Más pasado que futuro

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, negociado entre el Presidente Juan Manuel Santos y miembros de las Farc, generó mucho disentimiento político, social y económico entre partidarios del Presidente y sus adversarios, debido a las implicaciones que ese acuerdo final representa para la vida de la Nación.

El acuerdo se concibió, aparentemente,  bajo un significado lingüístico, pero en el ámbito político social había personas e instituciones promotoras de una negociación política, que flameaban un  concepto social diferente, el cual aún conserva acepciones importantes para discernir sobre el asunto.

Me refiero al concepto “conflicto”, el cual en Colombia tuvo un peso determinante para que algunos expresidentes de la República no aceptaran introducir ese término en nuestra problemática político-social, porque internacionalmente tiene connotaciones importantes, no aplicables a nuestro caso. Además de mucho compromiso político-social y económico de imposible cumplimiento o que antes que sucedan, han de ocurrir otras cosas que no están en lo posible, tal como está ocurriendo actualmente.

En este sentido la opinión pública opta por una actitud más emocional que racional, pues las imágenes cruentas de la guerra, de un lado, y las de líderes políticos firmando acuerdos, del otro, están orientadas  a comprender los sentimientos, no la razón. Esto hizo que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y sus Asesores aceptaran el “conflicto” y dieran origen a las negociaciones con las Farc, dentro de una estrategia de Conflicto Armado.

Otro concepto encriptado en nuestra concepción política-democrática es el Derecho Internacional Humanitario, de indiscutible defensa, a ultranza, por la Organización de las  Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Comité Internacional de la Cruz Roja, auntodeclarados  imparciales, neutrales e independientes, que tienen la misión humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados.

Con estos conceptos, de mampara, se pretende reducir, y hasta eliminar la acción del Estado y de algunos ciudadanos de velar por el orden legal, respeto mutuo y costumbres ancestrales; porque observan que quienes reclaman y exigen la aplicación del DIH no respetan el mismo derecho de quienes no comparten acciones, ni actúan de la misma manera.

Entonces, en consideración de esos conceptos que he mencionado, el acuerdo final, en comento, está lleno de reclamos al Gobierno para que éste le otorgue a las Farc derechos, garantías y otras cosas más. Adicionalmente argumenta, astutamente, evidencias de hechos concretos, inocultables; tal como las necesidades básicas insatisfechas de mucha gente pobre, hacia quien irían dirigidos los aparentes logros del acuerdo.

El gobierno de JMS se comió el cuento de que, en virtud de esa negociación, Colombia lograría un cese del fuego enemigo definitivo y permanente, sin sospechar que los representantes de las Farc perseguían, con los argumentos del DIH y la perorata de sus asesores extranjeros, un apaciguamiento de las acciones legítimas del Estado para garantizar los derechos de la mayoría de colombianos, quienes rechazaron el acuerdo final, consignado en un documento de 310 páginas, durante el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y luego ratificaron su decisión al elegir a Iván Duque como Presidente.

El gobierno fue muy obstinado en imponer al pueblo lo acordado; pues, utilizó toda clase de artilugios para ello. Por ejemplo, aprovechó un Congreso muy desprestigiado para modificar la Constitución Política. Lo más controvertido fue la creación, mediante el Acto Legislativo número 1 de 2016, de la figura del “fast track” que reduce el número de debates en el Congreso, que se requieren para la aprobación de leyes y reformas constitucionales.

*Economista