La ‘Línea Negra’ que asusta

Con el decreto se aumentarían a 348 los espacios sagrados indígenas, en el decreto se determinan 348 “espacios sagrados” dentro de la Línea Negra .Entre estos se incluyen lugares emblemáticos como la plaza Alfonso López, el pozo Hurtado en el río Guatapurí, la iglesia de La Concepción, la bahía de Santa Marta y las playas de Riohacha.

Para las cuatro tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta: koguis, arhuacos, arsarios y kankuamos, la línea negra está encaminada a establecer el orden sagrado y principios de autoridad.

 

A pocos días de entregar el Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió al país al anunciar la expedición de un decreto que reconocería un total de 348 puntos geográficos de una amplia región del caribe colombiano que entrarían a delimitar el territorio ancestral de los pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Es aquí donde aparece lo que es denominada ´Línea Negra´, que demarca este territorio, la cual dejaría de estar conformada por 39 zonas y se extendería hacia los departamentos del Magdalena, Guajira, Cesar, Atlántico y Bolívar.

Desde luego, tras el anuncio, distintos estamentos gubernamentales, gremiales, sociales, económicos, políticos y de la producción saltaron de la silla y expresaron su preocupación por el hecho. El Presidente Santos respondió de manera lacónica pero contundente: ´No se han leído el decreto´.

El día viernes el Presidente Santos estuvo en la Sierra Nevada a donde volvió para entregar el bastón de mando que hace 8 años le entregaron los indígenas. Allí firmó dos decretos. Dos normas de importancia histórica para la preservación del medio ambiente de Colombia: la Ley de Cambio Climático y la Ley de Páramos. El de la ´Línea Negra´ no lo sancionó. Con ello creció mas la incertidumbre

 El decreto en cuestionó redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta

Son en total  348 puntos geográficos entrarían a delimitar el territorio ancestral de los pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

El proyecto de delimitación de la Línea Negra ha generado voces de protesta entre los gremios económicos y los gobernadores de los departamentos que conforman la región Caribe, los cuales le habían solicitado al Presidente abstenerse de firmarlo, hasta tanto no fuera debatido de manera concienzuda.

En una carta que le enviaron al Presidente, los gobernadores le manifestaron que el decreto no fue socializado con el rigor necesario, de acuerdo con la importancia de los impactos y consecuencias que traería, por lo que consideran que merece un estudio mucho más riguroso.

Para los mandatarios seccionales la redefinición de este territorio afectaría los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo de origen estatal, así como la inversión privada y los proyectos de impacto regional. Adicionalmente, aseguran que se podría registrar un problema de coexistencia entre las autoridades jurídicas ordinarias y las autoridades indígenas.

Los gobernantes señalan que los someterían a una ley que se consideraría como prevalente frente a la normatividad jurídica nacional, como lo es la ‘Ley de Origen y el Documento Madre’, de las cuales desconocen su contenido y alcance.

A su vez, el decreto sobre la Línea Negra fue una de las tres iniciativas que el Consejo Gremial le pidió a Santos dejar en manos del próximo gobierno porque consideran que debe tener una mayor discusión antes de ser dictados.

«La definición de esas 348 zonas, contenidas en el proyecto de decreto, carece de las precisiones cartográficas necesarias para determinarlas. Entendemos que esta preocupación es compartida por varias dependencias del Gobierno Nacional y por las autoridades territoriales ordinarias que tienen competencia en esa región del país. En consecuencia, podrían generarse graves conflictos entre autoridades distintas, y entre las comunidades que ellas representan», manifestaron.

Por su parte, la Organizacion Nacional Indígena de Colombia y los cuatro pueblos que hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, le solicitan al presidente Santos que expida el decreto antes de culminar su mandato en vista de que lleva debatiéndose cinco años.

NO ES AMENAZA

Para las cuatro etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta (koguis, arhuacos, arsarios y kankuamos), la Línea Negra está encaminada a establecer el orden sagrado y principios de autoridad en que se promueven la preservación de todas estas áreas como expresión de su modo de vida milenario.

Gelver Zapata Izquierdo, miembro de la Confederación Indígena Tayrona (CIT), aseguró que la delimitación no será una restricción en contra del desarrollo de los territorios.

“Al contrario, la Línea Negra lo que hace es fortalecer los procesos de planeación con un factor importante que es la conservación y preservación territorial –expresó–. Pensamos que una vez se firme, presentaremos los beneficios tanto para los pueblos vecinos de la sierra –de la cual hacen parte unos 25 municipios–, tres corporaciones y siete parques”.

¿QUÉ ES?

La Línea Negra “es una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para cuatro pueblos indígenas: koguis, wiwas, arhuacos y kankuamos”, según se lee en la sentencia de la Corte Constitucional que ordena su protección, y comprende territorio de tres departamentos: Cesar, La Guajira y Magdalena.

Esta área fue delimitada por primera vez en 1973, cuando una resolución del entonces Ministerio de Gobierno creó la Sei Shizha (Línea Negra) con 39 puntos sagrados en su interior.

Pero la polémica comenzó en 2014, cuando Rogelio Mejía Izquierdo, gobernador arhuaco, instauró una acción de tutela contra la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), que había otorgado una licencia para explotar un yacimiento de materiales de construcción dentro de la Línea Negra, “sin haberse practicado el procedimiento de consulta previa”.

La Corte Constitucional le dio la razón a Mejía, le quitó la licencia ambiental de esta explotación a Corpocesar y concedió “los derechos fundamentales a la autodeterminación, a la subsistencia, a la diversidad étnica y a la consulta previa” de las comunidades éticas que habitan este territorio.

Santos dijo esta semana que el decreto “no les está dando autoridad ambiental a los indígenas” y que “cualquier insinuación sobre esto se quitó del texto”.

En el decreto se determinan 348 “espacios sagrados” dentro de la Línea Negra .Entre estos se incluyen lugares emblemáticos como la plaza Alfonso López, el pozo Hurtado en el río Guatapurí, la iglesia de La Concepción, la bahía de Santa Marta y las playas de Riohacha.

LOS GREMIOS

Un grupo de 10 gremios envió una carta a Santos para protestar porque “no se conocen los criterios técnicos utilizados para la ampliación de la Línea Negra” y que esta nueva delimitación tendría “un efecto económico y social adverso”.

Autoridades de los tres departamentos que hacen parte de la Línea Negra manifestaron su preocupación por la posible injerencia que tendrían las comunidades indígenas en los planes de desarrollo municipales.

Germán Arce, ministro de Minas y Energía, envió otra comunicación al Ministerio del Interior en la que manifiesta esta misma preocupación. “Los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado. No puede considerarse oportuno que los pueblos indígenas puedan tener facultades para limitar su uso y aprovechamiento”, explicó.

Julio Suárez, director de Corpocesar, considera que aunque le falta claridad al decreto, “en el marco de la competencia lo deja todo en el campo legal vigente. Es decir que las autoridades ambientales y entes territoriales siguen teniendo competencia dentro del territorio”.

El presidente Santos estuvo ayer en la Sierra Nevada, y aunque hubo versiones en el sentido de que el decreto sería divulgado con motivo de su visita, la Casa de Nariño hizo saber que esta decisión se pospuso para la próxima semana con el propósito de tener tiempo para hacer las respectivas modificaciones.

LLAMADO DE ALERTA

El Gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, hizo un llamado de alerta a la dirigencia política de ese departamento, para revisar conjuntamente los alcances e impacto del proyecto de decreto a través del cual el presidente Juan Manuel Santos propone redefinir la denominada “Línea negra”, del territorio ancestral de los pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La preocupación del mandatario se dio tras el tiempo mínimo que tiene la socialización de este proyecto, ya que la sanción del mismo está fijada para el próximo 2 de Agosto, lo que dejaría poco margen para presentar las observaciones y objeciones.

“Se trata de una decisión que tendría enormes repercusiones. El decreto amerita mayor análisis en cuanto a sus alcances, pues lo que se pretende es extender los llamados territorios ancestrales a zonas que desde hace muchísimo tiempo tienen carácter de urbano, por lo que se generaría un franco antagonismo con las competencias de alcaldes y gobernadores sobre dichos territorios”, recalcó el mandatario departamental.

Según el funcionario, los territorios ancestrales quedarían demarcados por un total de 348 puntos dentro de los cuales quedan cobijados lugares emblemáticos como la colonial Iglesia de La Concepción, la Plaza Alfonso López, el Pozo Hurtado en el Río Guatapurí en Valledupar; las playas de Riohacha o la bahía de Santa Marta, pasando por cabeceras municipales de los tres departamentos.

En la práctica, afectaría la ejecución de planes de desarrollo municipales y departamentales, pues la autoridad de los gobernadores y los alcaldes estaría sometida a la autorización de las comunidades indígenas para hacer inversiones y ejecutar proyectos y obras en las poblaciones y ciudades como Valledupar, buena parte de cuyos barrios quedarían incluidos en los espacios que el proyecto de decreto presidencial pretende cobijar como «sistema de espacios sagrados de la Línea Negra – Sheshiza”.

“ Vamos a contactar de inmediato a los gobernadores de Magdalena y La Guajira, así como a los recién posesionados parlamentarios para buscar conjuntamente que al proyecto se le dé la discusión necesaria y que no se sancione con premura, pues si bien hay que proteger y defender los derechos de las comunidades indígenas, tampoco pueden vulnerarse los derechos de los demás ciudadanos”, aseguró, Ovalle Angarita.

Es preocupante la situación porque considero que un decreto de esta magnitud no se puede sacar a la ligera

Para la clase parlamentaria el argumento del Gobernador, Francisco Ovalle Angarita, es válido teniendo en cuenta que en estos momentos se vienen ejecutando obras e inversiones de alto impacto en estos territorios y argumentaron que el proyecto debería ser estudiado con el presidente electo, Iván Duque, ya que  al actual mandatario nacional le restan pocos días para concluir su gobierno.

“Es preocupante la situación porque considero que un decreto de esta magnitud no se puede sacar a la ligera: se debe hacer un estudio profundo, sobre todo porque esta línea negra entraría a tocar áreas donde hoy se desarrollan grandes construcciones. El presidente debe dejar esto sobre el tapete, para que el nuevo gobierno y los dirigentes tengamos la oportunidad de discernir este tema ya que requiere de un profundo análisis. En el caso de que haya que devolverles alguna autonomía a los ancestrales, lo hagamos con respeto y objetividad”, precisó el senador Didier Lobo Chinchilla.

La falta de socialización de la norma, también generó inquietud al representante , Eloy Quintero Romero, y afirmó que esto frenaría el desarrollo de la infraestructura de la región. “Ya lo venía anunciando el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, que esto incrementa costos en las demoras de las obras. Para nosotros es grave, y debemos ser solidarios con el gobernador”, dijo.

Para las cuatro tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta: koguis, arhuacos, arsarios y kankuamos, la línea negra está encaminada a establecer el orden sagrado y principios de autoridad, en la que se promueven la preservación de todas estas áreas como expresión de su modo de vida milenario.

 “Desde 1963 por primera vez se firmó la resolución de la línea negra que es la que determina un número importante de puntos que se interconectan entre sí de manera espiritual con la Sierra Nevada hasta donde se determina el territorio ancestral, lo que se vuelve obligatorio es que los departamentos y municipios se vean obligados a planear los territorios, no pueden seguir haciendo acciones que intervengan hacia aquellos espacios que tienen una significancia importante para la comunidad por ser sitios sagrados, áreas protegidas, ríos, montañas, nacederos, o humedales”, sostuvo uno de los miembros de la Confederación Indígena Tayrona (CIT), Gelver Zapata Izquierdo.

Y aseguró que la delimitación no será una restricción en contra del desarrollo de los territorios “Al contrario, lo de línea negra lo que hace es fortalecer los procesos de planeación con un factor importante que es la conservación y preservación territorial. Pensamos que una vez se firme , presentaremos, los beneficios tanto para los pueblos vecinos de la Sierra, del cual hacen parte unos 25 municipios, tres corporaciones y siete parques” puntualizó.