Reducir 10% de hacinamiento le costaría al país $8 billones

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en las prisiones del país hay 118.642 internos, en las cuales solo hay cupo para 79.236 reclusos, por lo que el primer mandatario explicó que con la colaboración de las administraciones locales el sobrecupo podría bajar del 49.7 % al 1 %.

 

Los recursos con los que cuentan las entidades territoriales para atender la situación en las cárceles bajo su responsabilidad son exiguos.

 

Los 118.642 internos que hay en las cárceles del país deben acomodarse en espacios originalmente reservados para 79.236 reclusos, de acuerdo con las estadísticas más recientes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El hacinamiento, que llega 49,7%, afecta por igual los derechos de presos que purgan condenas que los de aquellos que se encuentran en situación de sindicados y que hoy suman 36.755 personas.

De acuerdo con cifras oficiales, reducir ese hacinamiento a un límite razonable del 10% demandaría inversiones cercanas a los 8 billones de pesos, según cifras oficiales.

Los departamentos y municipios tienen a cargo aquellos centros de reclusión provisional reservados a personas contra las que la justicia penal ha decretado medidas de aseguramiento que requieren un cumplimiento intramural. Allí el hacinamiento en algunos casos supera el 350%.

El martes el presidente de la República, Juan Manuel Santos, les pidió a las entidades territoriales un mayor esfuerzo para enfrentar el problema y consideró que con el concurso de departamentos y municipios el hacinamiento podría llegar al uno (1)%. Sin embargo, el jefe del Estado no acompañó sus observaciones con un análisis sobre los recursos presupuestales disponibles para que las entidades territoriales cumplan esa colosal misión.

La ausencia de una política que permita asegurar la financiación y ejecución de soluciones para la problemática carcelaria en las regiones ha sido un tema de debate entre los alcaldes y gobernadores con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia, situación que se ha revisado en cumbres extraordinarias y mesas de trabajo, identificando las principales dificultades que los mandatarios tienen en los municipios y departamentos y generando propuestas para una solución articulada.

Actualmente, son 4 las fuentes de recursos de los departamentos para la atención de estos establecimientos: el Presupuesto General de la Nación, cuya asignación depende de la potestad del Gobierno Nacional, el SGR que está financiando todos los sectores y sus recursos son insuficientes, el SGP que representa tan sólo el 5% de la bolsa global con la cual *los municipios atienden por lo menos las 23 competencias contempladas en la Ley 715 de 2001 (p.ej infancia y adolescencia, atención a población víctima de la violencia y desplazado, desarrollo agropecuario, etc)*. y donde los departamentos tienen destinaciones específicas, y los recursos propios de los departamentos que son limitados y poco dinámicos.

El país enfrentará un reto fundamental en los próximos 4 años, y para hacerlo se requiere dar discusiones de fondo sobre la financiación no solo de la infraestructura del sistema, sino del funcionamiento del mismo, para que se pueda responder tanto a los requerimientos de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como garantizar que el sistema penal cumpla con el objetivo de mejorar el efecto de la justicia en la vida de los ciudadanos.

Lograr lo anterior requerirá esfuerzos por parte de las entidades territoriales, con fuentes ciertas de financiación, pero también mayor claridad y esfuerzos determinantes de parte del gobierno nacional para apalancar la construcción de infraestructuras y para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema penitenciario.

Para FedeDepartamentos el jefe del Estado debió acompañar su observación con un análisis sobre los recursos presupuestales disponibles para que las entidades territoriales cumplan con esa misión. Asimismo, indicaron que reducir ese hacinamiento a un límite razonable del 10 % demandaría recursos cercanos a los 8 billones de pesos.

La Federación también explicó que en la actualidad cuentan con cuatro fuentes de recursos para las cárceles: el Presupuesto General de la Nación, el cual depende del Gobierno Nacional; el Sistema General de Regalías (SGR), que representa sólo el 5 % de la bolsa global con la cual los municipios atienden 23 competencias contempladas en la ley, como la atención a la infancia y adolescencia, víctimas de la violencia y desplazados, desarrollo agropecuario, entre otros.

“El país enfrentará un reto fundamental en los próximos 4 años, y para hacerlo se requiere dar discusiones de fondo sobre la financiación no solo de la infraestructura del sistema carcelario, sino del funcionamiento del mismo, para que se pueda responder tanto a los requerimientos de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como garantizar que el sistema penal cumpla con el objetivo de mejorar el efecto de la justicia en la vida de los ciudadanos”, expresó la Federación.

La entidad indicó que para lograr ese objetivo en materia carcelaria se requiere esfuerzos por parte de las entidades territoriales con fuentes de financiación, pero también mayor claridad y esfuerzos de parte del Gobierno Nacional para apalancar la construcción de infraestructura y de esa forma garantizar un funcionamiento óptimo del sistema penitenciario en el país.