Deuda por atención a venezolanos en Santander asciende a $6 mil millones

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Con las cifras compiladas hasta junio de este año, que fueron reportadas al Ministerio de Salud, los hospitales y centros de salud de la Red Pública Hospitalaria de Santander, se han cargado a la Secretaría de Salud de Santander la suma de $6 mil millones de pesos por prestación de servicios a venezolanos de 2017 hasta la fecha.

Así lo dio a conocer el jefe de este despacho, Alejandro Rivero, quien precisó que, “cerca del 70% de la deuda corresponde a servicios prestados en el Hospital Universitario, el resto corresponde a otros municipios”.

 

A la fecha, según Rivero, el HUS lleva unos $3.500 millones destinados a esta prestación de servicios, y le sigue el municipio de Floridablanca con una deuda de $1.200 millones aproximadamente. Entre los municipios con mayor deuda también figura Barrancabermeja.

“Este año duplicamos en un semestre la deuda en la Red Pública Hospitalaria de Santander. El año anterior la red facturó un monto de $2 mil millones, y este año ya llevamos $4 mil en el primer semestre”, señaló Alejandro Rivero.

DEUDA AL ISABU

Según los reportes entregados por el ESE Isabu, que comprende la deuda de los 23 centros de salud de Bucaramanga y el Hospital Local del Norte, a corte de ayer, en total hay una deuda de $544.282.074.

Al igual que con el panorama regional, entre 2017 y lo que va de este año se duplicó el costo. En los doce meses del año anterior se facturaron $126 millones por esta cartera y en ocho meses de este año van $417 millones.

El reporte precisa que este año los picos de atención se han registrado en mayo y junio, meses en los que se realizaron 4.525 atenciones.

Mientras que en enero del año anterior solo se atendieron 5 venezolanos, este año en el mismo mes, recibieron servicios de salud 203. Y así, fue incrementando la cifra, con el paso de 2017. En los últimos meses fueron atendidos hasta 200.

En total, el ESE Isabu reporta que están pendientes para pago 16.717 servicios prestados a ‘población pobre no afiliada’, que es como se denomina el convenio por el que se les atiende. Estos son de 3.560 usuarios venezolanos que acudieron a los centros de salud o al Hospital del Norte.

Es decir, casi un 25% del total de la población venezolana que viven en la ciudad, teniendo en cuenta, que aunque censados aparecen más de 8 mil, se estima que hoy residen en Bucaramanga unos 14 mil ciudadanos del vecino país.

¿QUIÉN PAGA?

De acuerdo con Juan Durán, se tiene definido un contrato suscrito con la Secretaría de Salud Departamental, por concepto de atención a población pobre no afiliada y se debe hacer el cruce con dichos recursos.

“En este momento nosotros estamos facturando tanto al Municipio como a la Gobernación en lo que la circular del Ministerio ha dicho que es urgencias en general, atención del parto y en menores de cinco años”, dijo Durán.

Aunque no se ha pagado un peso por estos servicios, Alejandro Rivero advirtió que la próxima semana habrá una reunión con el Ministerio de Salud.

“Esperaríamos tener buenas noticias la próxima semana, ya que en la reunión con esta cartera uno de los temas a tratar para Santander, es el giro de estos recursos, que ya se habían anunciado hace más de un mes”, informó Rivero.

SE AGRAVA LA CRISIS

De acuerdo con las autoridades en salud, los servicios adicionales a urgencias, así como el éxodo de venezolanos que se ha incrementado entre 2017 y este año, ha inflado los costos en atención en salud. “En 2015 y 2016 no fue tan alta la deuda, porque no había el problema migratorio, no había reventado tanto la crisis en el departamento”, señaló Rivero.

Cabe recordar que el Registro de Migrantes realizado meses atrás, reveló que hoy en el departamento habitan cerca de 30 mil venezolanos.

De acuerdo con el Isabu, hasta agosto se han registrado 12.407 atenciones en salud a dicha población, cifra que triplica las atenciones de todo 2017, cuando hubo 4.310. Estas, solo corresponden a los centros de salud de Bucaramanga y Hospital del Norte.

Además, las asistencias no solo corresponden a urgencias. “Nosotros no nos podemos limitar a urgencias, porque si la urgencia deriva en un procedimiento, pues tenemos que hacerlo, no hemos desestimado recursos para atender a la población”, expresó Rivero.

El jefe del despacho sostuvo que se han tenido inconvenientes por ejemplo con las maternas. “Que no asistan a controles prenatales o que no se conozcan detalles sobre el estado gestacional provocan partos de alto riesgo que implican más costo para el sistema”, indicó. A estos se suman casos de enfermedades catastróficas como VIH.

Juan Durán también manifestó que la situación se sigue agravando. “Estamos llegando a escenarios más complejos, donde no solo estamos prestando la atención como está en la circular del Ministerio, y eso nos puede estar incrementando los costos”, dijo.

BUCARAMANGA (Vanguardia Liberal).

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