8 medidas del Gobierno para proteger a líderes

Tras una ola de asesinatos de líderes sociales en el país, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció un ‘plan de choque’ con múltiples medidas que pretenden poner freno a este fenómeno que tanto ha afectado a las comunidades.

Al término de la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad realizada este martes en la Casa de Nariño, el Presidente Juan Manuel Santos anunció la puesta en marcha de un plan de intervención y de recompensas, orientado a fortalecer la protección de los líderes sociales y de derechos humanos en el país.

 

De acuerdo con el anuncio del Jefe de Estado, revelado al término de la reunión que contó con la presencia del Vicepresidente, los Ministros de Defensa e Interior, el Alto Comisionado para la Paz, Altos Mandos militares y policiales, el Fiscal General, el Procurador General de la Nación, representantes de organismos internacionales acreditados en Colombia, expertos de organizaciones sociales y altos funcionarios del Gobierno, dicho plan consta de los siguientes ocho puntos:

1. Acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad a 10, sumando los municipios de Corinto, Cáceres, El Bagre, Buenaventura, Quibdó y Tame.
2. Puesta en marcha de un Plan Urgente de Intervención (con fase inicial por 30 días), en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional para las zonas más afectadas por estos hechos en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.
3. Dentro del ‘Plan Horus’, el Presidente Santos ordenó priorizar el componente de seguridad a líderes sociales y de Derechos Humanos, complementado con acciones de control microfocalizados en veredas priorizadas.
4. Para fortalecer la protección colectiva, el Ministerio de Defensa pondrá en marcha las Unidades Básicas de Protección (UBP), dependientes de las Seccionales de Protección de la Policía, para desarrollar esquemas colectivos.
5. Fortalecer la Unidad Nacional de Protección. Esta unidad ha hecho una gran gestión en la protección de líderes, pero se debe hacer mucho más, se le destinarán más recursos para los estudios de riesgo colectivo y más presupuesto para ampliar esquemas individuales y se implementará la Ruta Colectiva de Riesgo.
6. Desde el Ministerio de Defensa se fortalecerá el instrumento de reacción rápida que hoy atiende las alertas generadas por le Defensoría al interior del Sistema de Prevención y Alerta creado en el Acuerdo de Paz.
7. El Presidente de la República ordenó crear una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior, a través de una línea para la recepción de información oportuna sobre amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
8. Se creó un sistema de recompensas por toda información que permita identificar a los responsables de los atentados contra los líderes sociales y de Derechos Humanos, recompensas que serán aún mayores por la identificación de autores intelectuales de estos crímenes.

Durante su intervención en la reunión, el fiscal Néstor Humberto Martínez indicó que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido asesinados 181 líderes sociales, de los cuales se han esclarecido 89.

Así mismo el jefe del ente acusador manifestó que  se han presentado 67 homicidios de excombatientes de las Farc en los últimos dos años. Van 35 casos en 2018 y fueron 32 en 2017.

Las decisiones se tomaron luego de la realización de una Comisión de Garantías Electorales en la que estuvieron presentes representantes de las entidades del Estado, parte del equipo de Gobierno y miembros de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Al finalizar la reunión, el presidente destacó que tanto los gobernadores y alcaldes deben poner un mayor esfuerzo y ayudar el Gobierno Nacional a luchar contra este fenómeno. “Aquí tenemos que  trabajar más de la mano con ellos y también asignarles unas responsabilidades especiales”, dijo Santos en referencia al compromiso de las entidades territoriales, de los gobernadores y alcaldes.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), las medidas anunciadas por el presidente son suficiente para tratar de combatir este fenómeno en lo que le queda de periodo presidencial a Santos.

“Son medidas que no tiene únicamente la participación del Gobierno, sino también de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía y eso es esencial. Por ejemplo, la ampliación del Plan Orus, la creación del mecanismo en la Policía de respuesta rápida, me parecen que son medidas suficientes y necesarias para afrontar el problema y para un gobierno al que le quedan cuatro semanas. También muestra que hasta último momento está haciendo lo necesario para afrontar la violencia”, dice Restrepo.

Sin embargo, para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, estas son medidas temporales que “no están resolviendo el tema de fondo. El tema de fondo es que pare la masacre  y  que  se logren crear los mecanismos de protección para que para los líderes. Esto  solo se logra si hay una judicialización, es decir, solo en la medida que la Fiscalía avance en las investigaciones, esto se va a poder detener, antes no”.

Ante esto, Guillermo Rivera, afirma que la Fiscalía General entregó un informe pormenorizado de los resultados de las investigaciones durante la comisión en el que se establece que hay una tasa de esclarecimiento de alrededor del 50%. “Ya hay un número importante de autores materiales e intelectuales identificados  entre las organizaciones criminales. A la que más  homicidios se le atribuye por cuenta de la Fiscalía, es al Clan del Golfo”.