Los punteadores, protagonistas de escandalosa red de compra de votos

Son parte de la «organización criminal» que también sirvió a otras campañas electorales.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló este jueves cómo varias campañas a las pasadas elecciones del Congreso terminaron beneficiadas por organizaciones dedicadas a la compra de votos.

Una de esas redes, conocida como ‘La Casa Blanca’, de la que se vio beneficiada la senadora electa Aída Merlano, también habría beneficiado a la candidata a la Cámara de Representantes Lilibeth Llinás. 

Según la Fiscalía, la organización estaba tan bien estructurada que tenía una red de dirigentes políticos, líderes barriales y locales de más de 2.000 personas que se encargaban de negociar votos e impulsar campañas de políticos del Atlántico.

Funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que contactaban a «líderes zonales, de barriada o comunas» que se encargaban de reclutar electores en sus «mercados naturales», quienes recibían dinero a cambio de su voto «como si se tratara de una mercancía a partir de fuentes de financiación ilícitas que hemos descubierto», dijo Martínez.

En la ‘Operación Casablanca’, con más de 50 investigadores y 2.112 horas de video y audio, el ente acusador pudo establecer que la estructura delictiva operaba como una empresa al servicio de distintas campañas políticas. 

Esta «organización criminal» empezó a funcionar desde el 2015 en las elecciones regionales (gobernadores, diputados, concejos, alcaldes y ediles) y continuó en el 2018 para los comicios legislativos (Senado y Cámara)», afirmó el Fiscal. 

 

Según el ente acusador, la red delictiva tenía a su cargo personal con roles específicos que funcionaban bajo una estructura administrativa regida por un manual de funciones con categorías para cada actividad. 

Entre esos roles existía el de los punteadores, quienes se encargaban de garantizar que las personas que habían vendido su voto si le dieran su sufragio a quien habían prometido.

Según el ente acusador, los punteadores realizaban capacitaciones previas para que el voto se marcara de forma correcta. Además, revisaban las listas de líderes y votantes reclutados y verificaban las contraseñas con código de barras y los certificados electorales que probaban si habían votado para autorizar su pago a «quienes se identificaban con corazones de colores».
Las investigaciones pudieron determinar que cada líder «zonal, de barriada o comunal» estaba encargado de llevar a un centro operaciones que llamaban ‘casa de apoyo’ un grupo de personas con un talonario en el que marcaban los votantes con la fotocopia de la cédula de cada elector.  

Los adultos mayores tenían que entrar a los puestos de votación acompañados de niños para que los infantes garantizaran la correcta marcación del voto como se lo habían pagado en las ‘casas de apoyo’.

Para el día de las elecciones arrendaron 187 terrazas antes de ir a las urnas en el departamento del Atlántico y otros. «A esos sitios tenían que volver los electores con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente al pago de cada voto para inmediatamente proceder al pago de los electores, el voto como una mercancía», dijo el Fiscal.  

Archivo: EL TIEMPO. y FUENTE: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/