Testigo en caso de Aida Merlano declaró ante el consejo de estado

Un testigo, quien pidió reservar su nombre y además hacía parte de la campaña de Aída Merlano, declaró este miércoles, en el Consejo de Estado, que varios líderes trataron de acaparar certificados electorales robados para obtener más dinero a la hora de liquidar los votos que se iban a comprar en Barranquilla para las elecciones legislativas de 2018.

«Ella hizo una reunión, citó a los líderes de ella, porque se había filtrado una información de que se iban a comprar los certificados electorales, es decir, los líderes iban a comprarle los certificados a algún jurado que ellos se robaban, ellos los cogen y venden los talonarios, entonces ellos se compraban los talonarios para poder hacer fraude al momento de liquidar para cogerse la plata. Eso se filtró y ella hizo una reunión muy molesta porque se iba a hacer esa triquiñuela, porque se le iba a jugar sucio, entonces se decidió que nadie iba a tener adicionales, solamente podían tener los votos del listado, los reemplazos, en el número que se aprobaba en el caso de que algún votante fallara», dijo el testigo.

Este hombre fue la primera persona llamada a declarar en la audiencia de pruebas que se desarrolló en el alto tribunal, en donde se estudia una demanda de pérdida de investidura contra la parlamentaria electa.

El testigo también reiteró los señalamientos que hizo contra líderes políticos del Atlántico, quienes hacían parte de esta empresa electoral, entre los que se encuentran Aissar Castro Bravo, Aissar Castro Reyes, Vicente Támara, Margarita Ballén y Juan Carlos Zamora, quienes habrían colaborado con Merlano como contraprestación por el apoyo que recibieron en sus campañas políticas locales.

«Es una ayuda mutua, es decir, cuando es la elección de Senado y Cámara, los diputados y concejales, que han sido apoyados por esta candidata en la campaña a consejos y Asamblea (de Atlántico), tienen que retribuir ese favor apoyándolos en la campaña al Congreso», aseguró el testigo.

Además denunció ante el magistrado que él y su familia recibieron amenazas, por lo que el Consejo de Estado decidió remitir copias de la declaración a la Fiscalía General de la Nación, para que tome las medidas necesarias en caso de comprobarse la veracidad de la intimidación.

Bogotá Colprensa.