OTRA FUENTE DE CORRUPCIÓN
El desangre de las finanzas del Estado a través de demandas

El contralor Edgardo Maya Villazón dijo que en los últimos quince años, el Presupuesto General de la Nación ha ejecutado $12.5 billones por concepto de sentencias y conciliaciones, de los cuales $9.4 billones (75%) corresponden a entidades del Sector Defensa, Justicia y Seguridad.

 El Estado colombiano está sitiado por donde se le mire. Cuando no son los servidores públicos robándose la plata, entonces son los congresistas. A falta de esos, aparecen los contratistas. Pero hay una fuente de corrupción mas mortal que todas las anteriores: los fallos judiciales contra la Nación.

 

La problemática de las demandas contra el Estado, en el Sector Defensa, Justicia y Seguridad se sigue agravando, en razón a los millonarios intereses moratorios que se deben reconocer al momento de las condenas, que en la vigencia 2017 ascendieron a $191.887 millones, correspondiente al 44% del total pagado ($624.304 millones).

Así lo revela un estudio sobre el tema que realizó la Contraloría General de la República y se dio a conocer en un Conversatorio convocado por la Contraloría Delegada para este Sector.

Al revisar por entidades, el Ministerio de Defensa realizó pagos por $230.776 millones (37% del sector); en segundo lugar, se encuentra la Policía Nacional con $118.557 millones (19%), en el tercero la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL con $68.034 millones (11%) y en cuarto lugar el Consejo Superior de la Judicatura con $61.223 millones (10%).

Y evaluando en detalle la desagregación de los intereses moratorios pagados, se estableció que el Ministerio de Defensa pagó $97.732 millones (73% del capital), la Policía Nacional $40.986 millones (52% del capital) y el Consejo Superior de la Judicatura $17.450 millones (42% del capital).

En el caso del Ministerio de Defensa, por cada $100 millones pagados por condenas, pagó $73 millones adicionales por concepto de intereses moratorios.

Mientras tanto, en la Policía Nacional este pago adicional fue de $52 millones por cada $100 millones de condena, revela un estudio publicado en el más reciente Boletín Macro Sectorial de la Contraloría General de la República .

EL PANORAMA PARA 2018

A diciembre 31 de 2017, las entidades del Sector Defensa, Justicia y Seguridad dejaron sentencias y conciliaciones pendientes de pago por $5,4 billones, mientras que los recursos apropiados para todas las entidades del Presupuesto General de la Nación fueron de $919.273 millones, equivalente al 17% de lo adeudado sólo por las entidades del sector, lo que lleva a que cada día se incrementen los intereses de mora.

Prueba del grave problema que implica las apropiaciones presupuestales por debajo del monto de las sentencias y conciliaciones ejecutoriadas, se evidencia con la desagregación del déficit acumulado, donde de los $5,4 billones pendientes de pago en el Sector, $1,8 billones corresponden a intereses moratorios.

Esto equivale a que por cada $100 millones que deben cancelarse por concepto del fallos o acuerdos conciliatorios, se deben pagar $50 millones adicionales por concepto de intereses moratorios, proporción que se irá incrementando en la medida que aumenten los montos pendientes de pago.

DEMANDAS POR $4.690 BILLONES

De acuerdo con el análisis realizado sobre demandas contra el Estado que realizó la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, en la vigencia 2017, el valor total de las pretensiones económicas registradas contablemente por las entidades públicas de los órdenes nacional y territorial ascendió a $4.690 billones, que se distribuyeron en 99% ($4.642,3 billones) para el orden nacional y 1% ($47,9 billones) para el orden territorial.

En el orden nacional, de acuerdo con la sectorización establecida por la CGR, se observa que el sector que tiene mayores pretensiones en contra es Social con $3.041 billones, seguido por Defensa, Justicia y Seguridad con $1.220 billones, Gestión Pública con $174,8 billones y Minas con $80,8 billones.

En cuanto a las entidades más demandadas, el primer lugar lo ocupa el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) con $3.019,1 billones seguido por el Ministerio de Ministerio de Defensa con $626,1 billones y la Policía Nacional con $525,6 billones.

RECURSOS INSUFICIENTES PARA CUBRIR CONDENAS

La Contraloría General de la República también evidenció que el presupuesto ejecutado en 2017 por las entidades del orden nacional, por concepto de sentencias ejecutoriadas y conciliaciones, fue de $851.250 millones, una cifra menor a la ejecutada en 2016 ($1,4 billones). Y para 2018 la apropiación fue de $919.273 millones.

Lo anterior como consecuencia de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público destinó menores recursos, los cuales resultaron insuficientes para cubrir estas obligaciones, llevando a que se incrementen los montos por concepto de intereses moratorios.

Dentro de las diez entidades que tuvieron mayor ejecución de recursos en 2017, siete pertenecen al sector Defensa, Justicia y Seguridad; con ejecución de $584.606 millones (69% del total).

Así mismo, se observó que en el periodo 2003-2017 las entidades del Presupuesto General de la Nación ejecutaron un total de $12,5 billones por concepto de sentencias y conciliaciones[11], de los cuales el sector Defensa, Justicia y Seguridad, fue el de mayor ejecución con 75% ($9,4 billones), seguido por el sector de Infraestructura con 10% ($1,3 billones).

Para el mismo periodo, dentro de las diez entidades con más recursos ejecutados en el periodo 2003-2017 por el mismo concepto, siete corresponden al sector Defensa, Justicia y Seguridad, donde se destacan el Ministerio de Defensa con $3,9 billones (31%) y la Policía Nacional con $2 billones (16%).