Derechos y garantías sin deberes

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Muchos son los derechos y garantías que consagra nuestra norma máxima, lo que no está mal, pero sí las trabas muchas en que se convierten cuando del ejercicio legítimo de la fuerza coercitiva y autoridad del Estado se trata, lo que es a todas luces injustificable por decir lo menos. Aquí se asesina, chantajea, rapta, viola, secuestra, extorsiona, hurta, constriñe. Se delinque en trata de personas, terrorismo, narcotráfico, lo mismo que se incurre en mil y más acciones aberrantes por parte de la delincuencia común y organizada de distinto origen, propósito y naturaleza. Pero cuando las autoridades intervienen, aparecen cuestionamientos, justificaciones, tecnicismos y demás vanos alegatos dizque para hacer cumplir tales garantías, mismas que mucho daño hacen al sistema judicial, que dicho sea de paso no es que funcione bien entre nosotros. Lo uno y otro, en perversa e injustificable combinación constituyen una potente bomba de tiempo que continuamente vemos como nos estalla en la cara y frente a todos.

Para los garantistas, su sentido de justicia es bien particular, y se dan a la tarea “inteligente”, “pensante”, “altruista”, “desprendida”, que soportan en una ética extraña, que fundamentan en el decir que la pobre gente que recurre a tales prácticas delictiva lo hace obligada por la necesidad, agotada por la situación que padecen, pero nunca aceptan ni se detienen a pensar que hay personas que la única manera que puedan vivir entre nosotros en estado de confinamiento.

Predican en camino de justificación, la indulgencia sistemática con el victimario y el abandono de la víctima. Y en cambio de pedir que se vele por los intereses generales de la sociedad, defienden sistemáticamente al delincuente y velan sí por la rabiosa observancia de los derechos que los asisten, sin cuestionar nunca en los que deberían haber protegido a las inermes víctimas, a quienes no le respetaron sus derechos constitucionales, los cuales dejan absurdamente se ser, en ámbitos de garantías para los delincuentes, como bien sostiene Germán Moldes, Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal,  “… resguardos protectores de derechos y libertades y se convierten en trabas insuperables para el ejercicio de la legítima fuerza coercitiva y la autoridad del Estado. Así lo único que se consigue es facilitar la violencia, la criminalidad, la impunidad y el caos.”

Señalan y argumentan con vehemencia inusitada  los defensores a ultranza de las garantías, que quienes solicitan penas superiores y más rígidas que las  existentes para los transgresores de la ley, que el pobre delincuente no lo es por que quiera serlo, sino porque es una víctima desde su nacimiento debido a las muy duras cargas que le ha impuesto la sociedad en que vive, sociedad a su juicio siempre egoísta e insensible por demás, viéndose ellos obligados en consecuencia a delinquir para poder vivir. Hecho este que en muchos casos se vuelve hereditario, toda vez que esos “saberes” se van trasmitiendo de padres a hijos y así sucesivamente. Sin duda esa defensa irracional de garantías pone en peligro la legitimidad del poder del Estado.

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