Diez congresista empiezan a ‘desfilar’ en la Procuraduría

La indagación corresponde a las irregularidades detectadas en el Sena.

Comenzaron a rendir sus descargos ante la Procuraduría General de la Nación los congresistas a los que se les abrió indagación preliminar al encontrar serías irregularidades en las que habrían participado los parlamentarios al interior del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Los funcionarios que hoy se encuentran en la mira del Ministerio Público son:

1. Manuel Guillermo Mora Jaramillo, exsenador del Partido de la U.
2. Julián Bedoya Pulgarín, senador del Partido Liberal.
3. Maritza Martínez Aristizábal, senadora del Partido de la U.
4. Elda Lucy Contento Sanz, exrepresentante a la Cámara por el Partido de la U.
5. Alfredo Ape Cuello, representante a la Cámara del Partido de la U.
6. Eloy Quintero Romero, representante a la Cámara de Cambio Radical.
7. Sara Elena Piedrahita Lyons, representante a la Cámara del Partido de al U.
8. Miguel Amín Escaf, senador del Partido de la U.
9. Argenis Velásquez, exrepresentante a la Cámara del Partido Liberal.
10. Hernán Penagos Giraldo, exrepresentante a la Cámara del Partido de la U.

Desde noviembre del año pasado, la Procuraduría viene adelantando controles al interior de la entidad que han permitido la recolección de información sobre hechos ocurridos durante la administración 2014 -2017. Según el Ministerio Público, las pesquisas están enfocadas en determinar si los congresistas involucrados tuvieron alguna incidencia en la contratación en el Sena de amigos o conocidos.

Dentro de la información en poder del Ministerio Público, existe una auditoría de la Contraloría General que estableció 161 hallazgos administrativos, de los cuales cinco tienen alcance fiscal por $804.997 millones, uno con solicitud de indagación preliminar, 75 hallazgos con posibles alcances disciplinarios, tres con presunto alcance penal, y nueve con otra incidencia.

La génesis de este asunto está en las denuncias que hizo el año pasado la entonces directora del SENA, María Andrea Nieto, antes de su salida de la institución. En ese momento, la exfuncionaria dijo en reiteradas ocasiones que estaba cansada del “matoneo permanente” por parte de funcionarios y exfuncionarios cercanos al exdirector de la entidad, Alfonso Prada, hoy secretario general de la Presidencia de Juan Manuel Santos.

Entre los temas que denunció Nieto, está un supuesto carrusel de contrataciones de personas que tienen algún grado de familiaridad con funcionarios cercanos a Prada. Entre ellos, la exfuncionaria mencionó a Zulma Beatriz Carrillo, María Francisca Maya, Tiago Grijo, Martha Isabel Conrado, Cesar Augusto López, Rocío Del Pilar Rivera, William Felipe Amarillo (hermano de Sandra Amarillo, secretaria privada de Prada), Rosana Vergara Díaz (esposa de Juan Pablo Castro, secretario del Gabinete y de la junta de Fonade), Sonia Alejandra Salgado y Néstor Orduz.

Al destituir al señor Juan Pablo Arenas, director jurídico de la entidad y cercano a Alfonso Prada, la funcionaria comenzó a recibir denuncias de acoso laboral, mensajes intentando desprestigiarla en la comunidad de funcionarios e incluso derechos de petición sospechosos que exigían más de 1.500 folios para poder ser respondidos. Otra de las denuncias que hizo Nieto el año pasado tiene que ver con temas de contratación dentro de la entidad.

Al revisar los proyectos de inversión firmados en los últimos años y bajo la administración de Prada, la exfuncionaria encontró que existían 26 obras en marcha, por un total de $280.000 millones, de las cuales 13 estaban en estado crítico. Según la versión de Nieto, el exdirector jurídico Juan Pablo Arenas se encargó durante meses de ocultar información y entorpecer la toma de decisiones dentro de la institución. Las denuncias ya están en manos de las autoridades y hoy se conoce la primera decisión al respecto con la apertura de indagación a 10 congresistas.

Nieto, finalmente, salió del SENA. El Ministerio del Trabajo la declaró insubsistente el 2 de noviembre de 2017, justamente una semana después de que la exfunciaria denunciar las irregularidades dentro de la entidad. La Presidencia, en su defensa, explicó que la decisión de sacarla de la dirección estaba en la mesa mucho antes de que estallara el escándalo por supuestas cuotas políticas dentro del SENA.