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Reglamentación de la JEP se mantiene en el limbo

Guillermo Rivera, ministro del Interior dijo que el congelamiento de los procesos de los miembros de la Fuerza Pública provocaría que ellos queden «en el limbo jurídico» y los pondría en el «radar de la Corte Penal Internacional».

Si a más tardar este martes no hay un acuerdo en la subcomisión designada para tratar de desempantanar las reglas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la plenaria del Senado debería ser convocada mañana para votar si aprueba o archiva el proyecto, manifestó ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

El juzgamiento a militares sigue siendo el tema polémico dentro de JEP y de su solución dependerá que se posibilite o continúe enredada la aprobación del proyecto de procedimiento de la justicia transicional.

Horas previas a la sesión especial en la plenaria del Senado en la que se abordará en sesiones extras el proyecto de procedimiento de la JEP, los senadores de las diferentes bancadas buscaban darle una solución y destrabar, de una vez por todas, esta iniciativa de origen gubernamental.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó la posición de su bancada frente al tema militar: “Proponemos una sala distinta, dedicada solo al tema militar, con unos magistrados elegidos de manera diferente para que le den garantías a las Fuerzas Armadas de Colombia y no esos elegidos por cinco personas, tres de ellos extranjeros, todos de origen de izquierda que le dan muchas garantías a las Farc, pero le dan pocas garantías a los ciudadanos y a las Fuerzas Armadas”.

Y señaló además que “la segunda reforma tiene que ser con que podamos garantizar el procedimiento para los terceros que voluntariamente se someten a la JEP y alegan ser inocentes. Tiene que haber una presunción de inocencia”.

 “La tercera línea de reforma está relacionada con que criminales de lesa humanidad no puedan participar en política hasta tanto no hayan reparado a las víctimas y no hayan cumplido la sanción impuesta por la JEP”.

Por su lado el senador Álvaro Uribe, también del Centro Democrático, consideró “grave que elijan magistrados con sesgo político. Que el magistrado tenga ideas políticas es entendible, que sea militante le anula la credibilidad a la justicia”.

El ministro Rivera aseguró, por su parte, que “el Gobierno saliente está muy preocupado por la propuesta del Centro Democrático de tramitar una nueva sala” en la JEP para los asuntos de la Fuerza Pública.

Para Rivera, el congelamiento de los procesos de los miembros de la Fuerza Pública provocaría que ellos queden «en el limbo jurídico» y los pondría en el «radar de la Corte Penal Internacional».

«Nos dejó preocupados que se proponga una especie de congelamiento de los asuntos de la Fuerza Pública en la JEP. Eso para nosotros es muy preocupante. A los miembros de la Fuerza Pública que están libres por decisión de la JEP, los deja en el radar de la CPI porque quedarían libres sin su situación jurídica resuelta», dijo Rivera.

 

SUBCOMISIÓN

Con estas preocupaciones se reunió Rivera con la subcomisión integrada por el Senado, sin que se lograra un acuerdo.

Según declaró Rivera, “la bancada del Centro Democrático a través de su vocera trajo una propuesta que, a nuestro modo de ver, es inconstitucional, porque plantean fijarle un plazo a los miembros de la Fuerza Pública para comparecer” ante la JEP.

“La reforma constitucional que se aprobó el año pasado”, explicó el ministro Rivera, “señala expresamente que la comparecencia de excombatientes de las Farc y de miembros de la Fuerza Pública que hubieran cometido delitos en el marco del conflicto armado es obligatoria” ante la JEP, por lo que eso no puede ser modificado por una ley ordinaria.

Rivera se declaró a la espera de que la senadora Valencia vuelva a hablar con el presidente electo Iván Duque y el resto de la bancada.

A propósito del tema de los miembros de la Fuerza Pública procesos, Rivera destacó la posición del general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, de que los uniformados prefieren que se le dé trámite al proyecto “sin que existan disposiciones de aplazamiento de su comparecencia”.

Efectivamente, el general Mejía pidió expresamente la aprobación de “esta reglamentación tal y como está establecida”, asegurando que le dará seguridad jurídica a los uniformados que han recibido beneficios de ese tribunal.

Además, no darle aprobación al proyecto, anotó Rivera, “es dejar los procedimientos en manos de los magistrados” de la JEP, “con lo cual es muy probable que se vuelvan a presentar esos choques de trenes, como los que se presentaron hace pocas semanas”; con esto, el alto funcionario hacía referencia a pretensión de la JEP de frenar la extradición Jesús Santrich, incluso antes de que la justicia norteamericana hubiera oficializado la solicitud.

El senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), manifestó que “la solución de la JEP está en que el Consejo Superior de la Judicatura puede reglamentar cuando hay anomia”, de decir ausencia de ley; “También por decreto del presidente o que la propia JEP saque el procedimiento. No hay de otra”.

Y advirtió que “se va a consolidar una anomia política si el Congreso no aprueba las normas de procedimiento de la JEP. Por eso, es necesario construir un plan B que evite que lleguemos a ese estado crítico de desorganización social por falta o incompetencia de normas”.

Recalcó que “la JEP no deja de existir porque la ley sea aplazada o negada en el Congreso. Ya la Corte Constitucional aclaro que no hay razón alguna para esperar de esta misma Corte un fallo sobre un asunto sin nexo alguno con el reglamento de la JEP”.

En todo caso, que se haya llegado a esta situación es responsabilidad del Gobierno, anotó el senador Benedetti, para quien el Ejecutivo “debió aprobar el proyecto cuanto tenía mayorías y antes de presidenciales. Hoy no tenemos ni los votos suficientes en el Senado para aprobar el orden del día”.

Por su lado, el senador Roosvelt Rodríguez, copartidario de Benedetti, invitó “a todas las diferentes bancadas a que cumplamos con la Constitución y con las víctimas. Lo peor que le puede suceder a este evento de carácter jurídico es que se confunda con un debate político”.

El representante por Caldas, Hernán Penagos, también de La U, manifestó que “si la JEP no inicia, así sea para que la acaben por las mayorías, tenemos un grave problema porque se puede activar la Corte Penal Internacional y llamarían a guerrilleros, militares y otros”.

Penagos recordó que “la JEP no puede expedir normas autorregulándose. Esto es una corte de todos modos. No puede la JEP hacer reglas a su forma”.

 

POSICIÓN DE ACORE

El general retirado Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), sostuvo que “hay que entender que es mejor defenderse estando en libertad, pero si nos sometemos tal y como están las cosas no nos brindarán ninguna garantía”.

Sostuvo además que “esto fue un gran engaño del Gobierno. Esperamos que nos den garantías jurídicas de fondo”.

“Esta JEP fue un total engaño porque nos ofrecieron seguridad jurídica e internacional pero nunca ocurrió”, dijo.

 

 

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