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Reducir hacinamiento carcelario al 10 % requiere recursos por más $8 billones

La Federación Nacional de Departamentos le respondió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, su petición de que estas administraciones ayuden a enfrentar el hacinamiento carcelario que se viene presentando en el país, asegurando que ese objetivo se debió haber acompañado con propuestas para su financiación.

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en las prisiones del país hay 118.642 internos, en las cuales solo hay cupo para 79.236 reclusos, por lo que el primer mandatario explicó que con la colaboración de las administraciones locales el sobrecupo podría bajar del 49.7 % al 1 %.

 

Para FedeDepartamentos el jefe del Estado debió acompañar su observación con un análisis sobre los recursos presupuestales disponibles para que las entidades territoriales cumplan con esa misión. Asimismo, indicaron que reducir ese hacinamiento a un límite razonable del 10 % demandaría recursos cercanos a los 8 billones de pesos.

La Federación también explicó que en la actualidad cuentan con cuatro fuentes de recursos para las cárceles: el Presupuesto General de la Nación, el cual depende del Gobierno Nacional; el Sistema General de Regalías (SGR), que representa sólo el 5 % de la bolsa global con la cual los municipios atienden 23 competencias contempladas en la ley, como la atención a la infancia y adolescencia, víctimas de la violencia y desplazados, desarrollo agropecuario, entre otros.

“El país enfrentará un reto fundamental en los próximos 4 años, y para hacerlo se requiere dar discusiones de fondo sobre la financiación no solo de la infraestructura del sistema carcelario, sino del funcionamiento del mismo, para que se pueda responder tanto a los requerimientos de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como garantizar que el sistema penal cumpla con el objetivo de mejorar el efecto de la justicia en la vida de los ciudadanos”, expresó la Federación.

 

La entidad indicó que para lograr ese objetivo en materia carcelaria se requiere esfuerzos por parte de las entidades territoriales con fuentes de financiación, pero también mayor claridad y esfuerzos de parte del Gobierno Nacional para apalancar la construcción de infraestructura y de esa forma garantizar un funcionamiento óptimo del sistema penitenciario en el país.

Bogotá Colprensa.

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