JEP priorizó investigación sobre falsos positivos

Entre 1988 y 2014, 2.248 civiles, en su mayoría jóvenes, fueron asesinados y presentados como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, sobre ello tiene pruebas la Fiscalía General de la Nación que ya ha procesado a 5.626 personas.

Sin embargo, esa cifra podría quedarse corta. De acuerdo con la información recopilada por el coronel (r) Ómar Eduardo Rojas, en el libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia a ciegas en campos de batalla ficticios”, publicado en marzo pasado, los conocidos como “falsos positivos” fueron más de 10.000.

Para esclarecer estos hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) priorizó la investigación de esta conducta criminal en el caso 003.

“La Sala cuenta con información suficiente que permite concentrar su trabajo, entre los casos y situaciones, en lo que el informe N° 5 que la Fiscalía entregó a la Justicia Especial denomina ‘muertes legítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’”, señala el auto con el que abre esta investigación.

 

¿Por qué lo priorizaron?

La Sala de Reconocimiento organiza los casos dependiendo de la vulnerabilidad de las víctimas, afectación a los sujetos colectivos, representatividad de los responsables, gravedad de los hechos, magnitud de la victimización y disponibilidad de información.

En el caso de ejecuciones extrajudiciales se cumplieron todos los criterios, explica Catalina Díaz Gómez, magistrada de la Sala.

Además, basados en el informe de la Fiscalía y de un documento que produjo la Corte Penal Internacional en una visita a Colombia, la Sala pudo observar que cuatro de las ocho divisiones del Ejército Nacional (Primera, Segunda, Cuarta y Séptima) concentran cerca del 60 % de los casos de falsos positivos. Además, “estas unidades involucran presuntamente a personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en estos hechos”, dice el auto.

De acuerdo con la Fiscalía, en una primera etapa del fenómeno, las víctimas fueron en su mayoría campesinos o pobladores de zonas rurales, señalados de estar relacionados con las guerrillas y, en una segunda etapa, eran en su mayoría habitantes de zonas urbanas en condición de vulnerabilidad económica.

Así mismo, el auto dice que “existen indicios en cuanto a que el conocimiento sobre cómo realizar un homicidio y hacerlo parecer una muerte en combate fue transmitido de una unidad militar a otra, en la medida que los militares comprometidos en estos hechos eran trasladados a lo largo de su carrera”.

Por ahora, en la justicia ordinaria hay cerca de 2.100 procesos judiciales por casos asociados a este tipo de conductas, en los que se investiga la responsabilidad de oficiales activos y en retiro que alcanzaron el grado de coronel e incluso general.

 

¿A quienes llamarán?

La Sala de Reconocimiento pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa misma jurisdicción, ante la que comparecen los agentes del Estado y los terceros que se sometan voluntariamente, a que haga entrega de los expedientes que tenga en su poder, relacionados con comparecientes que hubieran pertenecido a las divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército Nacional.

La próxima semana, definirán cuántos y cuáles exmilitares deberán rendir sus versiones voluntarias.

“Si la actitud de los militares fuera honesta tendrían que reconocer la responsabilidad de sus actos criminales, de manera que esperaríamos que eso sucediera, pero en la práctica se estaría limitando a mandos medios. La intensión de los coroneles y generales es mantenerse ajenos y mostrar desconocimiento”, dice Fernando Rodríguez, abogado de víctimas de falsos positivos, basado en la declaración de sometimiento del general (r) Henry Torres Escalante hace solo dos semanas ante la JEP.

Y aunque no tiene muchas expectativas, considera que el arsenal de pruebas con las que cuenta la justicia es contundente para demostrar la sistematicidad de los hechos. “La guerra había que ganarla con litros de sangre, no servían las capturas ni desmovilizaciones, y esa era un política”.

Por su parte, al general (r) Jaime Ruiz, presidente de Acore, señala que en cuanto a la responsabilidad por línea de mando, que “es tanto civil como militar, y en la civil ¿quién era el Ministro de Defensa en el periodo en que se supone que hubo más falsos positivos? Juan Manuel Santos, actual presidente de la República, y ¿quién era el presidente que era el máximo comandante de las Fuerzas Militares?, Álvaro Uribe”..