correspondían a meses ubicadas en sitios diferentes.

BOGOTÁ COLPRENSA