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‘Hay que acabar con la robadera’

El contralor Edgardo maya considera que la lucha contra la corrupción es posible ganarla. Y asegura que ´ toca que el país se meta a fondo en esta tarea. Necesitamos una revolución, necesitamos cambiar el chip de las nuevas generaciones, introducir en el ADN de los nuevos colombianos el respeto absoluto por los recursos públicos´, afirma Maya Villazón.

El contralor general de la República, Edgardo José Maya Villazón se va y hablando fuerte, como ha sido su costumbre. Llamando al pan, pan, y al vino, vino.

 

Maya Villazón no tiene temperamento para suavizar conductas que detesta como el robo de los recursos públicos. Por eso se hizo famosa su demoledora y angustiosa frase: ´hay que acabar con la robadera´.

La prohibición del beneficio de casa por cárcel para los condenados por corrupción, los pliegos tipo y hacer públicas las declaraciones de bienes de todos los funcionarios públicos son, para el contralor Edgardo Maya, los temas más importantes que hay en la Consulta Anticorrupción

Una cifra suya, en torno a que en Colombia la corrupción mueve 50 billones de pesos al año, hizo carrera. Hoy, a escasas semanas de terminar su periodo, ¿esa cifra ha bajado, subido o se mantiene igual?

La corrupción no funciona como una fiebre. No hay un termómetro para medir cómo y hasta cuánto sube o baja. Lo que le puedo decir es que hace cien años el gasto público equivalía al 4 por ciento del PIB, hace 50 años era el 8 por ciento y hoy es el 23 por ciento. Entonces en la medida en que aumentan los recursos ‘crece’ la corrupción.

Si comparo lo que he visto en estos cuatro años como Contralor con lo que vi como Procurador durante ocho años parece repetirse la misma película de corrupción. Cambian solo algunos actores.

Por ejemplo, en el caso de la que hoy llamamos Ruta del Sol y el escándalo de los señores Odebrecht con el tramo dos, cuando fui Procurador me tocó decretar la caducidad del contrato de construcción de la misma vía, que no se llamaba Ruta del Sol pero  unía a Bogotá con Santa Marta, porque la póliza que amparaba ese contrato de 500 millones de dólares era falsa.

Usted fue magistrado, procurador dos veces y ahora deja la Contraloría. ¿Tras todo lo visto en esos tres cargos diría que la lucha anticorrupción es posible o imposible de ganar en Colombia?

Es posible ganarla. Pero toca que el país se meta a fondo en esta tarea. Necesitamos una revolución, necesitamos cambiar el chip de las nuevas generaciones, introducir en el ADN de los nuevos colombianos el respeto absoluto por los recursos públicos. Al país le tomó cerca de 20 años montar y desarrollar una estrategia para acabar con el conflicto de más de medio siglo.

Está citada para finales de agosto la consulta popular anticorrupción. ¿Desde el punto de vista de avance o retroceso en materia de herramientas de control fiscal, qué utilidad le ve a esas siete propuestas?

Cualquier iniciativa que busque una sanción social contra los corruptos, como lo es esta consulta, es bienvenida. A mi modo de ver tres preguntas son las que más dientes pueden darnos para combatir la corrupción. La 2 que prohíbe el beneficio de casa por cárcel para los condenados por corrupción. Si logramos hacerla efectiva es un mensaje contundente de que la corrupción no paga. La 3 que se refiere a los pliegos tipo. Ya en ese punto dimos un paso importante, y es que en llave con el Procurador, el Gobierno y la Cámara Colombiana de la Infraestructura logramos hacer aprobar en el Congreso una ley que exige estos pliegos de contratación estandarizados para los contratos de infraestructura, advirtiendo que la Federación de Municipios se opone al desarrollo de la ley en todos los territorios.  

¿Qué tanto de la plata perdida en los sobrecostos de Reficar podrá recuperar realmente el país?

Hay un dato importante y es que en poco tiempo el proceso ya ha avanzado al punto de que hace un mes la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por más de 2.400 millones de dólares. No puedo hablar más del tema, pues la segunda instancia de la decisión está a mi cargo.

Odrebrecht, en su modelo de acuerdo judicial, había ofrecido compensar a Colombia por 11 millones de dólares por los sobornos, pero las pesquisas de los entes de control evidencian un monto muy superior a los 30 millones. ¿Ya no hay nada que hacer y esa otra plata tampoco se recuperará?

Es importante entender que la Contraloría General puede recuperar para el Estado el dinero que los corruptos se han robado por dos vías.

Primero, haciéndose víctima en el proceso penal. Estamos a la espera que nos convoquen nuevamente en el caso de Odebrecht. Y en segundo lugar, por los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría y el monto que se recupera puede ser mucho mayor.

¿Por qué Odebrecht continúa con contratos en Colombia si en otros países, literalmente, desterraron esa empresa casi que automáticamente?

Yo dije en su momento que así como existe la muerte política para los congresistas y demás servidores públicos, debe aplicarse una especie de muerte contractual. Y hasta donde tengo entendido los contratos que Odebrecht tenía vigentes terminaron o caducaron: el de Ruta del Sol tramo 2 se dio por terminado por mutuo acuerdo. El que buscaba darle navegabilidad al río Magdalena caducó. Y el de la vía Puerto Boyacá – Chiquinquirá finalizó.

¿Cómo se explica que el Contralor haya dicho que el régimen de regalías hay que hacerle una reforma de fondo y ni el Gobierno como tampoco el Congreso y otras instancias hubieran reaccionado ante semejante campanazo?

Hay que darle tiempo al tiempo. Y no me cabe duda de que el nuevo gobierno cuando revise los estudios y las auditorías de la Contraloría entenderá que se necesita una reforma al Sistema de Regalías.

Es que estamos hablando de unos recursos muy importantes para el país. Entre 2012 y 2017, el Sistema de Regalías distribuyó 48,1 billones de pesos, una cifra similar a la que requería el Gobierno para construir las revolucionarias vías 4G.

¿Parafraseando su propia expresión, se podría decir que el régimen de control fiscal en Colombia es un fracaso porque no hay día que no estalle un escándalo de robo de recursos o detrimento grave?

La culpa de la corrupción no está en los órganos de control. La Constitución de 1991 eliminó el control fiscal previo y solo permite el control posterior, lo cual es un cambio significativo. Ello se debió a que el control previo se volvió una fuente de corrupción. Es un imposible.

En la reunión que tuvimos hace unos días con el presidente electo Iván Duque le dije que era tal la crisis de corrupción que vive el país que el como Presidente debía ponerse a la cabeza de la defensa del patrimonio público de todos los colombianos.

¿En su charla con el presidente electo Iván Duque le planteó su idea de pasar de la Contraloría a un Tribunal de Cuentas?

Le hablé más de la necesidad de crear una única Contraloría en Colombia.

¿Por qué en Colombia es casi un imposible acabar con las contralorías regionales y locales?

Hay resistencia al cambio y más cuando es inaplazable. Pero ningún país serio puede tener 63 entes de control manejándose cada uno a su manera con autonomía e independencia.

 ‘Carteles’ de corrupción en casi todo: hemofilia, refrigerios escolares, Sida, de la toga, de la salud, las regalías… ¿Cuál ha sido la modalidad de robo o detrimento al erario que más lo ha impactado en estos cuatro años de gestión?

Todos esos carteles que menciona, tal vez con excepción del Sida, los descubrimos en la Contraloría. Ha sido un trabajo monumetal el que han hecho la mayoría de los más de 4.000 funcionarios y directivos.

Lo que más me ha impactado en estos cuatro años es el saqueo continuado de la plata que gira la Nación a los departamentos y municipios para salud, educación y agua potable (lo que se conoce como SGP). Es mucha plata. Son 36 billones de pesos al año.

¿Cuánto se le ahorró al Estado o se recuperó para el mismo durante su mandato en la Contraloría?

Al día de hoy hemos recuperado más de 699.000 millones de pesos. Es el monto más alto de recuperación de dineros públicos del que tengamos noticia en la historia de la Contraloría. Una cosa es el cobro coactivo, en el que logramos en este cuatrienio un 81 por ciento más de lo recaudado en el periodo 2010- 2014. Y otra cosa son los recursos que se han obtenido por resarcimiento en procesos de responsabilidad fiscal. En ese rubro multiplicamos casi por 20 el monto recuperado entre uno y otro cuatrienio. En el país se ha vuelto lugar común pensar o decir que los corruptos se salen con la suya. Y no es verdad. Cada vez les ganamos más batallas. En el caso de Saludcoop estamos dando una batalla jurídica interesante para recuperar 1,4 billones de pesos. Hay más de 100 predios embargados y acciones.

¿El tantas veces ajustado Estatuto de Contratación debe volver a reformarse en un país en donde muchos contratos se otorgan ‘a dedo’ o en licitaciones de un único proponente?

Para eso hicimos la nueva ley que obliga a los pliegos tipo en la contratación en infraestructura. Es la mayor contribución que ha hecho el Congreso de la República en los últimos tiempos en la lucha contra la corrupción. Antes de la ley, el 87 por ciento de los procesos de selección de los municipios y el 71 por ciento de los departamentos que se hacían sin pliegos tipo tenían un solo proponente. Con la nueva ley, que se aprobó en noviembre pasado, esperamos que esto cambie.

Los procesos de repetición fiscal son, al decir de varios críticos, un saludo a la bandera, porque el alto funcionario o particular que maneje recursos del Estado y termina implicado en corrupción o detrimento, se vuelve ilíquido y pobre tan pronto la Contraloría va por él… ¿Es verdad? ¿Qué hacer?

Sí. Eso ocurre. Y no es nada fácil porque los corruptos se insolventan y la Contraloría no tiene la facultad para perseguir los bienes de terceros si no del directamente involucrado. Pero lo estamos denunciando, pues esto configura el delito de fraude. Buscamos alternativas como embargos o que como víctimas en el proceso penal se extinga el dominio de bienes no solo de los involucrados si no de sus testaferros.

¿Considera que el filtro universitario dentro de la convocatoria pública para proyectar una lista de elegibles para que el Congreso escoja a su sucesor, es un avance real en la transparencia de esta elección?

No creo. Lo importante es el perfil de la persona que llegue. Además, surge una pregunta: ¿a quién favorece la supresión que hizo la comisión de conciliación de la inhabilidad para ser contralor, que había aprobado el Senado al prohibir que accediera a este importante cargo quien haya sido sancionado fiscal o disciplinariamente? Es importante saberlo. ¿O nos toca esperar a que el Congreso en pleno lo elija para saberlo?

Una última pregunta: corruptos con casa por cárcel o libres en pocos años o meses; sancionados penal, fiscal y disciplinariamente que tras ser ‘pillados’ lanzan a cargos de elección popular a esposas, esposas, hijos, hermanos…; y responsables de graves detrimentos al erario que nunca resarcen el daño al Estado pero viven en opulencia… ¿Se está enviando en Colombia el mensaje de que el ‘crimen sí paga’?

Si me permite le cambio la pregunta: ¿por qué los colombianos seguimos eligiendo a las esposas, hijos y hermanos de quiénes han sido condenados por corrupción?

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