La Corte escuchó los argumentos sobre uso de suelo y prostitución

La Corte Constitucional desarrolló este jueves una audiencia pública para escuchar argumentos ciudadanos e institucionales, para determinar si los alcaldes municipales pueden tener la facultad de restringir la prostitución mediante el uso del suelo estipulado en el POT.

La polémica surgió por la tutela que presentó Nelcy Delgado, administradora de un centro de prostitución ubicado en el municipio de Chinácota (Norte de Santander), a quien la Alcaldía le ordenó la suspensión temporal de su funcionamiento por estar operando en una zona residencial, en donde además hay, a pocos metros, un colegio.

 

La mujer tuteló su derecho al trabajo y mínimo vital, pues se le afectó su entrada de ingresos tanto a ella como a las jóvenes empleadas en dicho establecimiento, mientras que la alcaldía insiste en que debe privilegiar el derecho de los niños a crecer en un ambiente sano.

El cierre temporal se dio, entre otras cosas, después de que la inspección de Policía, liderada por Carlos Alberto Toro, realizara una revisión de las condiciones del inmueble, en donde se encontró condiciones deficientes de salubridad, e inclusive un menor de edad. Sin embargo, en una posterior visita de los funcionarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), no se encontró evidencia sobre la presencia de menores de 18 años. 

La administración municipal luego le retiró la licencia de funcionamiento al establecimiento, argumentando que el POT de la zona no establecía permitir la instalación de centros de prostitución.

La dueña del establecimiento alegó que el negocio venía funcionando en la zona desde hace 80 años, y que ella lo empezó a manejas desde cuando se lo cedieron sus padres, sin embargo, desde la alcaldía señalaron que el negocio que ella maneja tuvo cambio de ubicación en varias oportunidades, una de ellas en las afueras del pueblo, y luego decidieron volver al centro del casco urbano.

Sobre la parte final de la audiencia, las intervenciones se centraron en los pros y contras del trabajo sexual, de las cuales tomaron nota los magistrados que lideraron la discusión.

Ahora, los integrantes de la Sala Plena analizarán cada uno de los argumentos y quedan a la espera de la ponencia del magistrado José Fernando Reyes, para determinar si fallan a favor de la dueña del establecimiento o de la alcaldía local, decisión que podría sentar jurisprudencia sobre la facultad que tendrían los alcaldes para limitar el funcionamiento de centros de lenocinio.

BOGOTÁ COLPRENSA