‘Cortocircuito’ en Electricaribe

Las alertas en Electricaribe están encendidas. La empresa está funcionando al fiado con  los proveedores para mantenimientos básicos propios del servicio de energía eléctrica. Algunos han aceptado, otros lo están pensando.

La intervenida empresa salió al mercado a fiar equipos para realizar labores de mantenimiento. Mientras tanto la promesa del desembolso de $320.000 millones por parte del Ministerio de Hacienda, aún está en veremos.

La falta de interés del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría por apoyar financieramente a la intervenida empresa de energía Electricaribe, le está acelerando su muerte. La estrategia del Gobierno que está por terminar resulta incomprensible, por cuanto entre menos apoyo le dé para que pueda sostenerse y mantener la prestación del servicio a los 2,5 millones de usuarios que tiene; su desvalorización marcha a ritmo acelerado y lo más probable es que cuando la Nación decida sentarse con un eventual comprador, llegará en condiciones desventajosas y prácticamente ´rematará´ la compañía o le darán una exigua suma de dinero por la misma. Cualquiera que sea el futuro, este se torna de gris a oscuro.

Con todo lo anterior y en las postrimerías para entregar el poder, el actual Gobierno no ha tenido tino para manejar la crisis de Electricaribe, la cual se agudiza a medida que pasan los días, hasta el punto que la empresa para evitar su parálisis total ha salido al mercado a fiarle a los proveedores equipos de mantenimiento ante la falta de recursos.

Pero lo peor está por venir. La Nación tiene pocas posibilidades de éxito para salir avante en la demanda que le instauraron los antiguos dueños de Electricaribe, el grupo español Gas Natural-Fenosa, proceso que conoce  el Tribunal de Arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).

Ante esta situación las autoridades regionales encabezadas por gobernadores y alcaldes, gremios y trabajadores de la empresa que suministra energía a más de 2.5 millones de usuarios están pidiendo al Gobierno Nacional que se agilice el desembolso de 320 mil millones de pesos que el Ministerio de Hacienda garantizó en noviembre del año anterior.

Para apaciguar los ánimos que se volvieron a calentar la Superservicios aseguró que estos recursos siguen en trámite y solo se serían desembolsados a mediados de julio.

A su turno Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, señaló que lo que Electricaribe está recaudando alcanza estrictamente para pagar la energía al operador del Sistema Interconectado Nacional

«Vamos a tener un año crítico con cortes de energía más frecuentes porque el servicio de mantenimiento y sostenimiento es cada vez más crítico.  No hay repuestos en los inventarios en los almacenes de Electricaribe están casi en cero», indicó Verano, quien calificó como «dramático» el servicio prestado por la empresa.

Pero la verdad es una sola: hoy Electricaribe le ruega a sus proveedores que le apuesten al fiao, porque no tiene plata en caja distinta a la que destina para pagarle a los generadores.

Como consecuencia de ello, los contratistas que leen los medidores, los que reparten las facturas, los que facilitan las cuadrillas de corte y reconexión, además de quienes se encargan de la parte operativa, es decir, de adelantar mantenimientos y obras urgentes para la confiabilidad del servicio, están prestando sus servicios al debe, ya que la situación es crítica.

Los mandatarios esperan que se fije una fecha para que el Gobierno Nacional socialice el informe que costó 4.000 millones de pesos realizado por la Financiera de Desarrollo Nacional para conocer detalles del proceso de elección del nuevo operador.

El objetivo  de que Electricaribe tuviera un respaldo financiero, a través de una garantía soberana de la Nación, a fin de operar este año sin afanes de dinero fue consolidado por el Consejo Nacional de Política y Social (Conpes) quien hace 8 meses aprobó una garantía por la suma de 320.000 millones de pesos para la empresa, a través de una fiducia en el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Sin embargo,

el Ministerio de Hacienda se ha atravesado como ´vaca muerta´ y ello no se ha dado obligando a la compañía que solo  comprar energía con dinero de caja, es decir, lo que le entra a diario por parte de los usuarios quedando sin recursos para las inversiones mínimas.

Actualmente, Electricaribe debe  pagar por anticipado el 70 por ciento de la energía que compra, ya que luego de la intervención en el 2016, y ante la falta de dicho aval de la Nación para este año, los generadores no le despachan si no ha girado primero el dinero.

El Agente Interventor Javier Lastra Fuscaldo ha dicho que los inversionistas que lleguen deben inyectarle mínimo 7,3 billones de pesos en 10 años a Electricaribe, y el paso siguiente será consolidar, en igualdad de condiciones, la mejor opción técnica y financiera. Recordó que la empresa le debe al sector bancario cerca de 1,8 billones de pesos y una fórmula para ello sería que con esos recursos se capitalice a la empresa. El mayor acreedor financiero es Bancolombia, le deben algo más de 800 mil millones de pesos.

LA CRISIS

Gas Natural Fenosa se ´olió´ con un año de anticipación lo que le vendría encima si no se metía la mano al dril para inyectarle más de 2 billones de pesos a la empresa y pudiera ésta avanzar en el rezago en el que había entrado por la obsolescencia de sus equipos y redes. Pese a que firmó varios compromisos, entre ellos el famoso Plan5Caribe, nunca se comprometió a realizar las inversiones que se necesitaban. En pocas palabras le ´mamo gallo´ al Estado colombiano, a las instituciones de control, como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y a los propios usuarios.

Pero al mismo tiempo, se apropiaba de los recursos que por vía subsidios le transfería la Nación a través de los distintos fondos que fueron creados a manera de paliativo para que sobrellevaran la prestación del servicio.

Mediante la tercerización de servicios con compañías de propiedad del mismo Grupo Gas Natural Fenosa, los españoles sacaron del país algo más de medio billón de pesos, buscando compensar lo que ya habían perdido con la operación de Electricaribe. Prueba de ello son los resultados de las auditorías hechas por la Contraloría General de la República, la cual documentó peso por peso lo que en lenguaje limpio y sencillo sería el otro ´robo´ de los recursos públicos por parte de una compañía extranjera.

Ante la inminente suspensión de la prestación del servicio de energía en los 7 departamentos de la Costa, el Gobierno Nacional tomó la decisión el 16 de noviembre de 2016 de intervenir a Electricaribe y asumir de manera transitoria su operación a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario, proceso administrativo contemplado por la Constitución y la Ley.

Desde entonces y hasta la fecha, lo que se ha visto han sido capítulos de una ´muerte anunciada´, donde el mismo Gobierno le ha ´bailado el indio´ a una situación que no da espera, pero con la que no se ha querido comprometer a fondo por cuanto ello sería desembolsarle algo más de 4 billones de pesos para poner a flote a la empresa. Ese esfuerzo descomunal desde el punto de vista financiero, el Gobierno Santos quiso dejárselo a los futuros inversores que se interesaran por la empresa, pero ello difícilmente podría darse, ya que no hay quien se dé la pela por el negocio.

Uno de los interesados al principio salió del ring. El grupo antioqueño EPM mostró algo de interés, pero ante la ´tragedia´ que vive con el proyecto de Hidroituango, prefirió marginarse no solo de la compra de Electricaribe, sino también de Gas Natural Colombia. Así las cosas, los expertos dicen que al final, el próximo Gobierno que asume el 7 de agosto va a recibir un ´cadáver´ para el que no tiene como hacerle las honras fúnebres y su sepelio. Por lo tanto, con poca maniobrabilidad (la falta de plata para inyectarle a la empresa y desarrollar el plan  de inversiones que requiere con urgencia), lo que va a ocurrir es que prácticamente la Nación va a regalarle al primero que se aparezca dicha compañía, a fin de liberarse de ella, pero sobre todo, de la prestación del servicio de energía. Así sea perdiendo un montón de plata, el Estado no querrá saber nada de Electricaribe y lo que se avizora es que el nuevo Gobierno le echará toda la culpa al que sale, y preferirá deshacerse del negocio antes que seguir perdiendo plata.

COLOMBIA LE DIO LA RAZÓN A LOS DUEÑOS

Sin proponérselo, o tal vez sí, el Gobierno nacional terminó dándole la razón a los dueños de Electricaribe cuando expidió el nuevo marco regulatorio del sector que tanto reclamaba el grupo español Gas Natural Fenosa.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aprobó  la Resolución Creg030 de 2018 CREG 030 de 2018, la cual define un mecanismo fácil y sencillo para que los usuarios residenciales de todos los estratos, así como los comerciales y pequeños industriales, produzcan energía principalmente para atender sus propias necesidades y puedan vender los excedentes al sistema interconectado.

Alejandro Lucio Chaustre, director de la asociación colombiana de energías renovables SER, ha valorado de manera muy positiva la nueva reglamentación. “Desde la Asociación valoramos de manera muy positiva la expedición de esta reglamentación. En esta se definen los procesos simplificados de conexión para proyectos de autogeneración y generación distribuida, se establecen las reglas para la comercialización de energía excedentaria, se dan instrucciones para el oportuno trámite de conexiones así como la publicación de la disponibilidad de capacidad de conexión en la red por parte de los distribuidores. En general, vemos que la expedición de esta reglamentación despeja el camino para que en Colombia la autogeneración a pequeña escala sea una realidad en el corto plazo. Por supuesto hay temas que creemos susceptibles de mejora, pero entendemos que estamos en una transición, en general sin embargo vemos de manera muy positiva esta definición de carácter regulatorio”, señaló.  Esa nueva norma era reclamada por los españoles y no se hizo en tiempo. Y ahora que fue expedida, la utiliza Gas Natural Fenosa para contra atacar al Estado colombiano diciéndole al Tribunal de Arbitraje que sí era posible un nuevo marco regulatorio y se lo negaron para poner en desventaja y en condiciones financieras extremadamente grave a la empresa Electricaribe

LOS TÉRMINOS DE LA DEMANDA

La demanda del grupo Gas Natural Fenosa está en el Tribunal de Arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). Es un documento de 39 páginas donde los españoles dejaron consignado   que el Estado colombiano violó el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, firmado en 2007 por Colombia y España.

Explica Gas Natural Fenosa que Electricaribe tuvo aproximadamente 2,6 millones de clientes en los departamentos  La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, y el 80 % de ellos pertenecían a los estratos más bajos

En sus argumentos, los españoles dicen que desde el comienzo de la operación lo más difícil que debieron sortear fue el de enfrentar las conexiones eléctricas ilegales y la falta de pago de las facturas por parte de sus clientes. ´Los usuarios no tienen cultura de pago y así no se puede sostener la compañía´, agregaron

Gas Natural Fenosa culpa al Estado colombiano de ´fomentar´ esa cultura de no pago y protegió al 10% de sus clientes que se conectaron de manera ilegal y ponen como ejemplo, que ni si quiera las instituciones públicas, como alcaldías, colegios, hospitales y demás, pagan el servicio de energía, debiéndoles a corte del 31 de diciembre de 2016 aproximadamente US$700 millones por energía que consumieron pero que no pagaron”, dice la demanda.

Uno de los puntos que con más énfasis destacaron los españoles en su demanda es precisamente el hecho de que el Estado no persiguiera a quienes se robaban la energía, y la hostilidad, que según ellos le declararon algunas autoridades y prominentes figuras públicas de la región y el país y mencionan el caso específico del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, de quien recogieron una declaración en la que dijo:  “Yo quiero tirar piedra en las manifestaciones contra Electricaribe”. Con esta clase de afirmaciones de una autoridad pública se alentó a los usuarios a no pagar la energía y a conectarse de manera irregular, elevando la animadversión contra la compañía y sus bienes.

Mencionada de igual manera la campaña que iniciaron algunos parlamentarios liderados por el hoy Senador, David Barguil, de qjuien aseguraron, incitó tanto a usuarios como a las autoridades a sabotear la prestación del servicio. Dejaron expresamente anotado que ´para septiembre de 2016 se registraron más de 242 actos de violencia en contra de empleados de Electricaribe y contratistas, en 46 de los casos, resultaron agredidos físicamente”, dice  la demanda.

En total, son seis los artículos del tratado entre Colombia y España que Gas Natural considera fueron violados. Aunque asegura que en el transcurso del proceso jurídico se develará realmente el monto que deberá pagar el Estado colombiano, las estimaciones que se hacen se acercan a los 1.300 millones de dólares.

YA NO LA QUIEREN

En principio, el objetivo de la demanda por parte de la energética española era que se le devuelva Electricaribe, en la que posee una participación del 85%, con un marco regulatorio viable o, en su defecto, se le compense económicamente. Pero de acuerdo a las fuentes consultadas hoy en día los españoles ya no quieren estar en el negocio y buscan es el pago de la indemnización.

De esta manera, la compañía presidida por Isidro Fainé considera que la actitud del Gobierno de Colombia «es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión hacia ese país».

COLOMBIA VA A PERDER LA DEMANDA

Nos dedicamos a consultar con expertos la demanda de Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano y el panorama es desalentador. Lo primero que nos dijeron los abogados consultados y relacionados con este tipo de acciones, es que nuestra Nación tiene pocas probabilidades de éxito.  Pedimos que tasaran de 1 a 5, y las tres fuentes consultas coincidieron en que los españoles ganan 4 por 1

Gas Natural Fenosa pide una indemnización que, según cálculos preliminares de la compañía supera los 1.000 millones de euros, unos 1.300 millones de dólares, ya que le dijo al Tribunal que se siente expropiada por parte del Gobierno colombiano.

Además, alegan que «la empresa vivió un permanente  hostigamiento que se hizo evidente con la participación de figuras públicas colombianas alentando el robo de energía y el no pago del servicio´.

La entonces Unión Fenosa adquirió  Electricaribe hace 18 años, es decir, en el 2000 y luego en el año 2009 fue comprada por Gas Natural. El negocio lo iniciaron Electricidad de Caracas y la Houston Energy de Estados Unidos. Sus originales dueños salieron de ese entonces de un ´chicharrón´ y llegaron a un acuerdo con los españoles quienes vieron en el negocio una oportunidad de hacer plata, pero con el transcurrir de los años el tiro les salió por la culta, como se dice en el argot popular. Se quejaron siempre de la falta de apoyo del Gobierno colombiano para atajar el «grave problema» de fraude y el no pago del servicio.

Actualmente, el Estado colombiano tiene además pendiente tres procedimientos de arbitraje internacional presentados ante el Ciadi. Uno por parte de América Móvil, compañía mexicana de Carlos Slim, y otros dos de las mineras Glencore y Eco Oro. En los tres, tampoco se avizora nada favorable.