´LÍNEA NEGRA´¿Por qué el temor de los gremios? 

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La denominada Línea Negra, que demarca este territorio, dejaría de estar conformada por 39 zonas y se extendería hacia los departamentos del Magdalena, Guajira, Cesar, Atlántico y Bolívar.

 Por fin se acabará mañana lunes el misterio del decreto que redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando el Presidente Juan Manuel Santos le estampe su  firma al documento.

 

Hace pocos días, en la Sierra Nevada de Santa Marta el presidente Santos se comprometió con los indígenas a firmar el decreto.   

Un total de 348 puntos geográficos entrarían a delimitar el territorio ancestral de los pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

De esta manera, la denominada Línea Negra, que demarca este territorio, dejaría de estar conformada por 39 zonas y se extendería hacia los departamentos del Magdalena, Guajira, Cesar, Atlántico y Bolívar.

A través de un decreto,  esa iniciativa, se ampliaría el sistema de espacios sagrados con el fin de establecer medidas y garantías para su efectiva protección.

“Desde donde esté, junto a mi familia, los recordaremos y lucharemos por esos ideales que ustedes defienden, porque son los más importantes de la humanidad: la paz y el medio ambiente”, indicó Santos en su cuenta de Twitter, luego de su visita a los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar en donde sancionó la Ley de Páramos que -según él- permitirá proteger esas fábricas de agua, generar alternativas productivas sostenibles para quienes habitan esos ecosistemas y garantizar recursos para la inversión ambiental.

El proyecto de delimitación de la Línea Negra ha generado voces de protesta entre los gremios económicos y los gobernadores de los departamentos que conforman la región Caribe, los cuales le habían solicitado al Presidente abstenerse de firmarlo, hasta tanto no fuera debatido de manera concienzuda.

En una carta que le enviaron al Presidente, los gobernadores le manifestaron que el decreto no fue socializado con el rigor necesario, de acuerdo con la importancia de los impactos y consecuencias que traería, por lo que consideran que merece un estudio mucho más riguroso.

Para los mandatarios la redefinición de este territorio afectaría los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo de origen estatal, así como la inversión privada y los proyectos de impacto regional. Adicionalmente, aseguran que se podría registrar un problema de coexistencia entre las autoridades jurídicas ordinarias y las autoridades indígenas.

Los gobernantes señalaron que los someterían a una ley que se consideraría como prevalente frente a la normatividad jurídica nacional, como lo es la ‘Ley de Origen y el Documento Madre’, de las cuales desconocen su contenido y alcance.

A su vez, el decreto sobre la Línea Negra fue una de las tres iniciativas que el Consejo Gremial le pidió a Santos dejar en manos del próximo gobierno porque consideran que debe tener una mayor discusión antes de ser dictados.

“La definición de esas 348 zonas, contenidas en el proyecto de decreto, carece de las precisiones cartográficas necesarias para determinarlas. Entendemos que esta preocupación es compartida por varias dependencias del Gobierno Nacional y por las autoridades territoriales ordinarias que tienen competencia en esa región del país. En consecuencia, podrían generarse graves conflictos entre autoridades distintas, y entre las comunidades que ellas representan”, manifestaron los dirigentes gremiales.

Por su parte, la Organizacion Nacional Indígena de Colombia y los cuatro pueblos que hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, le solicitan al presidente Santos que expida el decreto antes de culminar su mandato en vista de que lleva debatiéndose cinco años.  Y efectivamente ello se hará mañana. Los aborígenes aseveran que ese proyecto no es una amenaza al desarrollo del país.

LA SITUACIÓN DE LA SIERRA NEVADA

Hace poco el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada presentó, a la Procuraduría y a la Corte Constitucional, las graves afectaciones que está causando la minería al territorio que habitan. Allí existen 132 títulos mineros vigentes y 244 solicitudes más.

Hace unos meses en hecho sin precedentes, el procurador Fernando Carrillo y la Corte Constitucional en pleno se desplazaron a Nabusimake en la Sierra Nevada a escuchar los reparos que el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada tenía sobre la política minera y ambiental del Gobierno Nacional. “Este es un día histórico, en el que estamos enviando el mensaje de “desbogotanizar” los poderes del estado, de hacer presencia en los territorios y de escuchar los problemas que tienen las distintitas poblaciones del país”, dijo en su momento el procurador Carrillo.

Durante tres horas los líderes y mamos de los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo, pertenecientes al Consejo Territorial, expusieron los problemas por los que atraviesa la Sierra y entregaron el informe de afectaciones culturales y ambientales causadas por la actividad minera, un extenso documento al que Semana Sostenible tuvo acceso en exclusiva.En términos generales el documento dejó consignado un preocupante panorama del estado medioambiental de la Línea Negra (territorio sagrado de los kogui, arhuacos, wiwas y kankuamos, reconocido por el gobierno nacional mediante una resolución de 1973 y otra de 1995), de la expansión de la minería legal e ilegal y de la amenaza a la que está sometida la cultura y modo de vida de los pueblos ancestrales por el modelo económico que ha llevado a cabo el gobierno nacional en la región. Además denuncia la falta de garantías que tienen para el ejercicio de la consulta previa.

El documento se concentra en los efectos nocivos de la minería legal o ilegal, a la que le achacan la mayoría de los males y señala que de acuerdo a la Agencia Nacional Minera existen 132 títulos vigentes dentro de la Línea Negra y 244 solicitudes más de títulos. Para los pueblos ancestrales esta proliferación de proyectos ha alterado el paisaje de la sierra y ha atentado especialmente contra los espacios sagrados.

En cuanto a la contaminación de fuentes acuíferas, el documento señala que los 30 ríos que nacen la Sierra han bajado dramáticamente su caudal. Ríos como el Manzanares, Piedras o Gaira han reducido sus aguas en más del 70%. Situación similar atraviesa el río Gutapurí que de los 11.200 litros por segundo que recorrían su cauce hace dos décadas hoy solo alcanza los 5.000. Panorama que podría agravarse con la puesta en marcha la hidroeléctrica del Rio Don diego que utilizará el 80% de su caudal.

El Consejo también llama la atención sobre el estado de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que también hace parte de la Línea Negra. Allí la situación también en grave: los bosques pasaron de 42 en 2009 a 42 en 2012, los espejos de agua constituidos por lagunas, lagos y ciénagas se redujeron de 3.109 a 739 entre 2002 y 2012. En contraposición las tierras degradadas aumentaron de 67 hectáreas en 2002 a 12.567 en 2012.

A este problema se le suma la quema indiscriminada de bosques (según el informe en 2014 se arrasó ceca de 3.000 hectáreas); la casi desaparición de animales como el jaguar, el paujil pico azul, la danta y algunos tipos de guacamaya; y la pérdida del glacial de la  Sierra que entre 1850 y 2012 retrocedió en un 85% pero que para el 2017 se incrementó al 92%.

LAS CONSULTAS EN ENTREDICHO

Tras un análisis de cinco de las consultas previas más grandes que han tenido los pueblos ancestrales de la Sierra, el Consejo denuncia, por un lado, que las empresas no garantizan el derecho a la consulta, promueven la división entre los pueblos y calumnian a los indígenas de “opositores al desarrollo”. Por otro lado, el Consejo afirma que el gobierno toma partido con las empresas y utiliza la consulta como un mecanismo para legitimar la explotación minera y no como una herramienta para la protección y el amparo de los derechos colectivos indígenas. “No importa que digamos que determinado proyecto nos afecta gravemente, el gobierno decide llevar a cabo el proyecto sin importar las afectaciones”, se lee en las páginas del documento.

Aunque el Consejo asegura que están dispuestos a negociar los proyectos que el gobierno pretenda entregar en la Sierra, continuarán en su posición de no participar en ninguna consulta previa relacionada con proyectos mineros hasta que haya una solución estructural a los problemas que la minería presenta para la Sierra.

EL MENSAJE DEL PRESIDENTE

Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, envió un demoledor mensaje a quienes se han opuesto a la expedición del decreto sobre ampliación de la ´Línea negra´ para las comunidades aborígenes de la Sierra Nevada de Santa Marta y les dijo que ´es más importante su protección que los intereses particulares que enarbola´

 “Hay intereses muy concretos que están en contra de este tipo de decisiones, pero las decisiones hay que tomarlas y la protección del medio ambiente me parece mucho más importante que defender unos derechos  particulares, por eso voy a firmar el decreto de la ‘Línea negra’ el lunes”, dijo Santos.

El mandatario aseguró que el objetivo principal del decreto, no es otro que garantizar el acceso de las comunidades indígenas a los sitios sagrados, para que puedan realizar sus pagamentos y prácticas religiosas,  y agregó que, contrario a lo que algunos dicen este documento genera seguridad jurídica a través de la identificación de los sitios sagrados.

 “Se ha difundido todo tipo de rumores sobre sus implicaciones y por eso quisiera hacer algunas precisiones. No es una imposición de culto o religión, como han venido diciendo, no vulnera ni desconoce, de ninguna forma,  la propiedad privada, tampoco vulnera los derechos adquiridos de terceros y de comunidades étnicas, que pueden estar en conflicto una con otra. Todo lo contrario, lo que hace es garantizar su protección y busca armonizar todo con los derechos de las comunidades indígenas”, señaló el presidente.

Santos aseguró que el decreto crea una instancia de seguimiento y protección al territorio de la Línea negra, conformada por el Gobierno Nacional; los gobernadores del Cesar, Magdalena y La Guajira; las corporaciones autónomas regionales  (CARs); y la Procuraduría como garante.

Según el mandatario, el texto no modifica la consulta previa y los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa, y  Kankuamos, no se convierten en autoridades ambientales, como se ha rumorado, sino que se protegen 350 sitios sagrados pertenecientes a estas comunidades, que sumados no superan el mismo número de hectáreas, teniendo en cuenta que la Sierra Nevada de Santa Marta tiene 1.700.000.

Tampoco reglamenta ni modifica la consulta previa en el territorio y las comunidades indígenas allí no se convierten en autoridades ambientales y no pueden modificar el uso del suelo y el subsuelo. Del millón 700 mil hectáreas de la Sierra, los lugares cobijados por el decreto no suman más de 350 hectáreas.

Por lo tanto el Presidente Juan Manuel Santos reafirmó su decisión que firmará el decreto que delimita la denominada ‘Línea Negra’ en la Sierra Nevada de Santa Marta, en cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional a través del Auto 189 de 2013 y con el propósito de proteger la riqueza ambiental y cultural de un ecosistema altamente vulnerable al cambio climático y a otros factores sociales.

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