SIC detectó otro ‘cartel empresarial’

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El superintendente Pablo Felipe Robledo sostuvo que durante la investigación se encontró que la firma al parecer hizo acuerdos con otras empresas que se presentaron al proceso para adjudicarse con la obra.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra ocho empresas y ocho particulares pertenecientes a la constructora Conconcreto por “colusión o cartelización y otras prácticas anticompetitivas” que habrían ocurrido en el proceso de selección adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la construcción del tercer carril Bogotá-Girardot por un presupuesto de 2.9 billones de pesos.

 

El superintendente Pablo Felipe Robledo sostuvo que durante la investigación se encontró que la firma al parecer hizo acuerdos con otras empresas que se presentaron al proceso para adjudicarse con la obra.

“Encontramos una serie de situaciones que demostrarían cómo la empresa adelantó varias actuaciones para minimizar la incertidumbre frente a la adjudicación del contrato. La más diciente fue cuando el consorcio Cass Constructores y Solarte, que era uno de sus fuertes competidores, se presentó a la oferta de forma incompleta para quedar descalificado”, detalló Robledo.

La medida cobija a la Constructora Conconcreto S.A., Industrial Conconcreto S.A., Benton S.A.S., China Gezhouba Group, Carlos Alberto Solarte Solarte, Cass Constructores, Vinci Concessions y Vía 40 Express.

En el caso de Vinci Concessions, la SIC detalló “que si bien no participó formalmente como oferente dentro del proceso, habría tenido una participación en la configuración de la oferta colusoria presentadas por Conconcreto”.

La medida también aplica contra Juan Luis Ariztizábal, Juan Guillermo Saldarriaga, Andrés David Leguizamón González, Felipe Rocha Silva, Bernardo Saraiva De Nogueira Serafim, Ómar Augusto Ferreira Rey, Mónica Viviana Cristancho González y Claudia Bibiana Solarte Enríquez.

Así mismo, Robledo resaltó que hay “mucho material probatorio que demuestra que en las instalaciones de Conconcreto se habría dado la orden por parte de su presidente de destruir toda la información que existiera sobre la construcción del tercer carril”.

Igualmente, el funcionario aclaró que esta investigación no involucra el comportamiento de ningún funcionario público ni de la ANI, ya que por medio de estas prácticas anticompetitivas el Estado se constituye con víctima.

Entre tanto, la SIC señaló que esta situación la había advertido en febrero del año pasado el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien dijo en su momento que existían “enormes dudas alrededor de todas las firmas que participaron en esta licitación, ya que existían sospechas de que habrían incurrido en prácticas colusorias agrupadas en dos bandos”.

Finalmente, la Superindustria manifestó que de encontrarse culpables, las personas naturales podrían enfrentarse a una multa superior a los 500 millones de pesos y las empresas a los 78 mil millones de pesos. Así mismo, se espera que en los próximos días se convoque al Consejo Nacional de Competencia para evaluar las medidas cautelares que podrían ir desde la suspensión del contrato hasta su finalización.

BOGOTÁ COLPRENSA

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