Se indaga la reventa de boletas de  los partidos de la Selección Colombia

Estos actos, que fueron puestos a la luz pública por la Superintendencia de Industria y Comercio  ya fueron notificados a la Fiscalía General de la Nación con el fin de analizar los hechos y  establecer si es procedente adelantar acciones penales en contra de los responsables.

Sobre el escritorio de un fiscal especializado de la Fiscalía General de la Nación reposan documentos, informes y tablas numéricas, entre otros elementos, relacionados con la presunta desviación masiva de boletas con fines de reventa para los partidos de fútbol que jugó la Selección Colombia en Barranquilla en el marco de la Eliminatoria a la Copa Mundial de la Fifa Rusia 2018.

Estos actos, que fueron puestos a la luz pública por la Superintendencia de Industria y Comercio  ya fueron notificados a la Fiscalía General de la Nación con el fin de analizar los hechos y  establecer si es procedente adelantar acciones penales en contra de los responsables.

Aunque muchos nombres sonaron durante la denuncia expuesta este lunes, será el mismo fiscal general de la Nación quien revele si existen méritos para que algunas personas posiblemente sean llevadas ante los estrados judiciales.

El abogado penalista Marlon Díaz opina que en los hechos expuestos por la Superintendencia podría existir un concierto para delinquir, por lo que tres o más personas se concertaron para cometer un aparente ilícito. Del mismo modo, consideró que el delito de fraude procesal estaría latente en las investigaciones, debido a que pudo haber cierta influencia para que el contrato fuese adjudicado a un solo oferente.

Sobre las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se sabe que estas empezaron desde que se jugó el partido entre Colombia y Brasil para las eliminatorias de Rusia 2018. Desde ese momento, las autoridades consideraron que había un falla en la venta de las boletas para dichos partidos y, según el informe revelado este lunes, estas sospechas no eran del todo falsas.

El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien llevó a cabo la investigación, dijo este martes en diálogo con medios de comunicación que la Federación Colombiana de Fútbol creó una licitación privada para gestionar la venta de boletas y pese a que dicho acto se registró como un mecanismo legal y transparente, este no se dio de esa manera.

 “Fue una invitación pública y concurrieron muchos oferentes quienes se sometieron a reglas (…) pero ellos simularon un acto transparente que finalmente estaba direccionado para que se lo ganara un oferente específico”, dijo el funcionario.

El oferente al que se refiere el superintendente es Ticketshop, empresa que se quedó con la licitación y que según las investigaciones supuestamente desvió más de 42.000 boletas con fines de reventa que fueron entregadas para tal propósito al autodenominado grupo ‘Socios Ticket Ya’.

 “En ocho partidos se revendieron 42.000 boletas, el 85%  se vendió normalmente, pero el 15% de la boletería fue desviada. ¿Cómo la desviaban? Eso dependía del partido, le pedían 3.000 boletas para uno, para otro 4.000, para otro 5.000, pero para el partido con Brasil fueron 14.000 boletas las que les entregó Ticketshop”, dijo el Superintendente.

Según Robledo, las boletas fueron revendidas hasta en el doble del valor normal de lo que salían comprándolas de forma legal. Según los cálculos del organismo, el total de las boletas desviadas tenía un costo de 8.700 millones de pesos, pero fueron revendidas, haciendo cuentas conservadoras, en más de 21.800 millones de pesos. “Ellos tuvieron una utilidad de al menos 13.000 millones de pesos”, precisó Robledo.

En las investigaciones, el superintendente también pudo constatar que por parte de la Federación Colombiana de Fútbol no hubo registro alguno de interventoría sobre el contrato que habían hecho con la entidad que suministraría a los colombianos las boletas. “Hubo omisión en toda la fase del contratista. No lo dice la Superintendencia, lo dice un informe de auditoría que reveló que la federación no ejerció ningún tipo de control, nunca pidió un informe”. 

BOGOTÁ COLPRENSA