«Decreto de la «Línea Negra» no afecta la propiedad privada»

“De ninguna manera, este decreto genera consulta previa para los desarrollos  de infraestructura que se vayan a adelantar en los departamentos del Cesar, la Guajira y el Magdalena´, aseguró ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el decreto de la ‘Línea negra’, que amplía los espacios sagrados de las comunidades indígenas no afecta la propiedad privada, ni genera consulta previa sobre el desarrollo de proyectos de infraestructura como se ha venido especulando.

 

 “De ninguna manera, este decreto genera consulta previa para los desarrollos  de infraestructura que se vayan a adelantar en los departamentos del Cesar, la Guajira y el Magdalena. Tampoco tiene afectación sobre la propiedad privada. Es fundamentalmente, una ubicación de sitios sagrados,  la garantía de que los miembros de la Sierra Nevada de Santa Marta puedan acceder a esos sitios a desarrollar las actividades propias que ellos desarrollan conforme a su cultura”, dijo Rivera.

El ministro agregó que el Gobierno ha recibido todas las observaciones que se han hecho al borrador de decreto en los últimos días y está haciendo los ajustes correspondientes.

“Percibimos que  hay un gran nivel de incomprensión  sobre los  alcances de este decreto. Se ha extendido la idea de que este decreto al determinar cuáles son los sitios sagrados o ampliar el número de sitios sagrados de los pueblos indígenas, automáticamente convierte esos lugares en territorio indígena  y como consecuencia de ello, cualquier desarrollo de infraestructura o cualquier inversión pública requeriría de la consulta previa. Esto no es así”, añadió.

Según Rivera, este decreto es consecuencia de una orden constitucional  que le señaló al Gobierno la necesidad de actualizar los sitios considerados sagrados para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Hace pocas horas los gobernadores de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira a través de una carta le solicitaron al presidente de la República, Juan Manuel Santos,  abstenerse de firmar este decreto.