Examen para nuevos abogados

Se acaba de sancionar la Ley 1905 de 2018 que busca garantizar la idoneidad de los nuevos abogados en el ejercicio de la profesión. Para tal efecto la ley ordena,  como requisito para poder ejercer la representación judicial, que el examen lo realice el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) directamente o a través de una institución de educación superior acreditada en alta calidad, y se entenderá aprobado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba…..si el egresado o graduado no lo aprueba, se podrá presentar en las siguientes convocatorias que determine la autoridad encargada, hasta que obtenga la calificación mínima exigida. La aprobación del examen de Estado será requisito para la expedición de la tarjeta profesional de abogado. Para las demás actividades no se exigirá tarjeta, agrega. 

Es un hecho cierto que hay abogados a los que les falta preparación para el ejercicio diligente de la representación judicial. A ello seguramente ha contribuido la incontrolable proliferación de universidades, sobre todo en las regiones, en las que no resulta fácil encontrar catedráticos suficientemente capacitados que sirvan de docentes. Por ello apelan a jueces, fiscales y abogados litigantes que no resultan muy aptos para la docencia, según se ha sostenido en diferentes casos.

Por tanto, el diagnóstico compartido es que se han graduado abogados sin una formación adecuada.  Pero creemos que el diagnóstico debe ser integral. La causa de la causa es la causa de lo causado, dice la teoría causalista. O sea que si hay abogados de las características descritas es porque las universidades de donde egresan no los preparan bien.

Tuve oportunidad de desempeñarme como decano de una facultad de derecho y de apreciar las debilidades que existen en el proceso formativo de los abogados. En las regiones no resulta fácil encontrar docentes con maestría y doctorado; aun en las que funcionan en Bogotá no todas las plantas de docentes están conformadas por profesionales con ese nivel de capacitación. Inclusive hay facultades en las que se puede cursar la carrera en tres años, lo cual es un despropósito.

Unido a lo anterior hay que admitir que hay deficiencias en la supervisión por parte de las autoridades del ramo para garantizar una oferta educativa con calidad. Tampoco se entiende bien por qué se exige ese requisito únicamente para los abogados cuando todos los días oímos quejas relacionadas con la falta de idoneidad de profesionales de otras disciplinas.

No es que la medida en comento sea inconveniente.  Lo que creemos es que se desperdicia la oportunidad de expedir una regulación integral sobre esta materia, porque se deben adoptar medidas que obliguen a las universidades a hacer una oferta académica con calidad, ante todo en las instituciones educativas privadas que algunos identifican con el mote de “universidades de garaje,” que es en las que se localiza fundamentalmente las deficiencias advertidas en la falta de preparación de algunos abogados.  Por eso el nuevo gobierno debe tener en cuenta la calidad de la educación superior que se imparte, si se propone adelantar la reforma educativa que quedó pendiente.

*ExDefensor del Pueblo