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Otra vez están matando periodistas en Colombia
La actividad del periodista en Colombia está otra vez en riesgo. Amenazas, crímenes, intimidaciones es lo que se está volviendo a vivir.
AMI y la FLIP piden al Estado acciones que impidan el intento de limitar el ejercicio de la profesión. Hay total impunidad en las investigaciones.
Un enrarecido panorama está viviendo el periodismo en Colombia. Cuando ya se creía superada esa ola de violencia contra los comunicadores, la misma regresó cobrando la vida de varios de ellos.
Por tal motivo, representantes de varios organismos del Estado esta semana firmaron un documento donde manifestaron todo su rechazo a “todas las formas de violencia contra la prensa, en especial la que se registra en los territorios”, expresaron varios representantes del Estado, incluyendo funcionarios del gobierno saliente, así como del entrante.
En una comunicación conjunta, el fiscal Néstor Humberto Martínez, el procurador Fernando Carrillo y el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, así como por ministros del Interior saliente y entrante, Guillermo Rivera y Nancy Patricia Gutiérrez, y el director de la Unidad de Protección, Diego Mora, ratificaron su “compromiso con una prensa libre que fortalezca la democracia y permita que los ciudadanos reciban informaciones y opiniones de toda índole, ejerzan el escrutinio público y tomen decisiones con plena libertad”.
La declaración se produjo a instancias de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organizaciones que rechazaron la creciente ola de hechos que atentan contra la integridad física y moral de los periodistas y convocaron a las autoridades encargadas de impedir que prospere este intento de limitar el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información en el país.
En el comunicado de las autoridades mencionadas, los firmantes se comprometieron “para efectos de mejorar la respuesta del Estado a los casos de agresiones a los periodistas y medios de comunicación”, a “impartir instrucciones a las delegadas territoriales de los órganos de control y agencias del Estado, esto con el fin de optimizar la ejecución de los mandatos misionales, garantizar el derecho a la vida y la integridad de los periodistas, y velar por las condiciones necesarias para una prensa libre en todo el territorio nacional”.
Finalmente, le hicieron “saber a aquellos que acuden a la violencia contra la prensa que el Estado en su conjunto ha emprendido acciones de investigación eficaz y pronta sanción a los responsables, y está fortaleciendo recursos y mecanismos para inhibir, a través de la no impunidad, cualquier intento de menoscabar los derechos aquí exaltados como pilares de la democracia y de las políticas de Estado”.
VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA
Según un documento de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), “el origen de la violencia contra periodistas en Colombia, que antes podía ubicarse claramente en la acción de los grupos armados ilegales y estructuras del narcotráfico, hoy resulta difuso. En cierta forma se ha transitado entre la mordaza de las armas y la de las decisiones judiciales, las amenazas en redes sociales, el acoso judicial, las campañas de estigmatización y otros métodos, que aunque no siempre están relacionados directamente con la dinámica del conflicto armado, logran restringir el ejercicio periodístico”.
Para Fecolper son cuatro las más graves problemáticas que se han disparado este año.
- Incremento de vulneraciones y afectaciones
Desde 2015, la Fecolper ha documentado el aumento progresivo de las amenazas contra periodistas como principal forma de agresión contra la libertad de prensa en el país. En lo corrido de este año se ha registrado un número alarmante de amenazas desde la red, que no puede ser reducido a la existencia de “reacciones agresivas de inconformes” frente a las temáticas que se informan o investigan, sino que obligan al Estado a revisar con seriedad las motivaciones, medios y responsables detrás de los mensajes amenazantes.
- Protección riesgosa
Fecolper alertó desde 2015 sobre las fallas en el modelo de protección a periodistas en situación de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), referidas al déficit presupuestal de la entidad, limitaciones en la evaluación de los riesgos específicos de la actividad periodística, morosidad en los trámites y la toma de decisiones sobre esquemas de protección, y los retrasos injustificados en la implementación de los mismos.
- Condiciones laborales
“¿De qué manera influyen las condiciones laborales de los periodistas en la calidad e independencia de la información que producen?”, se cuestiona Fecolper en su documento, anotando que “las malas condiciones laborales de los periodistas en Colombia es uno de los factores que afecta la libertad de prensa e incide en la decisión de muchos periodistas de abandonar la profesión o cambiar de oficio”.
- Política pública para la libertad de prensa
Según Fecolper, el gobierno de Juan Manuel Santos cerró su período con promesas incumplidas al gremio periodístico del país: la formulación de la “política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística en Colombia” a cargo del Ministerio del Interior; y el Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.
CIFRAS PREOCUPANTES
En lo corrido de 2018 la FLIP ha registrado un aumento en el número de amenazas contra periodistas con respecto al año anterior.
Mientras que para julio de 2017 la Fundación había documentado 65 casos de amenazas, este año se han reportado 89.
Estas cifras acentúan una tendencia preocupante: en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.
Según la misma FLIP, desde 1938 han sido asesinados 155 periodistas en Colombia por razones de oficio.
Ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó el asesinato del periodista Valentín Rúa, ocurrido el miércoles en Suárez, Cauca, como «retroceso» en la protección del ejercicio periodístico y exigió una investigación «rápida y transparente».
En junio, al condenar a Colombia por el asesinato del periodista Nelson Carvajal, ocurrido en 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que ese crimen “se inscribe dentro de un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de periodistas”.
