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Edgardo Maya Villazón, contralor general de la República.
Como resultado de las acciones adelantadas por la Contraloría General de la República, en las que se encontraron irregularidades, fallas estructurales y alto grado de corrupción de las CAR, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, trasladó oportunamente a la Fiscalía y la Procuraduría los hallazgos penales y disciplinarios detectados en las auditorías realizadas a las Corporaciones Autónomas Regionales, al igual que los encontrados en su momento en ASOCARS.
El conocimiento de los hallazgos penales ha llevado a la propia Fiscalía General de la Nación, a tomar medidas de su competencia en un reciente caso (Cardique).
Entre las muchas irregularidades podemos citar:
Carrusel de Contratos: Adjudicación de contratos impidiendo garantizar la satisfacción de la necesidad con los mejores resultados de costo beneficio, ya que los oferentes son siempre las mismas personas jurídicas y naturales, en tanto participan en diferentes procesos intercambiándose los roles, compartiendo un mismo Contador Público, Representante Legal o miembro de Consejo Directivo.
Obras inconclusas convertidos en verdaderos elefantes blancos.-
Concentración de Contratos en un mismo contratista, tal es el caso de que un mismo contratista tiene 24 contratos.-
Contratación Directa como norma general, de 7.810 actos contractuales en el periodo analizado, 7.037, el 90,1% fueron por contratación directa.
Inversiones en Actividades No Misionales, por la aplicación de recursos ambientales a actividades que no aportan resultados al quehacer misional de las CAR y no contribuyen al logro de sus objetivos.
Suscripción de convenios con Entes Territoriales, Empresas de Servicios Públicos, Asociaciones, Fundaciones, Juntas de Acción Comunal y Universidades que permiten eludir los procesos de selección objetiva y en los cuales las CAR actúan como financiadoras aportando más del 90% de los recursos sin que se observe el cumplimiento de las obligaciones contratadas dentro de los plazos inicialmente pactados, cuyos resultados o productos no están acordes con la realidad de los objetivos contractuales y después de varios años no prestan servicio alguno o son desechados.-
Falta de planeación y confiabilidad en la elaboración de estudios previos por la carencia de informes técnicos que reflejen la necesidad a satisfacer.
Deficiencias en la metodología utilizada para determinar los costos reales de las obras a ejecutar, al determinarse que los valores indicados en el cuadro de costos de la obra carece de elementos técnicos para la determinación de costos.
Falta de control y seguimiento a través de visitas técnicas con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales a las que están sujetas en los permisos otorgados.
Pagos de funcionamiento con cargo a los rubros de inversión en innumerables casos.-
Pago de la totalidad del valor contratado sin advertir que el contratista no ejecutó el contrato de conformidad con las obligaciones pactadas en materia de actividades específicas, personal ofertado, e informes finales y de seguimiento acordes a la necesidad que se pretendía satisfacer.
Un mismo topógrafo en diferentes contratos
Carencia de soportes en la ejecución contractual.
Debilidades y falta de celeridad en la función sancionadora delegada a las corporaciones para los procesos sancionatorios ambientales.
Carencias en la supervisión y verificación de los pagos de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución de contratos.
Los hallazgos de la CGR dan cuenta de las deficiencias en la gestión de las Corporaciones Autónomas y de ASOCARS que impactan de manera negativa en la preservación y adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente de los territorios en los cuales tienen responsabilidades.