Regiones tienen en caja y sin gastar $ 20 billones

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Carlos Hernán Rodríguez Becerra, auditor general de la Nación.

 

Más de $20 billones de entidades territoriales reposan en bancos, especialmente en cuentas de ahorro y corriente, porque las administraciones departamentales y municipales no emprendieron obras que requería la comunidad.

 

Así lo denunció el auditor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien hizo un fuerte llamado a las contralorías territoriales y general de la República, para que avancen en las investigaciones que permitan determinar las razones por las cuales las entidades departamentales y municipales dejaron de ejecutar de un lado cerca de $13 billones del presupuesto de inversión del 2017, recursos que se sumaron a $7 billones que tampoco se utilizaron en vigencias anteriores.

“De la evaluación efectuada por la Auditoría General al manejo de los recursos financieros de inversión asignados a las entidades territoriales, se encontró que, a 31 de diciembre de 2017, estas dejaron de ejecutar recursos del presupuesto en los distintos sectores en que se dividen los gastos de inversión, en la importante suma de $12.862.131,70 millones, es decir, el 13,81% de los $93.135.733,44 asignados a la vigencia 2017”, destacó Rodríguez Becerra.

DEFICIENCIAS

Igualmente, con base en las cifras reportadas por las entidades territoriales a la Contaduría General a través del sistema CHIP que maneja esa entidad y del análisis de la información realizada por la Auditoría General de la República (AGR) se puede concluir que “en la vigencia fiscal 2017, las administraciones territoriales del país, es decir municipios y departamentos, presentaron bajos niveles de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos presupuestales asignados, lo que influye directamente en el cumplimiento de los programas y proyectos contenidos en los planes de desarrollo correspondientes y, consecuentemente, en las políticas públicas de redistribución de ingreso y de lucha contra la pobreza y la exclusión, entre otras, en las cuales el presupuesto público territorial juega un papel fundamental en la atención de las necesidades básicas insatisfechas de la población, así como en el desarrollo territorial y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”.

Indica la AGR que “para la vigencia 2017, en los principales sectores de inversión social se dejaron de comprometer y, por ende, de invertir –como se anotó anteriormente–, recursos públicos asignados en el presupuesto por valor de $12.862.131,70 millones. Los sectores más afectados con la baja ejecución de los recursos, son: transporte, que dejó sin comprometer $2 billones; salud, con recursos sin ejecutar por $1,9 billones; educación, con $1,77 billones, y agua potable y saneamiento básico con $1,16 billones”.

EXCEDENTES

Como consecuencia, enfatizó Rodríguez Becerra, “se presenta un significativo saldo en los excedentes de liquidez, el cual, por lo general, se mantiene en depósitos en cuentas corriente o de ahorro del sistema financiero, sin generar mayores beneficios para las entidades depositarias”.

Si bien esta clase de depósitos no están proscritos por la legislación colombiana, mantener montos significativos de excedentes de liquidez que corresponden a recursos de inversión, en este tipo de cuentas bancarias, ocasiona deficiencias en la gestión administrativa pública.

Para la vigencia analizada, el 95,44% de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales, se encontraban depositados en cuentas corriente y de ahorro del sistema bancario (30,28 y 65,16 respectivamente), mientras que una mínima parte de los recursos de tesorería disponibles, corresponden a depósitos que podrían generar mayor rentabilidad.

Sostiene la Auditoría que “es lamentable señalar que con los recursos presupuestales no ejecutados en el rubro de inversión, se pudieron haber beneficiado desde el punto de vista de educación alrededor de 144.000 niños y jóvenes, haber construido unos diez nuevos hospitales en el sector salud, como el que requiere San Andrés y Providencia, más de 1.500 kilómetros de carril de nuevas carreteras en el sector de infraestructura y alrededor de 77 nuevos acueductos, del orden de $15.000 millones cada uno, en el sector de agua potable y saneamiento básico”.

“Lo triste de esta situación es que los recursos se dejan de ejecutar en los departamentos y municipios donde más lo requiere la población vulnerable, y ahí sí, como el dicho, ‘plata hay lo que falta es comprometerla y hacer las obras bien’”,  concluyó el auditor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

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