Se disparan los delitos sexuales contra menores

Según la Policía para este año se ha presentado un incremento del 8% en los casos respecto al 2017.

El año pasado Medicina Legal atendió cerca de 24.000 casos de presuntos abusos sexuales, de los cuales el 86% fueron contra menores de edad y para este año como estos delitos, comparados con el mismo periodo del 2017 se incrementaron en un 8% como lo indicó el director de la Dijín (Dirección de Investigación Criminal), general Jorge Luis Vargas.

“De acuerdo con nuestros sistemas de información entre 2016 a 2017 todos los delitos relacionados con menores aumentaron en un 11%; y para este año ya ha aumentado en un 8% frente al 2017”, señaló el general Vargas.

Por su parte el director de seguridad ciudadana de la Fiscalía, Luis González, hizo un llamado de atención para que tenga en cuenta los testimonios de sus hijos.

“Encontramos del análisis que varios padres no creyeron en sus hijos lo que les estaban diciendo y sus hijos tuvieron que acudir a otras personas para poner el denuncio y que les creyeran lo que estaban diciendo”, indicó el funcionario judicial.

 De acuerdo con Medicina Legal, en el 86% de los casos los abusadores fueron personas del mismo círculo familiar, es decir, padres, padrastros, tíos, primos o abuelos, seguido de conocidos de las familias.

ASESINADAS 109 PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBT

La organización Colombia Diversa y Caribe Afirmativo presentó el informe “La discriminación: una guerra que no termina”, que documenta la violencia contra personas de la población Lgbti en el país.

A pesar de que los índices de homicidio han bajado de manera sustancial en los últimos años y que los Acuerdos de Paz han logrado el desescalamiento del conflicto armado en muchas regiones del país, la violencia contra las personas de la comunidad Lgbt no ha disminuido de la misma manera.

Según el informe “La discriminación: una guerra que no termina”, en 2017 se presentaron 109 asesinatos (uno más que en 2016) de población Lgbti, siendo Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Tolima las regiones con los más altos índices.

CAUSAS DE LA VIOLENCIA

De los 109 homicidios contra la población Lgbt registrados en 2017, por lo menos 41 estuvieron motivados por el prejuicio o intolerancia hacia la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, que equivale al 37 por ciento de los casos.

El documento define la violencia por prejuicio como “los actos que buscan ocasionarle daño a una persona debido a la percepción negativa de su orientación sexual o identidad de género”. Esto supone que casi la mitad de los crímenes estuvieron motivados por el rechazo hacia la víctima por ser lo que es y también que hubo premeditación para escoger la víctima de acuerdo con su orientación sexual.

Además de esto, hay problemas ligados con la falta de oportunidades educativas y laborales de esta población, la indiferencia o complicidad de las autoridades y la exclusión socioeconómica. “Muchas personas lesbianas, gays, bisexuales y sobre todo las personas trans siguen siendo expulsadas de sus familias, colegios y comunidades, lo que las deja con muy pocas oportunidades de subsistencia por fuera de economías informales o altamente criminalizadas, como el trabajo sexual. La exclusión socioeconómica de las personas Lgbt sigue siendo un problema no resuelto, que las hace más vulnerables a la violencia y muerte”, dice el documento.

También se describe que la presencia de grupos armados en algunas regiones del país representa un riesgo para la población Lgbtiq, porque muchos de ellos reproducen estereotipos negativos e incluso atacan a esta población con tal de legitimar su rol de control social.

POLICÍA COMO ACTOR DE DISCRIMINACIÓN

El 30 de julio de 2017 entró en vigor el nuevo Código de Policía, que incluye sanciones por actos de discriminación contra las personas Lgbt. Esto, sin embargo, no ha impedido que sean integrantes de la Policía quienes vulneren sus derechos: en 2017 fueron 66 los hechos de violencia policial contra 75 personas Lgbtiq, que se dieron en 17 regiones, sobre todo en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Quindío y Huila.

La mayoría de las víctimas fueron mujeres trans, lesbianas y bisexuales. Se presentaron 46 lesiones personales, tres detenciones arbitrarias, 10 procedimientos irregulares, tres casos de tortura, dos de discriminación, uno de trato cruel y otro de violencia sexual.

El informe describe estos episodios como “agresiones contra mujeres trans en zonas de trabajo sexual, acoso contra parejas del mismo sexo y grupos de personas Lgbt, y perfilamiento y criminalización de las personas Lgbt más vulnerables”.

A esto se le suma que para los 66 hechos de violencia registrados solo se abrieron 14 investigaciones disciplinarias a quienes presuntamente los cometieron, y de estas investigaciones ya hay cuatro archivadas.