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A través de un comunicado el Gobierno Nacional reiteró su rechazo a los actos de represión ejercidos por las fuerzas del Gobierno de Nicaragua contra estudiantes, templos y la sociedad civil en ese país.
«Hacemos un nuevo llamado para que el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia, atiendan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y particularmente cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas. Esto implica también cumplir con la recomendación de no estigmatizar a los manifestantes», dice el texto enviado por la Cancillería.
El Gobierno señaló que acompaña las propuestas del secretario General de la OEA, Luis Almagro, en cuanto a los calendarios y procesos electorales con la esperanza de que el diálogo nacional sea el mejor camino para solucionar la actual crisis por la que atraviesa Nicaragua.
TAMBIÉN ECUADOR
Ecuador condenó la violencia en Nicaragua e hizo un «urgente llamado» al gobierno de ese país para garantizar los derechos humanos de la población en medio de la crisis que deja más 272 muertos.
Quito expresó «su profunda preocupación por la grave situación que impera en Nicaragua así como su más enérgica condena por el creciente número de casos de violaciones de derechos humanos», indicó la cancillería en un comunicado.
El gobierno del presidente Lenín Moreno abogó por el diálogo «de buena fe y con voluntad política» para lograr una solución en Nicaragua, donde este domingo 10 personas murieron y 20 resultaron heridas durante una violenta incursión de fuerzas policiales y paramilitares en varios poblados.
Ecuador «hace un urgente llamado al Gobierno de Nicaragua para garantizar los derechos humanos de la población civil, investigar y sancionar a los responsables de actos de violencia, y a reemprender las acciones necesarias para encontrar una salida pacífica y democrática», agregó la cancillería.
El 18 de abril se desató una ola de protestas para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega.
BOGOTÁ COLPRENSA