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Más de 302.000 hectáreas se han restituido en el país

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó los avances en materia de restitución a las víctimas de despojo o abandono forzado en el país, esto durante el proceso de empalme con el nuevo Gobierno en donde se destacó que hasta la fecha se han restituido 302.792 hectáreas.

 

De acuerdo con la entidad, al cumplirse siete años de vigencia de la Ley 1448 (Víctimas y restitución), la justicia ha proferido 7719 sentencias que han permitido realizar la restitución de 302.792 hectáreas, beneficiando a más de 39.000 colombianos (10.629 familias) afectados por la violencia, quienes pudieron recuperar sus predios.

«Es importante resaltar que la restitución viene acompañada de beneficios como la priorización de vivienda y el Programa de Proyectos Productivos. Sobre este programa, la Unidad ha entregado incentivos por valor de 87.327 millones para el desarrollo de iniciativas productivas a lo largo de 18 departamentos, lo que representa el mejoramiento de las condiciones económicas de, al menos, 3419 familias campesinas y la reactivación comercial de sus territorios», explicó la entidad.

En ese sentido, la Unidad destacó que a partir de la política de restitución se ha avanzado en el fortalecimiento del campo, lo cual ha permitido la conformación de 11 asociaciones que ya están exportando sus productos a países como España, Bélgica, Japón, Estados Unidos y Australia.

«El favorable avance del proceso a nivel nacional se refleja además en la actual habilitación por parte del Ministerio de Defensa de 86.536 solicitudes de restitución para trámite, es decir, el 76 % del total de solicitudes recibidas por la URT. Como fruto de esta viabilidad, 23.132 solicitudes se encuentran en este momento en manos de los jueces y a la espera de fallo», explicó la Unidad.

Igualmente, como resultado de la implementación del proceso de restitución de tierras, la URT destacó la judicialización por parte de las autoridades de los principales despojadores de tierras en el país, entre los que se encuentran alias ‘Tuto Castro’, ‘Sor Teresa Castaño’, ‘Codazzi’, ‘Álvaro Bracamonte’, ‘Guido Vargas’ y ‘Benito Molina’, quienes actualmente están en la cárcel.

La resolución de casos emblemáticos también fue uno de los puntos que se presentaron en el informe de la entidad en donde se destacan los predios despojados por el Clan Castaño, como el de la hacienda ‘Las Tangas’, antiguo fortín del paramilitarismo en Córdoba, o las tierras despojadas por las Farc-EP a campesinos en el sur del Tolima, así como en los municipios de La Macarena y Uribe (Meta) y el Caquetá.

Finalmente, la entidad destacó que la implementación del proceso de restitución se ha avanzado en la seguridad jurídica a partir de las sentencias; la solución a históricos conflictos agrarios; la valorización de completas extensiones de tierra y la regularidad del mercado de tierras.

Asimismo, se destacó la gestión en la reconstrucción del inventario predial catastral del país y la presencia permanente del Estado y la institucionalidad en zonas que antes eran de difícil acceso.

AVALADO PROCESO DE FORMALIZACIÓN

De otro lado, la Corte Constitucional otorgó su aval al decreto que establece el proceso de formalización de predios rurales en falsa tradición, con el cual el Presidente Juan Manuel Santos entregó las primeras 1.500 resoluciones con las que se inicia ese trámite.

“Estamos protocolizando una vieja añoranza que teníamos tantos colombianos, que viven en su tierra y no habían podido formalizarla y eso genera todo tipo de problemas e incertidumbre”, indicó el Primer Mandatario.

“Gracias a la Corte Constitucional que declaró el decreto que firmamos exequible. Todo lo que estamos haciendo tiene absoluta solidez jurídica y constitucional. Hay 3,4 millones de hectáreas ya legalizadas y la meta son 7 millones”, indicó.

La entrega de resoluciones de formalización es la materialización del Decreto 0578 del 27 de marzo de 2018 o ‘Decreto de Minifundios’, firmado por el Jefe del Estado en Sogamoso.

Con la norma, se dio a la Superintendencia de Notariado y Registro la facultad para verificar las matrículas inmobiliarias con las que se identifican registralmente los terrenos en Colombia.

En el país unos 2,8 millones de predios se encuentran en situación de falsa tradición, de los cuales 85.000 están en esta ciudad.

“Estamos cumpliendo. Venimos trabajando con la Alcaldía Municipal en la expedición de estos actos administrativos, que van al folio de matrícula inmobiliaria. Es un proceso que apenas empieza; ésta es la primera etapa”, aseguró el Superintendente de Notariado y Registro en un evento organizado en la Institución Educativa Empresarial y Agroindustrial Los Andes (Inseandes) de Sogamoso.

De acuerdo con el funcionario, a la SNR le corresponde, además, brindar el acompañamiento necesario a los beneficiarios, quienes deben acudir ante los jueces de la República o la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargados de expedir la orden respectiva para la legalización del título de propiedad ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP).

“Sogamoso es el piloto de este programa, liderado por el presidente Santos. Estamos desvirtuando la falsa tradición y diciéndoles a los jueces: ‘Este predio es de propiedad privada y se puede hacer la prescripción. No se está ocupando un predio ajeno ni baldío. No se le va a quitar la tierra a nadie’”, agregó Mesa.

En marzo pasado, durante la firma del ‘Decreto de Minifundios’ en esta misma ciudad boyacense, el primer mandatario ratificó el interés del Gobierno en “normalizar el campo, porque los títulos de propiedad automáticamente mejoran la productividad”.

Este acto administrativo es aplicable a predios rurales que no superen el rango mínimo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir, la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio.

Para adelantar el procedimiento, es indispensable que la tradición de dominio no sea producto de actos de violencia, usurpación, desplazamiento forzado, engaño ni los ejecutados por testaferros.

Tampoco pueden ser cobijados aquellos terrenos que registren medidas cautelares en procesos de restitución de tierras o de extinción de dominio ni los que se encuentren en zonas de resguardos indígenas, comunidades negras o Parques Nacionales Naturales.

BOGOTÁ COLPRENSA

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